Paraguay: la CIDH admitió una demanda presentada por Lugo por el golpe institucional en su contra

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda presentada por el expresidente Fernando Lugo contra el Estado paraguayo por el golpe institucional en su contra perpetrado en 2012, en medio de la crisis abierta por un operativo de desalojo de un campo que terminó en masacre.

Aunque la decisión de la CIDH es apenas un primer paso que abre los plazos para las presentaciones de argumentos de parte de Lugo –ahora senador por el Frente Guasú- y el Estado paraguayo, constituye de por sí un hecho inédito sobre los llamados “golpes blandos”.

La admisión de la demanda fue confirmada por el abogado de Lugo, Emilio Camacho, quien explicó los alcances de la acción interpuesta que recién ahora es admitida a trámite.

Camacho reseñó que la acción se sustenta en la “indefensión” de Lugo durante su juicio político, ocasión en que -según argumenta- se produjo la “violación de derechos fundamentales y del pacto de San José de Costa Rica”.

El letrado afirmó que la aceptación de la CIDH –dispuesta el 10 de este mes, pero conocida recién hoy-, en un escrito de 9 páginas, implica que el organismo “consideró que hay verosimilitud, razonabilidad y credibilidad” en la solicitud.

Juicio político exprés y destitución

Una semana después de la llamada masacre de Curuguaty -que terminó con 11 campesinos y seis policías muertos-, colorados y liberales se unieron a otros bloques menores para impulsar el juicio político a Lugo, el primer mandatario no colorado desde la vuelta de la democracia, y en apenas 48 horas se votó la salida del cargo del presidente, reemplazado luego por su vice, el liberal Federico Franco.

Los sectores que auspiciaron el juicio político se ampararon en el cumplimiento formal del artículo 225 de la Constitución del Paraguay y, del otro lado, se denunciaron serias violaciones al debido proceso, falta de pruebas reales, presentación de acusaciones falsas y una velocidad inédita para un proceso de estas características.

La defensa, por ejemplo, tuvo dos horas para la presentación de su descargo en el Senado.

El 22 de junio, en 7 horas, el Senado escuchó a las partes, relevó pruebas, dictó sentencia y tomó juramento al sucesor de Lugo.

Con la declaración de admisible de la petición también se da trámite al proceso y ya se comunicó a Cancillería, según Camacho. “Ahora hay un plazo de seis meses improrrogables para que las partes arrimen nuevos argumentos o no”, sostuvo.

Como en todos los casos que la CIDH admite una denuncia, existe la chance de que Lugo y el Estado paraguayo lleguen a un acuerdo, pero si esa posibilidad no prospera y se llega a una condena, el caso podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Entre los argumentos tenidos en cuenta por la CIDH para admitir la acción figuran el hecho de que el Congreso solo dio 16 horas a la defensa del expresidente y que el libelo acusatorio tenía apenas dos hojas.

Lugo había sido elegido presidente en 2008, en una alianza que integró también el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que después se dividió en respaldo al proceso. El triunfo del exobispo cortó décadas de hegemonía del Partido Colorado.

Al año siguiente, los colorados volvieron al poder con la victoria del empresario Horacio Cartes, que había sido uno de los más fervientes defensores del juicio express a Lugo.

«Lo de la CIDH es para nosotros un acto enorme de justicia ante la arbitrariedad cometida en el desarrollo del juicio político», remarcó Camacho.

La destitución de Lugo dio paso a que Paraguay fuera suspendido del Mercosur, el bloque que comparte con Argentina, Brasil y Uruguay, al que únicamente pudo regresar tras las elecciones que ganó Cartes.