¿Una solución para los migrantes?

Centroamérica 

El lanzamiento de una Alianza para la Prosperidad entre Guatemala, El Salvador y Honduras es un buen programa para frenar la migración a Estados Unidos. Mejorar la situación socioeconómica en las zonas del triángulo norte es un gran paso para acabar con el problema. Sin embargo, la medida es a largo plazo y es necesaria la cooperación estadounidense para frenarlo. 

Foto: AP

Julio López- Plaza Pública (Guatemala) 

El 22 de diciembre pasado, la encargada de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Raquel Vielman, dijo que Guatemala “redujo su migración irregular (a EE.UU.) en un 70%”. Sin embargo, las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) indican lo contrario.

Las autoridades migratorias de EE.UU. interceptaron a 17,057 niños y adolescentes guatemaltecos en su frontera sur entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, el período que ese país designa como su “año fiscal” 2014. La cifra es mayor que cada una de las cifras anuales en los cuatro años fiscales anteriores (2010-2013). Pero, además, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2014, los guatemaltecos fueron el mayor grupo centroamericano interceptado entre menores de edad, que decían viajar solos, y “unidades familiares” (que incluyen desde un menor y un familiar o encargado, hasta una familia completa), según la CBP. Sólo en el último trimestre del año pasado, EE.UU. detuvo a 2,746 niños y adolescentes guatemaltecos. 

Entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando estalló la crisis de los menores migrantes en EE.UU., y la capacidad de los albergues se desbordó, las autoridades de ese país habían interceptado cerca de 52 mil niños y adolescentes centroamericanos. En ese entonces, la atención se fijó en Honduras, porque durante el año fiscal 2014 en EE.UU. fueron interceptados más niños y adolescentes hondureños que de otros países centroamericanos y de México. Cifras oficiales indican que el año pasado Honduras tuvo una tasa de homicidios de 66 por cada 100 mil habitantes, pero datos extraoficiales indican que la tasa fue de 104.

En Guatemala, la violencia disminuyó pero la migración de menores de edad se incrementó. En 2010, la tasa de homicidios comenzó a bajar después de alcanzar 46 casos por cada 100 mil habitantes el año anterior. En enero de 2015, el presidente Otto Pérez Molina dijo que durante su gobierno (entre 2012 y 2014) la tasa de homicidios se redujo de 39 a 31 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la intercepción de niños y adolescentes guatemaltecos migrantes en la frontera sur de EE.UU. aumentó de forma sostenida desde 2009.

“Las autoridades migratorias de EE.UU. interceptaron a 17,057 niños y adolescentes guatemaltecos en su frontera sur entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, el período que ese país designa como su “año fiscal” 2014. La cifra es mayor que cada una de las cifras anuales en los cuatro años fiscales anteriores (2010-2013)”

Para junio de 2014, los presidentes de Guatemala y El Salvador, Pérez Molina y Salvador Sánchez Cerén, y un representante del gobierno de Honduras, pedían al gobierno de EE.UU. asistencia económica para el estimular el desarrollo de las zonas de donde salen más migrantes. En cambio, recibieron asistencia para emprender campañas para desestimular la migración. EE.UU. también les pidió reducir la pobreza y la violencia.

En Guatemala, la SBS inauguró la campaña “Quédate”: mensajes en vallas publicitarias y medios de comunicación, escuelas y consejos de desarrollo para instar a las familias a no enviar a sus hijos a EE.UU. También ofreció la creación de programas de capacitación técnica y microcréditos en las zonas de donde migran más guatemaltecos.

Es decir, la reunificación familiar era un factor principal para migrar, que se traslapaba con la violencia o la pobreza, o ambas.

El gobierno anunció el inicio de la campaña con un plan piloto en San Marcos y Sololá, pero no ha divulgado resultados del programa salvo por el anuncio de Vielman respecto a la reducción “del 70% en la migración irregular” de menores de edad, que no concuerda con las cifras de la CBP. Vielman asegura que desde 2012 la SBS creó 15 sedes departamentales para atender a los menores de edad en riesgo, por ser víctimas de negligencia, maltrato físico o emocional, violencia intrafamiliar o abuso sexual. Según la funcionaria, los programas de la SBS atienden a 48 mil beneficiarios, entre los menores de edad y sus familias. No obstante, el efecto aún no se percibe en las cifras de los niños y adolescentes indocumentados que viajaron a EE.UU. en el segundo semestre de 2014.

¿Una luz al final del túnel?

