Ninguna mujer en México irá presa por abortar: la Suprema Corte reconoció el derecho a decidir 

En un fallo histórico no solamente para el país sino para toda América Latina, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este martes que es inconstitucional penalizar el aborto. Además de los colectivos feministas que durante años luchan por sus derechos, varias agencias de la ONU celebraron la decisión del máximo tribunal, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se respete. 

En México, las leyes relacionadas con la criminalización del aborto son de competencia local. Por eso, esta práctica solo está despenalizada en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La decisión del Supremo solo invalida el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Qué dice el fallo y por qué es tan importante

Por unanimidad, los ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del norteño estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Así, el máximo tribunal declaró inconstitucional la criminalización de la mujer que aborta pero también la del personal sanitario que la asiste con su aval.

“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, argumentó el ministro Luis María Aguilar.

Gracias a esta sentencia, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos de las personas gestantes podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales.

La decisión deriva de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017. 

Además, el Tribunal Supremo declaró inválido un artículo del Código Penal de Coahuila en el que la violación en el matrimonio o la pareja tiene menos pena que en en el resto de los casos.

El guiño hacia la legalización

Por otro lado, el proyecto enunció como una de sus implicaciones “la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”.

“El Estado no sólo debe abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, en donde se restrinja el derecho de las mujeres o gestantes a decidir sobre su propio cuerpo, sino que además debe garantizar condiciones mínimas para que ello sea posible”, añadió la ministra Norma Piña.

¿Abarca un tiempo determinado de gestación?

Los ministros no lograron ponerse de acuerdo en una cuestión: si el tiempo del embarazo debía estar o no definido en el fallo. 

Algunos ministros argumentaron que el “derecho a decidir” no es “ilimitado”, mientras que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, lamentó que el proyecto se “quedara corto”. En su opinión había que invalidar todos los artículos que criminalizaran el aborto bajo cualquier precepto.
La reacción de la ONU

Varias agencias de la ONU celebraron públicamente el fallo con un comunicado, que cuenta con las firmas de las representaciones en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 

“El trabajo y la tenacidad de las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y niñas ha sido fundamental para que la SCJN diera este positivo paso”, opinaron las agencias de la ONU.

Por otro lado, destacaron que esperan “que el criterio establecido por la SCJN sea aplicado en todo el país para que ninguna mujer sea criminalizada por interrumpir su embarazo”.

Como lo estableció el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica, “criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres”, recordaron. 

Qué dijo López Obrador

Este miércoles, López Obrador subrayó que no sentaría una postura propia sobre el tema, pero pidió “respeto” para la decisión judicial: “Yo lo que opino es que esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime y que debe respetarse”.