“¡No a la impunidad!”, multitudinaria marcha a 45 años del golpe de Pinochet

Miles de personas marcharon este domingo en Chile a 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet y exigieron el fin de la impunidad para los represores condenados que fueron liberados en los últimos meses. “La campaña de impunidad que ha montado Sebastián Piñera con algunos jueces de la Corte Suprema ofende la memoria de miles de chilenas y chilenos asesinados”, repudió los indultos y las liberaciones la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, durante la marcha.

Como cada año, los manifestantes llevaron las fotografías en blanco y negro de los familiares asesinados y desaparecidos en la dictadura de Pinochet y se dirigieron hacia el cementerio general de Santiago donde está el memorial con los nombres de las víctimas de la dictadura que comenzó el 11 de septiembre de 1973.

Hace 45 años, fuerzas militares a la cabeza de Pinochet bombardearon el palacio de La Moneda donde se suicidó el entonces presidente socialista Salvador Allende, dando inicio al golpe militar que inició una dictadura de 17 años.

“¡No a la impunidad! ¡No a la Impunidad!” fue el grito que se repitió entre la multitud. En julio, la Corte Suprema chilena otorgó la libertad provisional a siete exagentes de la dictadura encarcelados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos un excoronel condenado por la muerte de tres ciudadanos uruguayos.

Unos meses atrás, en abril, el presidente Sebastián Piñera indultó al excoronel René Cardemil, condenado a diez años de cárcel por el asesinato de seis personas, una de ellas un funcionario del FMI en 1973. Cardemil murió de cáncer antes de gozar del beneficio otorgado por Piñera.

Los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990) –en su mayoría militares retirados de avanzada edad- cumplen sus penas en el penal de Punta Peuco, un exclusivo recinto carcelario en el norte de Santiago donde gozan de beneficios que no tiene el resto de la población penal chilena.

Diputados de oposición presentaron la semana pasada una acusación constitucional contra los magistrados que liberaron a los exagentes, con el fin de determinar su responsabilidad política y revertir los fallos.

Según el poder Judicial, los exagentes accedieron a la libertad condicional porque la legislación chilena no niega ese beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó los fallos y recordó que en casos de crímenes de lesa humanidad, recomienda a los tribunales abstenerse de suprimir sentencias.

Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, de acuerdo a registros oficiales.