El 14 de noviembre, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad, para mejorar la situación socioeconómica en las zonas del triángulo norte centroamericano y reducir la migración hacia EE.UU. El programa promueve la rendición de cuentas y gestión por resultados, pero se trata de una ejecución a cinco o diez años largo plazo, que requiere fondos estatales, de iniciativa privada y de otras instancias no especificadas. En los últimos cinco años el BID, que fungirá como secretaría técnica de la alianza, ha prestado al menos US$3 millardos a la región para proyectos de desarrollo.

Además, el 29 de enero pasado, el presidente de EE.UU. Barack Obama anunció que solicitará la aprobación de un millardo de dólares “para el año fiscal 2016” (octubre 2015-septiembre 2016) para “promover la prosperidad y la integración económica de Centroamérica, mejorar la seguridad ciudadana, y promover un mejor gobierno”. El monto casi triplica la cantidad que EE.UU. destina anualmente a la región, y debe contar con la aprobación del Congreso estadounidense. 

Mientras tanto, los menores de edad que intentaron ingresar en EE.UU. sin documentos aún esperan que una corte migratoria resuelva sus solicitudes de asilo. Según cifras oficiales, para finales de noviembre de 2014, cerca de 56,828 menores de edad que permanecieron en los albergues fueron entregados a sus familiares, y aguardaban su primera audiencia con un juez de migración o la decisión final del juez. La mayoría todavía espera una resolución para sus casos, según Jennifer Podkul, abogada especializada en casos migratorios de menores de edad y oficial de la ONG estadounidense Women’s Refugee Commission.

Los antecedentes en el otorgamiento de asilo de 2005 a 2014 no son desalentadores. En los casos juveniles en cortes de inmigración, un 47% de los solicitantes que tenían abogado lo logró, y sólo el 10% de los que carecía de asistencia jurídica.

“El 14 de noviembre, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron el lanzamiento de la Alianza para la Prosperidad, para mejorar la situación socioeconómica en las zonas del triángulo norte centroamericano y reducir la migración hacia EE.UU “

Los menores que no tienen familia en EE.UU. sólo son elegibles al status de refugiado si hay evidencias de que fueron víctimas de abuso doméstico o trata de personas. Los menos afortunados son deportados, como la mayoría de adultos.

B., que ronda los 30 años de edad, apenas pasó 48 horas en EE.UU. El 26 de noviembre de 2014, fue sorprendido “in fraganti” cuando saltaba el muro de la frontera en McAllen, Texas. Ni enterado estaba que seis días antes Obama había anunciado una acción ejecutiva que podría ayudar a miles de migrantes indocumentados que entraron a EE.UU. antes de 2010 a legalizar su situación. B. supo de la acción ejecutiva el día que lo deportaron, cuando una perio
dista le preguntó al respecto. B sólo se encogió de hombros.

B. fue uno de los 2,516 guatemaltecos deportados por vía aérea en noviembre pasado, de un total de 51,157 en todo 2014, según la Dirección General de Migración. Entre ellos, 109 menores de edad, según la SBS. Junto a los deportados por vía terrestre desde México, sumaron en total 96,271.

Fuentes afirma que al menos un tercio de los deportados intenta volver a EE.UU. Unos, porque tenían hasta 25 años de vivir en EE.UU., donde dejaron a su esposa e hijos, y no tienen a nadie en Guatemala. Otros, para no perder el dinero que pagaron al coyote, que puede cubrir hasta tres intentos de cruzar la frontera. B., sin embargo, dijo que no piensa hacer otro intento. Quedó desencantado.

El 28 de noviembre pasado, en las inmediaciones de la Fuerza Aérea, en la zona 13 (donde aterrizan los vuelos de los deportados), B. intentaba averiguar qué autobús abordar para llegar a la terminal de la zona 4 capitalina y buscar otro para volver a Zacapa. Le acompañaba otro deportado: un joven de unos 20 años, de Esquipulas, Chiquimula, donde trabajaba colocando mercadería en un supermercado hasta antes de viajar. Habría parecido el deportado más joven ese día a no ser por otro muchacho de apenas metro y medio de estatura, con un tímido bozo asomando por las comisuras de los labios. Aseguraba tener 18 años. Pero no parecía convencido. Llamaba desde un teléfono público para asegurar su encuentro con un familiar en el trayecto hacia Quiché. Sólo colgó, y junto a otro deportado (ya mayor) dio un giro ríspido y en segundos se perdieron entre los peatones de la Avenida Hincapié. No sonreían, como no sonreía ningún otro de los deportados aquel día.

 

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