Nuevo juicio por la memoria de Berta Cáceres: la denuncia que la llevó a la muerte

Las fotos que se pueden ver en internet muestran a una mujer fuerte, sólida, maciza. De mirada profunda y decidida. Así me la imagino, al menos, a Berta Cáceres a través de estos retratos, siempre tomados junto al río o rodeada de gente. Me la imagino caminando su tierra, planificando estrategias de resistencia, respondiendo llamados de logística, organizando sentadas, actos, manifestaciones… Tal vez así eran los días de esta activista medioambiental -que en 2015 había sido galardonada con el premio Goldman, el más importante a nivel internacional para los defensores del medio ambiente– antes del 3 de marzo de 2016.

La madrugada del 3 de marzo de 2016, dos sicarios ingresaron a su casa y descargaron seis tiros. Cuatro, impactaron directo sobre el cuerpo de Berta, que murió en el acto. Los otros dos hirieron al ambientalista mexicano que se encontraba con ella, Gustavo Castro. En un primer momento las autoridades intentaron instalar la idea de que fue un femicidio y Castro fue detenido en calidad de sospechoso, pero ni la modificación de la escena del crimen ni el intento de encubrimiento pudo ocultar lo que ya se sabía: a Berta la habían mandando a matar. 

¿Y por qué hablamos de Berta ahora? 

Porque arrancó en Honduras el juicio de la causa conocida como “Fraude Sobre el Gualcarque”, por el otorgamiento fraudulento de una concesión hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, en territorio de la comunidad indígena Lenca. Esta represa llamada Agua Zarca fue la que Berta Cáceres logró frenar y sobre la que denunció un plan de sobornos, corrupción e irregularidades. Berta fue asesinada cuando justo cuando el conflicto por la hidroeléctrica se agudizaba. Sin ir más lejos, entre los seis acusados en este juicio se encuentra el exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo, condenado a 22 años y medio de prisión como coautor del asesinato de la ambientalista.

Pero vayamos por partes…

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Quién era Berta Cáceres y cuál fue la lucha que la llevó a la muerte

Cáceres era una dirigente del pueblo lenca, comunidad a la que pertenecía. Una luchadora de alma, como la describían sus afectos, que abrazó múltiples causas ligadas a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente. En 1993 fundó el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde donde años más tarde, en 2010, encabezó la resistencia al proyecto de la hidroeléctrica en el río Gualcarque, un cauce vital para su pueblo.

Berta Cáceres tenía 43 años y cuatro hijos cuando la mataron. Recibía constantes amenazas de muerte, muchas provenientes de militares y policías. Por seguridad sus hijos ya no vivían en el país y ella debía dormir cada noche en un domicilio diferente. Siempre andaba acompañada y ya no podía usar teléfonos celulares. Pero nada de esto alcanzó. 

El proyecto para instalar una central hidroeléctrica en el río Gualcarque fue aprobado en 2010. Para esta obra, que comenzó a ejecutarse en 2011, se asociaron una constructora hondureña, una empresa china y organismos internacionales y regionales de crédito.

Para la comunidad lenca el acceso a este río era vital como fuente de agua, alimento y medicina, pero también como parte de su cultura: el río era sagrado. La comunidad no fue consultada sobre el desarrollo de este proyecto, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que la construcción ya violaba leyes internacionales. 

La resistencia que se armó para evitar esta represa creció y sumó apoyos internacionales. Mientras más adhesión conseguía la comunidad y los dirigentes ambientalistas más se agudizaba el conflicto y escalaba el nivel de violencia: los manifestantes y habitantes de la comunidad fueron brutalmente reprimidos en varias oportunidades. Tres indígenas murieron en esas represiones. 

En ese marco, Berta fue asesinada. Justo después de denunciar públicamente el entramado de corrupción con el que se había cerrado la concesión. 

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Lo que siguió al asesinato de Berta

La escena del crimen fue modificada y el activista mexicano que se encontraba con ella fue señalado como sospechoso en el marco de un supuesto femicidio. 

Fue recién en noviembre de 2017, más de un año y medio más tarde, cuando el Grupo Internacional de Personas Expertas (Gaipe) presentó un informe sobre el resultado de su investigación. Ya no quedaban dudas. Los expertos responsabilizaron a ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que llevaba adelante el proyecto, como autores intelectuales del asesinato. El informe, titulado “Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres” señaló que el crimen “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia” de Cáceres y otros miembros de la Copinh.

Las primeras condenas llegaron a fines de 2018 contra siete personas, dos de ellos exoficiales del Ejército de Honduras, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte. Más tarde también fue condenado Roberto David Castillo, gerente general de DESA.

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Nuevo juicio

El juicio que comenzó esta semana lleva la causa denunciada por Berta Cáceres antes de ser asesinada. Los acusados son exfuncionarios a quienes se les imputaron los delitos de fraude, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y uso de documentos falsos.

El proyecto vulneró los derechos a la tierra y el agua del pueblo indígena Lenca. Y esta es la primera vez que una comunidad indígena, víctima directa de hechos delictivos, se constituye como parte por la afectación de sus derechos humanos.

Por eso y por la memoria de Berta, este juicio es emblemático.

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