Mireles, preso político

México

Juan Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas de Michoacán, fue encarcelado por supuesta portación de armas, pero la defensa asegura que demostrará en el juicio que el dirigente comunitario no llevaba armas ni drogas y que es un preso político por no haber aceptado el acuerdo con el gobierno federal. Además, afirma, que nunca hubo una orden de detención. 

Revolución Tres Punto Cero

Revolución Tres Punto Cero (México)

¿Cómo demostrará José Manuel Mireles Valverde que los cargos que le imputan son falsos? ¿Cuáles son las pruebas que tiene la defensa para demostrar que su cliente no portaba armas de uso exclusivo del Ejército ni traía droga a la hora de su detención? ¿Cuánto tiempo pasará en la cárcel? ¿Se convertirá su caso en emblemático y referente para el derecho penal internacional?

Los abogados Talía Vázquez Alatorre y Salvador Molina Navarro, han presentado ante el juez Quinto de Distrito del Décimo Primer Circuito, Armando Wong, todo un alegato a favor de la autodefensa de los mexicanos, ante el incumplimiento del gobierno federal de otorgar seguridad. Su justificación se basa particularmente en el derecho constitucional de cualquier ciudadano a la legítima defensa. Para ellos, Mireles, es simplemente un “preso político”, cuyo caso ya fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el expediente número 137/2014 al que ha tenido acceso Revolución TRESPUNTOCERO, están incluidos los principales argumentos para liberar al doctor Mireles. Los abogados reconstruyen la detención de las autodefensas en la localidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, el día 27 de junio.

Según la versión oficial, el doctor Mireles fue detenido en “flagrancia” portando armas, violando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero en su defensa, sus abogados, hacen una reconstrucción pormenorizada de los hechos para desmentir la versión oficial y aportan imágenes tomadas por vecinos de La Mira, minutos antes de su arresto.

En el texto de la defensa, se ofrecen y allegan medios de pruebas que incluyen 22 fotos “privadas” con las que pretenden demostrar que, el ahora prisionero, no portaba armas a la hora de su detención, ni mucho menos llevaba drogas.

“La defensa ha presentado ante el juez Quinto de Distrito del Décimo Primer Circuito, Armando Wong, todo un alegato a favor de la autodefensa de los mexicanos, ante el incumplimiento del gobierno federal de otorgar seguridad”

“Fotográficas  en las cuales podemos descifrar que el señor José Manuel Mireles Valverde, como ya es su costumbre, en momento alguno, jamás portó  algún tipo de arma de fuego y menos de las llamadas por el Código Penal Federal de las reservadas para el Uso Exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea. Así mismo se desprende, tal y como lo demostramos con las gráficas descritas anteriormente, como le fueron vulneradas y quebrantadas todas y cada una de sus Garantías individuales al ser encapuchado para poder sembrarle las armas y droga que él nunca tuvo en su poder ni alcance”.

Arranca el juicio

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la abogada Talía Vázquez, señala ante el inicio del juicio, luego del auto de formal prisión dictado por el juez federal Armando Wong, que con videos, fotos y testimonios, “desmontarán” el delito que le imputan.

“El doctor nunca está armado. El hecho de que le vendaran los ojos fue para sembrarle las armas. No tienen una sola prueba de que él portaba una arma, como dicen, es mentira”.

Y argumentan violaciones graves al debido proceso: “Desde la manera en que fue detenido, le tapan los ojos para sembrarle armas y droga, lo tuvieron incomunicado por más de 27 horas, todo esto está debidamente probado”.

La abogada, fundadora de la organización “México contra la impunidad” ha vivido personalmente las consecuencias de enfrentarse a un sistema judicial “corrupto e inoperante”, debido a que fue víctima de violación tumultuaria por su entonces marido, el panista nazi del gabinete de Felipe Calderón, Juan Iván Peña Neder, quien permanece en libertad, luego de haber purgado dos años en la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

“La línea principal de defensa será la demostración de que su cliente es un ‘preso político’, debido a las propias declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo Castillo”

Incansable defensora del doctor Mireles, señala que su línea principal de defensa será la demostración de que su cliente es un “preso político”, debido a las propias declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo Castillo, quienes afirmaron que el ahora recluido en el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, está preso por no “haber respetado los acuerdos del 10 de mayo”.

Tortura

Los abogados, sostienen que todas las supuestas “pruebas” obtenidas son ilícitas por la tortura que sufrieron los detenidos, misma que se dio desde el principio, sobre todo, en el doctor Mireles quien fue vendado “sin motivo ni justificación alguna” haciéndole creer que lo iban a lanzar al mar, e incluso impidiéndole la comunicación inmediata.

Según afirman “nunca existió la flagrancia, ni urgencia” , ya que la supuesta llamada anónima es desconocida por los propios elementos policiacos de la zona: “igualmente nunca existió en el supuesto caso de urgencia, ya que, en el supuesto de que los inculpados estuvieran cometiendo delitos, que no fue así, el ministerio público pudo haber ordenado la detención si hubiera tenido pruebas suficientes para hacerlo, o bien haber acudido ante autoridad judicial para solicitar una orden de aprehensión, o incluso hubieran efectuado la detención desde el momento mismo en que hubieran visto que los encausados cometieran delito, pero como tal circunstancia nunca ocurrió, es dable que la detención fue ilegal”.

Otro supuesto que invalida el “montaje” contra el doctor Mireles, según sus abogados, es que fue una detención sin orden de aprehensión de una autoridad judicial competente, por lo cual, la consideran una detención ilegal porque no existió orden del Ministerio Público.

Justificación de las Autodefensas

El alegato a favor de las autodefensas fue desarrollado por el académico Jaime Cárdenas, bajo el precepto de la “obediencia al derecho” algo que está ligado con la obligación política y legitimidad de los sistemas jurídicos: “No existe una obligación incondicionada, apriorística, de obedecer moralmente un ordenamiento jurídico o un aparato institucional, aunque se diga democrático y ajustado al Estado de Derecho. También mostramos nuestro acuerdo con el deber moral o libertad de desobedecer normas injustas e inaceptables desde el punto de vista de los fines democráticos y constitucionales del Estado”.

“El alegato a favor de las autodefensas fue desarrollado por el académico Jaime Cárdenas, bajo el precepto de la ‘obediencia al derecho’ algo que está ligado con la obligación política y legitimidad de los sistemas jurídicos”

Y añade: De las teorías expuestas nuestra conclusión es que existe una obligación –prima facie- de obedecer el Derecho, cuando éste es producto de procedimientos democráticos, no sólo representativos, sino participativos, deliberativos, públicos, transparentes, con rendición de cuentas del gobernante al gobernado, con controles sociales efectivos a la función pública, etcétera, y cuando el Derecho a obedecer garantiza y respeta los derechos humanos, tanto los de libertad o derechos negativos como los de iguald
ad o derechos económicos sociales y culturales”.

Pero Cárdenas advierte que la obligación de obedecer al Derecho es condicionada, nunca definitiva, porque el ciudadano y la sociedad tienen el derecho de mostrar su desacuerdo a las normas y de desobedecerlas, especialmente cuando éstas no provienen de “procedimientos democráticos o no respeten debidamente los derechos humanos”.

 

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