Comunidades divididas por la Barrick

Chile

El emprendimiento minero de Pascua Lama, el yacimiento de oro más grande del mundo, se encuentra paralizado y la empresa propietaria ha llevado a cabo negociaciones con dirigentes diaguitas para la reanudación de los trabajos. Pero otros sectores de la comunidad afirman que esos líderes no consultaron a las bases y existe un enfrentamiento entre ambas posiciones.

IPS

Daniela Yañez – The Clinic online (Chile) 

El 28 de mayo pasado, se quebraron las confianzas en el valle del Huasco. 15 de los 18 dirigentes de comunidades diaguitas, ubicadas en el interior de la región de Atacama, firmaron un acuerdo de intercambio de información con Barrick Gold, la multinacional dueña de Pascua Lama que lleva 13 años intentando sacar adelante el proyecto de extracción aurífera más grande del mundo.

El acuerdo bilateral, enmarcado el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, inédito hasta ahora en América Latina, permitiría retomar las conversaciones entre la minera y las comunidades, después que los trabajos fueran detenidos por un fallo del Tribunal Ambiental en abril del año pasado.

Según fuentes cercanas a las comunidades que participaron del “memorándum de intercambio de información”, el acuerdo no representa el inicio de una tregua. Solo obligaría a la minera a entregar todos los antecedentes del proyecto y recursos para la contratación de profesionales independientes que evalúen las deficiencias de Pascua Lama, en un intento de equilibrar las fuerzas. Sin embargo, Barrick Gold en un comunicado que lanzó a fines de mayo, deja clarísimas sus intenciones: “pese a que Pascua Lama está paralizado en el lado chileno, nuestro objetivo es obtener los permisos para retomar la construcción. Sin embargo, esta vez lo queremos hacer de la mano de las comunidades”, explicita el comunicado.

La pieza clave de esta negociación fue el abogado ambientalista Lorenzo Soto. El mismo que el año pasado representó a las 15 comunidades diaguitas ante la justicia, logrando que se suspendieran provisoriamente los permisos ambientales a Barrick Gold. Hoy, sin embargo, no son pocos quienes lo acusan de buscar un acuerdo económico con la minera. “No entendemos nada, el mismo nos ayudó a parar a Barrick y ahora busca retomar las conversaciones con la empresa a través de este arreglo. No se lo vamos a permitir”, comenta uno de los opositores.

No es la primera vez que Lorenzo Soto es cuestionado por llevar los conflictos medioambientales a compensaciones económicas. Hace dos años se le culpó de poner en peligro las medidas judiciales que frenaron la termoeléctrica Castilla en la región de Atacama y de impulsar indemnizaciones millonarias a los afectados por las termoeléctricas Barrancones y Farellones por alrededor de 5.300 millones de pesos al Grupo Suez y 3.000 millones a Codelco, respectivamente. Otro de sus detractores en el Valle del Huasco, comenta que el trabajo de Soto consiste en unificar la resistencia y luego conseguir millonarias indemnizaciones. Entremedio ofrece sus servicios de manera gratuita. Muchos alegan que el abogado es un embaucador.

– Lorenzo Soto es un caza fortuna. Conocemos su currículo y su modus operandi. Yo estoy en contra de lo que le está haciendo a nuestra comunidad. Nos duele muchísimo- comenta Oriel Campillay, concejal de Alto del Carmen.

Según opositores al acuerdo, entre los que están el concejal Campillay, la Comunidad Organizada del Valle del Huasco, la comunidad Patai Coe, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, la negociación se llevó a cabo sin que los habitantes de las comunidades se enteraran. Además, acusan directamente a los dirigentes diaguitas por firmar un acuerdo sin la aprobación de sus bases.

Los dos nombres que más destacan son los de Solange Bordones y Ernesto Alcayaga, ambos representados por Lorenzo Soto, y que en el último mes, han sido los promotores mediáticos del acuerdo. Patricia Álvarez, presidenta del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, organización socio ambiental que lleva 13 años de funcionamiento, no duda en responsabilizarlos por firmar el acuerdo:

-Cuando los dirigentes firmaron, lo hicieron a espalda de las comunidades de base. La gente acá se enteró por los medios. Por eso creo que Lorenzo Soto es una persona que se aprovecha de los conflictos ambientales, que busca las compensaciones en vez del bienestar de las comunidades. Acá los diaguitas deben deberse a su tierra, no a las empresas- comenta Patricia Álvarez.

Oriel Campillay, concejal de la comuna de Alto del Carmen, denuncia que no solo el acuerdo se habría gestado a espaldas de la gente sino que también se estarían utilizando los recursos para realizar mejorías de infraestructura a la Asociación Comunal Indígena que tienen hace años. “Con la plata se compraron un furgón, arrendaron una oficina, contrataron personal y cada dirigente tiene un sueldo de un millón y medio, más viáticos. ¡Fueron incluso a comprar muebles a Santiago! Aquí se está lucrando. Solange Bordones, Ernesto Alcayaga y Lorenzo Soto han tratado de legitimar esto públicamente y supuestamente representándonos. Todo acá se hizo entre cuatro paredes”, comenta Campillay.

