Pedido de ayuda por un fotógrafo argentino internado y detenido en Bolivia

Organizaciones de derechos humanos y sindicales solicitaron una reunión con el nuevo canciller Felipe Solá, para pedirle que garantice “el derecho a la vida y la salud” del fotógrafo argentino Facundo Molares, detenido en Bolivia acusado por el gobierno de la autoproclamada Jeanine Añez como integrante de una asociación delictiva y de instigar delitos. El reportero gráfico cubría las manifestaciones violentas que se desataron tras los resultados electorales -y que terminaron con la renuncia forzada de Evo Morales- para la revista Centenario.

El pedido fue enviado a la cartera de Exteriores con copia al director general de Asuntos Consulares, Luis María Sobrón. Tiene la firma de los abogados Martín Alderete y Sergio Smietniansky, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP); el titular de ATE Capital, Daniel Catalano; Diego Morales, del CELS; y la representación de la misma ATE de la Cancillería.

El texto expresa la “preocupación por la situación del ciudadano argentino Facundo Molares”, ahora detenido en el penal de Chonchocoro, de la ciudad de El Alto –cercana a La Paz-, porque está “padeciendo situaciones incompatibles con las garantías del derecho a la vida y las debidas garantías judiciales”, previstas en los artículos 4 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Qué pasó con el fotógrafo

Molares fue internado en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra el 12 de noviembre, en estado de coma farmacológico, entubado, con asistencia respiratoria, traumatismo de cráneo y un cuadro de insuficiencia renal grave.

Aún internado el gobierno boliviano de facto lo acusó de delitos graves, sin exhibir pruebas, y hasta dejó trascender que había sido formado por las FARC colombianas, cuando, en verdad, Molares –de 44 años y nacido en la localidad bonaerense de San Miguel- estaba en la zona como reportero de la revista digital Centenario.

El 2 de diciembre fue llevado a un centro penitenciario y después al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que no tiene las condiciones mínimas adecuadas para su atención de salud y en el que, por las temperaturas extremas que se dan ahí, ponen en riesgo su vida.

Además de entregar en la Cancillería documentación sobre la situación del fotógrafo, los organismos de DDHH y sindicales pidieron un encuentro “urgente” con Solá para pedirle que “garantice en forma efectiva el derecho a la vida y a la salud” de Molares, y se asegure “la debida asistencia jurídica y el respeto a las garantías judiciales mínimas establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica”.

Como los organismos pretenden tomar contacto personal con el reportero y las autoridades judiciales, requieren además “las gestiones necesarias y las medidas de resguardo” de RREE.

Catalano y Smietniansky integraron, entre otros, la delegación de argentinos que fue a Bolivia hace 20 días para recopilar denuncias de violaciones a los DDHH y abusos de parte de las fuerzas de seguridad, tras el golpe de Estado que terminó con Evo Morales fuera el Palacio Quemado y Jeanine Áñez autoproclamada presidenta.