Pedro Castillo lanzó la segunda reforma agraria para Perú

El Gobierno de Perú presentó el domingo un audaz plan de industrialización a favor de los campesinos que integra una “segunda reforma agraria” para impulsar el desarrollo del sector. El presidente Pedro Castillo aclaró que la medida no incluye la expropiación de terrenos y resaltó que su objetivo es lograr la “inclusión social” de más de dos millones de pequeños productores.

“La industrialización del agro y el cooperativismo son los pilares centrales de esta segunda reforma agraria”, explicó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita. Castillo destacó en paralelo que “eso significa acercarnos más con vías de acceso hacia las chacras, a través de los Gobiernos regionales”.

Una vez conseguidas las vías de acceso bajo asesoramiento técnico y con el respaldo de los Gobiernos regionales, se podrá dotar de tecnología a las cooperativas agrarias locales. 

La llamada segunda reforma agraria fue una promesa electoral de Castillo, quien remarcó que es “totalmente falso que se entienda que esto es quitarle el terreno” a algunos ciudadanos.

“Hay que sacarnos eso de la cabeza; ni siquiera se ha pensado. No se va hacer. Sería absurdo que un Gobierno lo haga; está descartado”, insistió. 

Según el último Censo Nacional Agropecuario, realizado el 2012, la Agricultura Familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias y provee más del 70% de los alimentos que consumen los casi 33 millones de peruanos actualmente.

La primera reforma agraria y la segunda

Explicó que con la segunda reforma agraria se impulsarán las cuestiones pendientes de la primera reforma agraria, que entregó a los agricultores tierras para producir.

La primera reforma agraria fue puesta en marcha por la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que sí expropió tierras durante un período político marcado también por nacionalizaciones de sectores estratégicos para el desarrollo del país, como la banca, la industria pesquera y los recursos minerales.

En junio de 1969, Velasco Alvarado dispuso medidas que significaron la adjudicación de cerca de 11 millones de hectáreas a cooperativas y comunidades campesinas, terrenos hasta entonces en manos de hacendados y latifundistas.