“Puras mentiras”

Los dirigentes representados por Soto se defienden. Yamilé Plaza, presidenta de la comunidad de Chigüinto, asegura que a pesar de la firma del acuerdo con Barrick por parte de los dirigentes comunales, las reuniones informativas sobre el convenio fueron citadas antes de la rectificación de las comunidades, para que todos estuvieran informados: “Se citó a la gente para rectificar el memorándum porque yo ya lo había firmado. Pero la gente sabía todo. Yo no sé por qué Oriel Campillay está llevando esta batalla contra nosotros. Yo no recibo plata, solo viático por reuniones. Yo creo que quiere plata, porque la gente está clarita acá, son todas puras mentiras”, asegura Yamilé Plaza.

Al ser consultada por los antecedentes de Lorenzo Soto en otros proyectos medioambientales aseguró no conocer los detalles y que prefería guardar silencio hasta consultarlo directamente con el abogado.

La semana pasada, el concejal diaguita tuvo una reunión privada en la Conadi denunciando que la Asociación Comunal se financiaba y lucraba con recursos del Acuerdo de Información. “Me dijeron que la Asociación debe hacerse con 25 personas que se constituyen bajo algún interés, sin fines de lucro y que no puede atribuirse la representación de todas las comunidades indígenas. Acá solo se convocó a 12 personas, por eso la Conadi nos apoyará con que la Asociación es ilegítima y funcionarán como ministros de fe cuando tomemos las medidas”, cuenta Oriel Campillay.

¿Cómo llegaron estos dirigentes representados por Lorenzo Soto a controlar las comunidades?

O.C: Solange Bordones llegó hace un tiempo y salió como dirigente. Ella tiene el don de la palabra y con la ayuda de Soto cualquier cosa es posible. De a poco juntó 12 personas y logró un acuerdo con la empresa. Imagínese como han reaccionado las comunidades. Y no somos los únicos que nos estamos organizando. Acá todos somos humildes. Ellos no me van a enseñar a mi cómo es nuestro valle. Alcayaga vive en Vallenar, Solange tampoco es de acá. Tendrán raíces pero nosotros nos criamos en esta tierra y cuando viene un extraño a decirte que uno es el que no es confiable, es terrible que lo traten en su propia casa así.

¿Cuántas comunidades lo respaldan a usted? 

Mira, yo creo que todas, porque lamentablemente son las cabezas de las comunidades las que piensan distinto. Nosotros seguiremos haciendo reuniones para informar a la gente para ver cómo se gestó esto.

¿Las comunidades est
án divididas?

En Chigüinto hay una pugna grande, todas las comunidades se están dividiendo. Acá todos pelean, ¡cómo vamos a estar nosotros de acuerdo con el atropello a nuestra gente! Estas mismas personas que hoy están pagadas, salían a marchar para proteger el agua. Ninguna de las personas que hoy representa a las comunidades es de acá.

Pascua Lama nos afectará a todos como país, ¿es legítimo que solo las comunidades diaguitas decidan si debe funcionar o no?

Nosotros jamás hemos querido que esta empresa esté acá, amiga. No vamos a permitir más contaminación. La gente de Corral está con quistes porque esa gente toma agua de río. Un día le echaron aguas servidas al río, tuvimos que ir a poner una demanda pero nunca supimos en qué quedó. Con plata todo se tapa. Nosotros conocimos lo que era tomar agua del río con gusto a hierba buena. Sabemos lo que es tener camino sin luz y pavimento. Cómo va a ser fiable si esta gente llegó de afuera.

¿Se rompieron las confianzas en el valle del Huasco?

Se rompieron las confianzas con las personas que nos “representan”, porque las comunidades seguimos acá y la gente que ama la tierra sigue junta. Yo creo que las confianzas se perdieron con aquellas personas que hoy están ganando plata. Nosotros amamos la tierra, nunca jamás vamos a querer la minera acá.

Actualmente Pascua Lama sigue paralizado y las trabas para su reanudación no vienen solo de las comunidades de la zona. Barrick Gold todavía debe resolver cómo financiar el resto del proyecto, ya que las modificaciones le costarían 4.000 millones de dólares adicionales a los 8.000 millones de dólares de inversión inicial. Oriel Campillay, en tanto, asegura que ya ha organizado reuniones informativas en las comunidades sobre los verdaderos alcances del acuerdo. Además, en los próximos días se presentará en las Comisiones de Medio Ambiente y Minería de la Cámara de Diputados para exponer las acusaciones.

 

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