El relato oficial de Nochixtlán

México
Especial

Después de un mes de trabajo, la Procuradoría General de la República no ha informado avances de su investigación sobre los actos mortales contra los maestros en Nochixtlán. Se asiste a la configuración de una revancha judicial contra las víctimas, que aumenta aún más la desconfianza hacia la institución. Una historia que recuerda a su participación en Ayotzinapa.

Nayelí Roldán- Animal Político (México)

El seis de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación sobre el operativo en Nochixtlán, Oaxaca, que pretendía liberar la autopista federal México-Oaxaca y tuvo como saldo ocho personas muertas y más de una centena de heridos.

Después de un mes de trabajo, la PGR no ha informado avances de su investigación y las interrogantes sobre lo ocurrido el 19 de junio siguen abiertas. Aunque este jueves, la procuradora Arely Gómez tuvo una reunión con los legisladores que integran la Comisión de seguimiento al caso, fue cerrada.

En conferencia de prensa posterior, el subprocurador de Control Regional y Procesos Penales y Amparo de la PRG, Gilberto Higuera Bernal, explicó algunos datos referente a la investigación. Estos son los elementos nuevos para explicar qué ocurrió, según la versión oficial:

1. Los policías estatales encabezaron el operativo e iban armados.

De acuerdo con la PGR, el operativo estuvo integrado por 850 elementos (400 de la Policía Federal, 400 de la Policía estatal y 50 de la Agencia estatal de investigaciones de Oaxaca). Al frente iban “seis policías estatales a bordo de una patrulla”, portaban “5 armas largas calibre .223 milímetros y 6 armas cortas, tipo pistola calibre 9 milímetros”.

Esto difiere de la primera versión oficial. Mientras se desarrollaba el operativo, circularon fotografías de agencias internacionales donde se observaba a elementos de la policía federal con armas largas apuntando hacia los manifestantes; en un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Seguridad aseguró que se trataban de imágenes falsas. Horas después, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que las armas fueron utilizadas “sólo al final” del operativo.  

La PGR analiza las armas de los elementos que participaron en el operativo: 5 largas y 6 cortas de la policía estatal; 22 armas largas y 32 cortas de la División de Gendarmería y las 15 armas cortas y 9 armas largas de la División Vial de la policía estatal.

2. 10 disparos mataron a seis personas

De los seis fallecidos durante el operativo, uno de ellos recibió tres impactos de bala; otro recibió dos impactos y los cuatro restantes murieron a causa de un disparo. “Y tenemos totalmente identificados los tipos de calibres de los proyectiles con los cuales se dispararon. (…) algunos fallecieron producto de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma larga y algunos de arma corta. Las ojivas están siendo analizadas en peritajes, dijo el subprocurador Higuera.

La PGR realiza peritajes para determinar si los impactos de bala en el cuerpo de las víctimas provinieron de alguna de las armas utilizadas por los elementos de la policía estatal y Gendarmería.

3. Disparos de civiles

La PGR confirmó que “sí hubo disparos de parte de civiles; hay testimonios, hay pruebas que así lo demuestran”. Además, dijo que un helicóptero de la Policía Federal presentaba dos orificios causados por armas y un segundo helicóptero resultó dañado por impactos de cohetones.

4. Las víctimas sin declarar 

A casi dos meses del operativo, las víctimas aún no rinden declaración en la investigación de la PGR. El subprocurador informó que con junto con organismos de derechos humanos acordarán el mecanismo y personal de la Procuraduría acudirá las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para practicar ahí las diligencias y recibir las denuncias y realizar las entrevistas.

5. Numeralia

La primera investigación estuvo a cargo de la Procuraduría estatal de Oaxaca con tres carpetas de investigación, pero del 8 al 27 de julio, la PGR ha integrado otras 32 carpetas de investigaciones por siete delitos: Robo de uniformes, armas y equipo antimotines; ataque a las vías generales de comunicación; daño en propiedad ajena e incendio de instalaciones y vehículos oficiales; lesiones; privación ilegal de la libertad; resistencia de particulares y homicidio.

Se han realizado 249 entrevistas a mandos policiales y servidores públicos estatales y federales que acordaron y realizaron el operativo. Existen ya 166 dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, incendios y explosivos e informática, entre otros.

Editorial- La Jornada (México) 

El subprocurador federal de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, reconoció ayer que a casi dos meses de los actos mortales en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no se ha presentado en el lugar de los hechos para recabar las pruebas pertinentes. Asimismo, el funcionario dio a conocer que hasta la fecha la fiscalía no cuenta con la declaración de una sola de las víctimas del violento intento de desalojo que dejó entre nueve y 11 muertos y más de un centenar de heridos el pasado 19 de junio, cuando policías federales y estatales usaron armas de fuego para retirar el bloqueo carretero sostenido por pobladores de la localidad e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán, completó ese panorama sombrío de la investigación al informar que, de acuerdo con la titular de la PGR, Arely Gómez, los avances hasta hoy consisten en la integración de expedientes por robo de uniformes, armas y equipo antimotines; ataques a las vías generales de comunicación y daños a instalaciones y vehículos oficiales o resistencia de particulares, entre otros, además de la realización de dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, incendios y explosivos e informática.

” Tales declaraciones resultan desoladoras porque muestran que, lejos de un esfuerzo encaminado a consignar a los victimarios ante la justicia, se asiste a la configuración de una revancha judicial contra las víctimas. A este ánimo persecutorio se suman las dudas que suscita la procedencia de los dictámenes y confirmaciones referidos “

Tales declaraciones resultan desoladoras porque muestran que, lejos de un esfuerzo encaminado a consignar a los victimarios ante la justicia, se asiste a la configuración de una revancha judicial contra las víctimas. A este ánimo persecutorio se suman las dudas que suscita la procedencia de los dictámenes y confirmaciones referidos, dado que, como la misma autoridad admite, los investigadores no han realizado las diligencias correspondientes en el escenario del ataque. En suma, los datos divulgados ayer permiten atisbar una investigación opaca, contradictoria y carente de la seriedad que exige la magnitud de los sucesos. Ejemplo de ello es que hasta la fecha no haya una cifra única y aceptada de víctimas mortales o que la PGR asegure que tiene en su poder la mayoría de las ojivas extraídas de los cuerpos de seis fallecidos por arma de fuego.

Para entender la situación desastrosa de la indagatoria oficial debe considerarse la crisis de credibilidad que aqueja a la procuraduría, entre otros factores. En efecto, debido a los malos antecedentes de la institución, en diversas circunstancias su presencia genera más temor que c
ertidumbre o confianza en la obtención de justicia entre las víctimas, lo cual, en el caso presente, ha impedido hasta la elemental tarea de recoger sus testimonios.

Si a casi dos años de la desaparición en Iguala de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la PGR sigue manteniendo en calidad de versión oficial la hipótesis poco verosímil y ampliamente cuestionada de la pira funeraria en el basurero de Cocula, es comprensible que los afectados por la violencia policial en Nochixtlán permanezcan renuentes a colaborar con esa dependencia.

La institución se encuentra, pues, atrapada en un círculo vicioso en el cual su descrédito la incapacita para realizar sus funciones, y tal incapacidad agrava la falta de confianza en ella de la sociedad, hasta llegar, en casos tan graves como el de Nochixtlán, a una situación de parálisis. Para superar ese empantanamiento el máximo organismo de procuración de justicia tendría que ofrecer a la opinión pública muestras contundentes de funcionalidad y voluntad política para llegar al fondo en los episodios que investiga.

Leer el artículo de Animal Político aquí 

Leer el artículo de La Jornada aquí