Injusticia y contradicción estatal

México 

José Manuel Mireles, fundador de los grupos de autodefensa, está hace dos meses detenido por luchar contra la violencia organizada que se sucedió por la ausencia del estado en materia de seguridad pública en Tierra Caliente. El proceso legal en su contra está teñido de irregularidades. Las autoridades no controlan la delincuencia, pero sí cooptan a los que luchan contra el crimen. 

 

Redacción- La Jornada (México) Excelsior

Ayer se llevaron a cabo manifestaciones en demanda de la liberación de José Manuel Mireles Valverde, dirigente de grupos de autodefensa de la región michoacana de Tierra Caliente y preso desde el pasado 27 de junio bajo la acusación de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y supuesta posesión de drogas.

Como se señaló en su momento, la captura y la imputación constituyeron arbitrariedades y ejemplos inequívocos de una mala procuración e impartición de justicia, como lo ha sido también el injustificado internamiento del médico michoacano en un centro carcelario de Sonora. Por principio de cuentas, el gobierno federal, al reconocer a las autodefensas de Tierra Caliente y dialogar con ellas, creó de facto un estado de excepción, pues dejó de observar la Ley Federal de Armas y Explosivos, en la medida en que sus interlocutores la infringían de manera regular.

“En vez de confrontar a los grupos delictivos, el funcionario se ha dedicado desde entonces a desarticular a las autodefensas mediante la cooptación de algunos líderes”

Pero antes de eso, la autoridad federal y la estatal habían violentado por omisión el marco legal al permitir que en extensas zonas de Michoacán y de otras entidades del país sentaran sus reales grupos diversos de la delincuencia organizada, y al abandonar a su suerte a las poblaciones locales, las cuales se encontraron sometidas a un reinado de terror, homicidios, secuestros, violaciones, robos y extorsiones sistemáticas. En el caso michoacano, ante la ausencia de gobierno de cualquier clase, los habitantes de Tierra Caliente no tuvieron más remedio que armarse para hacer frente a los criminales y expulsarlos de sus comunidades. No fue sino cuando ese esfuerzo colectivo empezó a progresar y a rendir frutos que el gobierno federal pareció interesarse en el drama regional y envió a la entidad a Alfredo Castillo, convertido en una suerte de autoridad suprema en el estado mediante decreto presidencial.

En vez de confrontar a los grupos delictivos, el funcionario se ha dedicado desde entonces a desarticular a las autodefensas mediante la cooptación de algunos líderes, la siembra de intrigas entre ellos, la detención de varios y el reclutamiento de miles en un cuerpo de policía rural en el que se disolvió el empuje y la relevancia política que empezaban a mostrar las autodefensas originales. Este es el marco de la dudosa y desaseada detención de Mireles, ocurrida en la localidad de La Mira, y de su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicado a las afueras de Hermosillo, Sonora. El dato geográfico mismo habla de un encarnizamiento de la autoridad –patente en diversas expresiones del comisionado Castillo– y esboza propósitos de venganza y escarmiento que debieran ser ajenos al quehacer gubernamental.

Los hechos son que Mireles está preso por un delito formal que, si se persiguiera en forma equitativa y regular, llenaría las cárceles del país; que los grupos delictivos a los que el médico combatía no han sido desmantelados; que en lo que va del actual sexenio las expresiones más lacerantes de la criminalidad organizada –el homicidio y la desaparición forzada–, lejos de disminuir con respecto al calderonato –de por sí cruento y violento–, se han incrementado, lo que indica la persistente ausencia del Estado en materia de seguridad pública, y que la ciudadanía, en consecuencia, se encuentra más expuesta y amenazada que durante la administración pasada. En tales circunstancias, los procesos legales en contra de Mireles y del resto de los autodefensas michoacanos presos no pueden verse sino como una simulación de justicia y una aberración.

 

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