Martín Vizcarra se salvó de ser destituido por el Congreso peruano

El presidente peruano Martín Vizcarra se salvó de ser destituido por el Congreso porque los diputados que pedían su renuncia no consiguieron los votos necesarios para aprobar el juicio político en su contra. Si bien logró conservar su cargo, el mandatario sigue bajo sospecha del Ministerio Público. “Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos”, tuiteó Vizcarra, en su primera reacción. 

La destitución del mandatario consiguió apenas 32 votos, muy lejos de los 87 necesarios para aprobarla, y aún de los 65 con que el viernes pasado fue admitida la moción para su debate y votación. En cambio, 78 legisladores rechazaron la iniciativa y otros 15 se abstuvieron, en tanto cinco estuvieron ausentes.

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia, en consecuencia pasa al archivo”, señaló el jefe del Congreso, el opositor Manuel Merino, uno de los promotores del juicio político y quien hubiera asumido la Presidencia en su lugar si el proceso hubiese prosperado. 

El viernes 11, una mayoría simple aprobó la moción de vacancia que inauguró el juicio político tras la presentación de una serie de grabaciones en las que supuestamente Vizcarra pide a dos asesoras que mientan ante una comisión que investigaba la contratación aparentemente irregular de un cantante.

“Reconozco que es mi voz, lo que de ninguna manera voy a aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información” porque “son audios de los cuales no se demuestra su validez” y no fueron “peritados ni contrastados”, dijo Vizcarra ante el parlamento.

La ley no obligaba a Vizcarra a defenderse personalmente, pero igual lo hizo junto a su abogado, Roberto Pereira, tras el pedido público de ocho de las nueve bancadas del Parlamento para que diera explicaciones.

A pesar de los comprometedores audios, ocho de cada diez peruanos quería que Vizcarra continuara y, aunque el 41% consideró “incorrecta” su conducta, no estimó que fuera “grave”, según una encuesta de la firma Ipsos.

Mientras el proceso que condujo a la destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff en 2016 demoró ocho meses, en Perú la causa contra Vizcarra duró apenas ocho días.

Después del juicio, una nueva normalidad

Una “nueva normalidad”, similar a la impulsada por el Gobierno ante el impacto del coronavirus, que tiene a Perú como el quinto país más afectado del mundo, con más de 756.000 casos y 31.000 fallecidos, también parece haberse instaurado en la política peruana, caracterizada por pasar de períodos de constante agitación y enfrentamientos a otros de invocación a la unidad y conciliación.

Este último fue, precisamente, el tono con que Vizcarra respondió a la decisión del Congreso de rechazar su destitución, ya que a pesar de las serias acusaciones y duros calificativos que recibió, llamó a la unidad y a “actuar con sensatez y responsabilidad” a todos los actores políticos de su país.

El gobernante pidió seguir “trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos”, entre lo que mencionó a “la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción”.

Vizcarra sigue en la mira de la Justicia

No obstante, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez vinculó a Vizcarra y a la exministra de Cultura Patricia Balbuena con aparentes responsabilidades en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros, el caso que originó el escándalo que motivó el juicio político al mandatario.

“Se advierte la presunta vinculación con altos funcionarios públicos de gobierno como son el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, actual presidente de la república, y la exministra de Cultura Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, con un presunto hecho de connotación penal”, afirmó Sánchez.

Lo hizo en la resolución en la que decidió investigar e imputar a tres exfuncionarias de menor rango. Además, al no tener competencia para investigar a Vizcarra y Balbuena, Sánchez remitió un informe a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que esta se pronuncie de acuerdo con sus atribuciones.

De cualquier forma, si se comprobara que Vizcarra cometió algún delito solo podrá ser procesado por la Justicia una vez que deje el cargo, lo que debe ocurrir el 28 de julio de 2021 o podría suceder antes solo si el Congreso volviera a formarle un proceso de vacancia y reuniera los votos necesarios para destituirlo.