Nueva ley protege a los trabajadores uruguayos

Una nueva norma, aprobada por el Frente Amplio en el Parlamento, penaliza con prisión los incumplimientos patronales en seguridad laboral. Todo el debate en el Congreso estuvo acompañado por una fuerte resistencia de las cámaras empresariales y la oposición, que tuvieron a los medios de comunicación masivos como portadores de su versión. Se prevé que quienes se siente afectados por la ley interpondrán recursos en la Suprema Corte de Justicia.

 Hugo Acevedo – Diario La República (Uruguay)

La sanción de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador por parte de Poder Legislativo sólo con los votos del oficialismo, comporta un nuevo salto cualitativo en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa.

Esta norma, cuyo debate parlamentario no estuvo exento de disidencias, incluso hacia el interior del propio Frente Amplio, reposiciona a nuestro país como un referente en materia de preservación de los derechos humanos, más allá de meras posturas retóricas y pirotecnias dialécticas.

La aprobación del proyecto, que como marca la historia y la mística de la izquierda estuvo signada por la movilización popular de una multitud de obreros sindicalizados, recupera nuestra mejor tradición de impronta militante.

Es claro que en un sistema democrático que se precie de tal y no sea una mera cáscara semántica y simbólica vacía de contenido, se debe gobernar para las mayorías, que en nuestra sociedad son — obviamente— los trabajadores.

Contrariamente a la prédica de los medios obsecuentes del poder de las corporaciones empresariales, esta no es una ley hecha a la medida de los obreros de la construcción, sino una herramienta que amparará en sus legítimos derechos a todos los trabajadores dependientes.

Las estadísticas corroboran que la mayoría de los accidentes de trabajo no se registran en esa rama de actividad, lo cual demuele el falaz argumento de los ujieres del gran capital.

“La ofensiva contra la norma se desarrolló y se seguirá dirimiendo en varios frentes: el político, el empresarial y el jurídico, en tanto el empresariado intentará ganar en la liga lo que perdió en la “cancha” soberana del parlamento nacional” 

No obstante, la ofensiva contra la norma se desarrolló y se seguirá dirimiendo en varios frentes: el político, el empresarial y el jurídico, en tanto el empresariado intentará ganar en la liga lo que perdió en la “cancha” soberana del parlamento nacional.

Es parte de la estrategia de terrorismo verbal y mediático de los históricamente denominados “grupos de presión”, acostumbrados por décadas a gobiernos dóciles y comprometidos con el statu quo y con quienes siempre han detentado el poder económico.

Por supuesto, los presuntos damnificados por la ley prevén interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, alentados por una larga secuencia de cuestionables fallos del organismo.

No se entiende el paradójico y demagógico planteo de algunos detractores de la norma alineados en el bloque político conservador, quienes mientras invocan el derecho a la vida para no votar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo no se inmutan cuando lo que está en riesgo es la integridad física de miles de trabajadores del su país.

Tampoco es consecuente con el discurso de los que se rasgan las vestiduras por la seguridad, la cual también suele estar en riesgo en los ámbitos laborales, cuando existe negligencia y/o irresponsabilidad del empleador.

Si triunfara la tesis de la oposición político-empresarial en un ámbito ajeno a donde reside la soberanía popular, hasta los animales domésticos tendrían más derechos que los humanos.

“La mejor síntesis de esta ortodoxa postura originada en el odio de clase, son las reflexiones del Gerente Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, quien, en declaraciones formuladas a la prensa, afirmó que a los empresarios “no les sirve el trabajador lastimado o muerto””

La mejor síntesis de esta ortodoxa postura originada en el odio de clase, son las reflexiones del Gerente Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, quien, en declaraciones formuladas a la prensa, afirmó que a los empresarios “no les sirve el trabajador lastimado o muerto”.

Sus agraviantes expresiones —que en nada sorprenden por provenir de alguien cuyo apellido es sinónimo de rancio patriciado— trasuntan un absoluto desprecio por los uruguayos que no pertenecen a las elites económicas y sociales.

Es claro que para Mailhos y el estrato oligárquico que representa, los trabajadores son “servidores”, meros engranajes del aparato productivo o bien piezas de desecho o recambio.

En materia de responsabilidad por accidentes de trabajo, hay más de 50.000 escalofriantes razones para legislar. Esa es la cifra anual oficial de siniestros laborales, a la cual seguramente habría que sumar las situaciones no denunciadas por registrarse en el ámbito de la aún perdurable actividad informal.

Más allá de miradas jurídicas ambivalentes, aquí lo que está en juego es la radical colisión entre visiones ideológicas sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Mal que le pese a la derecha y a sus socios del poder económico, con la aplicación de esta norma el Estado cumple con el mandato constitucional de amparar el derecho a la vida y el bienestar colectivo, que es también un compromiso ético.

 

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