Martín Vizcarra y su destitución en Perú: las claves del proceso que lo sacó de la Presidencia

El Congreso de Perú destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, el mismo argumento por el que se había iniciado un juicio político hace dos meses pero con un resultado favorable para el ahora exmandatario. “Hoy dejo el Palacio de Gobierno”, afirmó ayer al aceptar la decisión del Parlamento y abandonar de forma inmediata la Casa de Gobierno, que ahora será ocupada por Manuel Merino. Las razones por las que lo acusan de corrupción, la reacción de quienes advierten un Golpe de Estado y la continuidad de la institucionalidad en el país. 

El primer intento de destitución

El 10 de septiembre, seis de nueve partidos representados en el Congreso peruano presentaron una moción para destituir a Vizcarra, luego de que salieran a la luz audios que lo relacionan con un caso de corrupción. En la grabación en cuestión,  Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión que investigaba la contratación aparentemente irregular de un cantante, Richard Swing Cisneros. Por entonces, la destitución del mandatario consiguió apenas 32 votos, muy lejos de los 87 necesarios para aprobarla.

Este fue uno de los tantos choques de Vizcarra con el Congreso. En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el Congreso y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.

A cinco meses de las elecciones, un nuevo juicio político

El Congreso destituyó a Vizcarra cuando faltan apenas cinco meses para que se celebren elecciones presidenciales. Esta vez, fue removido por una amplia mayoría de 105 votos contra 19 en contra y cuatro abstenciones.

El nuevo juicio político se basó en denuncias según las cuales Vizcarra recibió sobornos por 2,3 millones de nuevos soles (equivalentes a poco más de 630.000 dólares al cambio actual) a cambio de otorgar dos contratos de obras públicas cuando era gobernador del departamento sureño Moquegua

Dos altos directivos de empresas contaron a la Fiscalía que le pagaron coimas a Vizcarra a cambio de contratos de obras públicas en 2014. Las constructoras para las que trabajaban están envueltas en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

A los testimonios, se sumaron unas conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y el exministro de Agricultura José Hernández, que mostrarían que había una coordinación entre los dos funcionarios relativa a las empresas que supuestamente pagaron las coimas.

La reacción de Vizcarra

Dado que en este momento Perú no tiene vicepresidente, le corresponde asumir el Ejecutivo al presidente del Congreso, Manuel Merino, y convocar “de inmediato” a elecciones, según la Constitución, que sin embargo no precisa un plazo para ello.

Vizcarra acusó a los parlamentarios rivales de querer sacarlo para retrasar las elecciones de 2021 y, de ese modo, prolongar su mandato en el Congreso. El expresidente destacó en sus descargos que una vacancia (destitución) “es una medida extrema”, que no debía ser aplicada por el Congreso “cada mes y medio”.

Además, advirtió que fue atacado “de forma sistemática” con “la difusión de reportajes sesgados”. “Con firmeza y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido actos de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país”, afirmó el mandatario.

“Me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido”, agregó Vizcarra, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno, lo que se reflejó en las marchas que se realizaron ayer en Lima para apoyarlo tras su destitución.

Las denuncias de un golpe de Estado

Aunque después de conocerse la medida, Vizcarra anunció que dejaría la jefatura del Estado de inmediato, la reacción de los candidatos fue mucho más dura.

George Forsyth, hasta el momento favorito en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de abril próximo, no dudó en denunciar que su país afrontó  “un golpe de Estado disfrazado” por el Congreso.

“La indignación de millones de peruanos debe servir para jubilar a los políticos criminales y hacer un cambio generacional en las siguientes elecciones que se tienen que dar sí o sí”, enfatizó el político, de 38 años.

Una posición similar fue manifestada por la también candidata presidencial Verónika Mendoza, una de las principales líderes de la izquierda peruana, quien convocó a la ciudadanía a movilizarse para enfrentar la decisión del Congreso.

“Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente”, remarcó.

Los primeros candidatos en rechazar la decisión del Congreso fueron el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, quien participó de las movilizaciones en el centro histórico de Lima. “Que quede claro: esto no es por Vizcarra, es por el Perú”, publicó Guzmán en Twitter.