Ordenan al gobierno colombiano que proteja a los desmovilizados de las FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de evaluar los crímenes del conflicto armado en Colombia, ordenó al gobierno de Iván Duque que garantice la “seguridad y vida” de los exguerrilleros que rinden cuentas ante los tribunales. Desde la firma de la paz en 2016 fueron asesinados 222 exmiembros de las FARC.

En un comunicado, la JEP anunció que dictó “medidas cautelares colectivas” a favor de los excombatientes en medio de una ola de ataques en su contra. “Pese a las labores realizadas por diversas autoridades públicas, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales”, justificó el organismo creado a partir de los acuerdos que terminaron con un conflicto armado de casi seis décadas.

Se le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; al consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y a la Unidad Nacional de Protección “llevar a cabo ciertas acciones encaminadas a garantizar la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil”.

Más de 200 exguerrilleros asesinados

La JEP dio cuenta de más de 200 exguerrilleros asesinados desde su desarme, en consonancia con lo también denunciado por Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de lo pactado en La Habana. Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido de izquierda que surgió de los compromisos de paz, ya van 222 exmiembros de la insurgencia muertos en esta espiral de violencia.

El organismo surgido de los acuerdos de paz dijo que “evaluó en dos audiencias la grave condición de seguridad” que rodea a la exguerrilla y aludió al reciente caso de 93 de sus integrantes que fueron forzados a dejar el área donde desarrollaban su proceso de reincorporación social y económica. 

La FARC denunció que se trató de un “desplazamiento forzado” por los crímenes y amenazas contra sus excombatientes. En opinión de los jueces de paz, la seguridad de esas personas es “fundamental” para salvaguardar “los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto”.

Las condiciones del acuerdo de paz

El acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016 permitió la desmovilización de unos 13.000 hombres y mujeres de la guerrilla.

Según lo acordado, tanto los responsables de la exguerrilla como los militares acogidos a la JEP podrán aspirar a penas alternativas a prisión si dicen la verdad, reparan a los afectados y se comprometen a nunca más ejercer la violencia. 

El enfrentamiento interno en Colombia dejó más de nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos, según el registro oficial de víctimas.