Oposición chilena pide un indulto general para los “presos de la revuelta social”

Diputados del partido opositor Convergencia Social (CS) presentaron un proyecto para indultar a quienes fueron arrestados durante las movilizaciones masivas que protagonizaron el estallido social chileno, a partir del 18 de octubre de 2019. La propuesta fue presentada por los parlamentarios Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez que plantean la conformación de una comisión que trabaje por un indulto general para los condenados durante las manifestaciones sociales.

La comisión buscaría anular “la orden del Presidente al Ministerio del Interior de desistir en las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado” y la “revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa”.

Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio, propone este indulto para “presos de la revuelta social” y lo califican como “un mínimo democrático que debemos exigirle a un Gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos”.

En un comunicado difundido vía Twitter, explican que según ellos “los verdaderos criminales durante el estallido social fueron los Carabineros y las Fuerzas Armadas, no un pueblo que se movilizó por más justicia y dignidad”.

Uno de los promotores del proyecto, el diputado Diego Ibáñez, aseguró que “la ley de seguridad interior y la prisión preventiva usada políticamente como castigo no son valores democráticos” y pidió libertad para los “presos del estallido”.

Del lado del Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó la iniciativa y dijo que “establecer indultos que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época”.

Chile vive una crisis social desde octubre del 2019 cuando protestas estudiantiles por la suba del pasaje de subte desataron multitudinarias manifestaciones que pusieron en jaque la segunda administración de Sebastián Piñera.

Las protestas sociales obligaron a la clase política a buscar un acuerdo y llamar a un plebiscito para iniciar el proceso de creación de una nueva Constitución y así dejar atrás la actual, redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El pasado 25 de octubre los chilenos aprobaron, con casi el 80% de votos, redactar una nueva Carta Magna, que tenga mayores reivindicaciones económicas, sociales y políticas.