Operación Colombo: condenaron a efectivos de Pinochet por la desaparición de un estudiante

La Corte Suprema de Justicia de Chile condenó a 24 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el secuestro y desaparición en el año 1974 de un estudiante universitario de 19 años. Miguel Ángel Acuña Castillo es uno de los 119 desaparecidos en el marco de la llamada Operación Colombo, un montaje armado por la dictadura (1973-1990) para encubrir la desaparición de presos políticos, cuya estructura se integraba a los servicios de inteligencia de Argentina y Brasil.

En el caso de Acuña, la Sala II del máximo tribunal condenó a 13 años de prisión a los generales Raúl Iturriaga Neumann y César Manríquez Bravo, y a los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.

Otros 20 antiguos agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fueron sentenciados a 10 años de prisión, también como autores. Otros 46 agentes que estaban procesados fueron absueltos, ya que no puedo acreditarse su participación.

En la investigación del caso, realizada por el juez especial Hernán Crisosto, se logró establecer que el 8 de julio de 1974, Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del MIR, fue detenido en las cercanías de su domicilio por agentes de la DINA y llevado a un centro de torturas de la calle Londres, en el centro de Santiago. Desde ese día no se supo nada más de él.

Al año siguiente, el 25 de junio de 1975, el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo apareció en la lista de los 119. La Operación Colombo fue un operativo montado por el DINA para encubrir la desaparición forzada de 119 militantes en medio de la dictadura militar. El objetivo de la operación fue hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que los desaparecidos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras.​

La mayoría de los asesinados fueron miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, también hubo militantes del Partido Comunista (PC), del Partido Socialista (PS), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), e incluso un miembro del Partido Demócrata Cristiano (DC) y algunas personas sin militancia política.

La Corte Suprema además confirmó una condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de 90 millones de pesos (unos 130 mil dólares) a la familia de la víctima.