¿Militarización de la Araucanía?

Es una región del centro de Chile y allí permanece un conflicto que el país no resuelve: la relación con el pueblo Mapuche, originario de esas tierras. La injusticia, la postergación y la discriminación continúa afectando a esa nación indígena, sobre la que se aplica la ley antiterrorista de la era de Augusto Pinochet. Uno de los planteos actuales surgido tras una serie de hechos de violencia que se han desatado es la militarización de esa zona.

 José Aylwin – El Ciudadano (Chile)

Los medios de comunicación dan cuenta de una serie de hechos de violencia -incluyendo la quema de bosques, el ataque a helicópteros que combaten los incendios forestales, el incendio a la propiedad de un agricultor en un sector urbano de Temuco, entre otros-, ocurridos en la Araucanía en días pasados.

Tales hechos se verifican en momentos en que se conmemoran otros hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en años anteriores, como el homicidio de Matías Catrileo a manos de carabineros hace seis años atrás, y el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, cuya autoría aún es investigada, ocurrido el año pasado en esta misma fecha. Se trata de hechos lamentables que deben ser condenados con la mayor energía. Por lo mismo deben ser investigados, y sancionados quienes resulten ser responsables de su autoría. Como lo hemos señalado en el pasado reiteradamente, la violencia -provenga ésta de agentes del estado, de integrantes del pueblo mapuche, de agricultores, o de cualquier otro sector de la sociedad- no es el camino adecuado para enfrentar los problemas de relaciones interétnicas pasados y presentes que persisten en esta parte del país, y solo contribuyen a dificultar la superación de las situaciones de injusticia, postergación y discriminación que siguen afectando al pueblo mapuche.

Su ocurrencia en las fechas conmemorativas de los hechos antes señalados, así como las reivindicaciones que grupos mapuche habrían realizado de algunos de estos hechos -otros habrían sido reivindicadas por grupos anarquistas- han llevado nuevamente a algunas autoridades, así como a medios de comunicación, a presumir la responsabilidad de los mapuche. Cabe rechazar categóricamente esas presunciones de responsabilidad realizadas antes de que la justicia investigue y determine quiénes están detrás de estos hechos, las que por lo mismo deben ser consideradas arbitrarias y discriminatorias.

Junto a ello, las autoridades han vuelto a proponer la aplicación de la ley antiterrorista para la investigación de estos delitos. Al respecto cabe observar el doble estándar de dichas autoridades, las que tratándose de delitos cuya autoría presumen corresponde a los mapuche, proponen la aplicación de la ley antiterrorista, en contraste con aquellos delitos en cuya autoría existen antecedentes del involucramiento de agentes policiales del estado, casos en los que ellas parecen seguir tolerando la competencia de la justicia militar para conocerlos. Sin instar además por la realización de las modificaciones legales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el caso Palamara (2005), para poner término a la competencia de dichos tribunales para conocer casos que involucren a civiles.

Cabe recordar que la justicia militar ha dejado sistemáticamente en la impunidad los delitos cometidos en los últimos años por agentes policiales en contra de mapuche en el marco de los conflictos por tierras.
Llama la atención también el que las autoridades de gobierno propongan como alternativa para abordar esta espiral de violencia, la del reforzamiento de las fuerzas policiales en la región. La militarización de la Araucanía que algunos proponen y a la que las autoridades parecen apostar en el contexto actual, no solo resulta una opción riesgosa, puesto a que en última instancia se trata de una propuesta de violencia represiva para enfrentar la violencia que se imputa al mundo mapuche, sino que además, es inconducente para dar respuesta a los problemas de fondo que están detrás del complejo escenario que hoy se vive en la Araucanía y regiones aledañas.
Por otro lado, muchas comunidades mapuche siguen siendo violentadas cotidianamente al no poder decidir sus prioridades en materia de desarrollo, derecho que les es reconocido a los pueblos indígenas por el Convenio 169. Ello toda vez que el estado sigue empecinado en imponer su propuesta de desarrollo en los territorios indígenas.
Los dilemas que se presentan para el estado en el futuro próximo en su relación con el pueblo mapuche son significativos: o se sigue en la lógica del abordaje policial y la criminalización de su protesta, o entiende que, tratándose de un problema esencialmente político, se requiere de un abordaje mucho más integral, que debe tener al diálogo, el entendimiento y la negociación -y no la represión- como elementos centrales.
Todo parece indicar que ha llegado la hora de un diálogo de esta naturaleza para abordar un tema histórico nunca resuelto; el de la justicia para el pueblo mapuche como base para una convivencia interétnica armónica en la Araucanía. Sino lo hacemos ahora, es muy posible que sigamos lamentándonos, quizás por muchos años, por escenarios de conflicto y de violencia como el que hoy concita el interés de los medios.

Leer artículo completo aquí