“Muertos, heridos, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual”, organismos internacionales condenaron la represión en Colombia

La ONU y la Unión Europea (UE) condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza en las protestas en Colombia contra el proyecto de reforma fiscal -ya retirado- del presidente Ivan Duque, que dejaron casi una veintena de muertos. Amnistía Internacional también denunció la respuesta militarizada y la represión policial de las manifestaciones tras publicar evidencia del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de los efectivos policiales.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para mañana. “Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, dijo Hurtado.

La vocera agregó que los “defensores de derechos humanos también informaron que fueron acosados y amenazados”. “Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamado a la calma”, declaró Hurtado.

“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, agregó la vocera.

Hurtado concluyó que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

En la misma línea, la UE aseguró que está siguiendo de cerca la situación y condenó “los actos de violencia”. “La UE condena estos hechos de violencia” que afectan “el legítimo derecho a la protesta y a la reunión pacífica, así como a la libertad de expresión”, manifestó el vocero del servicio diplomático de la institución, Peter Stano,

Antes de la ONU y la UE, varias ONGs, entre ellas Human Rigt Watch y Temblores, corroboraron la violencia policial denunciada por los manifestantes. En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal, según un balance de la Defensoría del Pueblo. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 son civiles.

Marcha atrás en la reforma

La escalada de la violencia obligó a Duque a retirar el proyecto el domingo pasado, lo que le costó la renuncia de su ministro de economía, que ya fue reemplazado por José Manuel Restrepo, hasta ahora titular de Comercio, Industria y Turismo.

Pese a la marcha atrás, el Comité Nacional del Paro (CNP), que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló la apuesta y convocó a marchar mañana porque “la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”, y lanzó un nuevo pliego de pretensiones.

En ese sentido, llamaron a desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes y retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponga una renta básica más alta.

Duque propuso redactar un nuevo proyecto de reforma que descarte los principales puntos de discordia: el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes y la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

Uso excesivo de la fuerza

Desde Amnistía Internacional denunciaron que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza, algo que quedó probado por imágenes capturadas por los propios manifestantes. La represión dejó como saldo decenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, Amnistía Internacional llamó a respetar la libertad de expresión y de prensa.

Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas como consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional confirmó que la policía colombiana hizo uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país.

Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn y un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.