Lula debe ser culpable

Brasil 
Especial 

Tiene que ser acusado, procesado y condenado para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular y soberano se instale en Brasil. El modo que se utilice no importa, pero la derecha local necesita sacar al ex obrero metalúrgico de la vida política antes de las elecciones de 2018. La persecución judicial contra el líder del PT confirma el golpe blando y blanco.

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Emir Sader- Público (España)

Aun sin ningún tipo de prueba que demuestre enriquecimiento personal, o de haberse servido de su cargo como presidente de Brasil para obtener beneficios personales, aun regresando al mismo apartamento de la periferia obrera de São Paulo de donde salió para ser el presidente de más éxito y prestigio en la historia del país —aun con todo ello, Lula tiene que ser acusado, procesado, considerado culpable y condenado—.

En el caso de que esto no sucediera, tras la persecución judicial, policial y del Congreso, ya no será posible decir que todos los políticos son inmorales, que todo líder popular conquista el apoyo del pueblo en base a fraudes. No será posible justificar que se instale en Brasil un gobierno de corruptos, de ladrones y de golpistas sin ningún apoyo popular, como si el país estuviera condenado a ser manipulado por esa manga de mafiosos que ha asaltado el poder por medio de un golpe.

Si Lula fuera candidato de nuevo y el pueblo volviera a reconocer, una vez más, su capacidad de liderazgo indiscutible, no será posible decir que el contacto con el Estado corrompe a todos, que los gobiernos sirve para enriquecer a los políticos, sino que es, por contra, posible promover los derechos de todos, incluyendo también a los más pobres en la esfera de los derechos esenciales garantizados por el Estado.

Si Lula no es condenado, aun con pruebas manipuladas por jueces que representan los peores intereses de la élite brasileña, responsables de mantener a este país en en mapa del hambre, entonces se probará que un presidente puede atender a los intereses de todos, que no es necesario gobernar para los ricos y contra los pobres. Quedaría comprobado que Brasil no necesita someterse a los designios del mercado, del capital especulativo, del FMI. Que Brasil puede y debe retomar el desarrollo económico con distribución de renta, el modelo escogido por el pueblo brasileño en elecciones directas cuatro veces consecutivas.

” Para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular y soberano se instale en Brasil, es necesario sacar a Lula de la vida política, no importa el modo. No sirve fabricar encuestas en las que Lula aparecería con gran rechazo. Si creyeran en esas encuestas, no necesitarían sacarlo de la vida política. Bastaría derrotarlo en una disputa democrática “

Si Lula no se ha enriquecido como presidente, si no ha traicionado los intereses del pueblo, si es el único político que mantiene un inmenso apoyo popular y la confianza del pueblo, con más razón necesita ser condenado, porque esa imagen es insoportable para las élites tradicionales brasileñas. Porque éstas necesitan recuperar el control del Estado y volver a gobernar para ellas mismas y en contra de los derechos conquistados por el pueblo brasileño en este siglo.

Para impedir que de nuevo un gobierno democrático, popular y soberano se instale en Brasil, es necesario sacar a Lula de la vida política, no importa el modo. No sirve fabricar encuestas en las que Lula aparecería con gran rechazo. Si creyeran en esas encuestas, no necesitarían sacarlo de la vida política. Bastaría derrotarlo en una disputa democrática, a través del voto popular. No habría peor derrota para Lula ni victoria más grande para la derecha brasileña.

Pero la derecha, que ha perdido con Jose Serra dos veces, con Alckmin, con Aecio, con Marina, va a perder de nuevo, con cualquiera de ellos o con algún invento nuevo. Por ello necesitan fabricar una condena de Lula y para ello cuentan con el sistema judicial y el Congreso, dispuestos a pasar a la historia como marionetas de las minorías dominantes.

Un fantasma recorre las mentes de las élites dominantes, de su políticos, de los dueños de los medios, de los jueces, de los policías —el fantasma de Lula, que es necesario condenar, frente a la imposibilidad de derrotarlo si la democracia se restablece en Brasil.

Editorial- La Jornada (México) 

El ex presidente brasileño Luis Inazio Lula da Silva fue acusado ayer por la fiscalía de su país, en el marco de la investigación de sobornos en la empresa Petrobras, de propiedad estatal. La imputación presenta al mandatario como el máximo jefe de la trama de corrupción en la petrolera y lo señala por haber recibido comisiones ilegales de la empresa OAS. El paso siguiente es que el magistrado Sérgio Moro decida si el juicio es procedente, cosa que puede darse por segura, habida cuenta de que el juez es enemigo declarado de Lula.

Aunque las investigaciones en torno a las operaciones ilegales conocidas como Lava Jato han puesto fin a la carrera de varios políticos del ahora gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –principal impulsor de la destitución de Dilma Rousseff–, no debe pasarse por alto que es la dirigencia histórica del Partido de los Trabajadores (PT), y particularmente el ex mandatario ahora imputado, el objetivo prioritario del Poder Judicial.

” Pero, más allá de esas animadversiones, es claro que el afán por destruir al gobierno del PT obedecía además al designio de cambiar el rumbo socioeconómico del poder público en la mayor nación de América Latina, suprimir los rasgos soberanistas y populares de la administración y operar una regresión hacia el neoliberalismo, tarea que ya realiza Michel Temer “

Es significativo que la acusación ocurra días después de que Lula anunciara su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018, lo que otorga a la causa en contra del ex presidente un cariz político inocultable. A ello debe agregarse la poca verosimilitud de la imputación, que contrasta con el nivel de vida del viejo dirigente obrero, muy alejado del enriquecimiento súbito. En contraste, los numerosos integrantes de la clase política tradicional que han sido involucrados en el caso Lava Jato –el ejemplo más grotesco es el de Cunha– ostentan, por regla general, fortunas difícilmente explicables si no es por la corrupción.

En tales circunstancias, la crisis política que vive Brasil acaso deba ser vista como una operación en dos fases: una legislativa, que concluyó con la destitución de Dilma Rousseff, y una judicial, que ahora apunta contra su mentor y antecesor en el cargo. Tal sería, por principio de cuentas, la reacción de una oligarquía que sólo coyunturalmente toleró el ejercicio de la presidencia por un antiguo sindicalista metalúrgico y una luchadora social que participó en el movimiento guerrillero en contra de la dictadura militar en los años 60 del siglo pasado. Pero, más allá de esas animadversiones, es claro que el afán por destruir al gobierno del PT obedecía además al designio de cambiar el rumbo socioeconómico del poder público en la mayor nación de América Latina, suprimir los rasgos soberanistas y populares de la administración y operar una regresión hacia el neoliberalismo, tarea que ya realiza Michel Temer, el presidente impuesto tras la caída de Dilma.

Así pues, la acusación contra Lula parece confirmar que en Brasil se ha operado un golpe de Estado de cuello blanco y que, como ocurría tras los cuartelazos militares de antaño, ha comenzado ya la etapa de persecución de los derrotados.

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