Mano dura en Brasil: Moro lanzó su plan de seguridad

El ministro de Justicia y Seguridad de Brasil, el ex juez Sergio Moro, presentó un plan que modifica más de una decena de leyes con el supuesto objetivo de “atacar” la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos. Entre las medidas punitivistas, incluyó una ley que podría afectar directamente la situación del expresidente Lula Da Silva y el respaldo a la actuación de policías en supuesta situación de “legítima defensa”.

Unos de los puntos del proyecto ómnibus del presidente Jair Bolsonaro, que será presentado «en breve» al Congreso, será darle forma de ley a una jurisprudencia aprobada en 2016 por la Corte Suprema, que autoriza a encarcelar a un reo que ha sido condenado en segunda instancia, pese a que la Constitución dice que eso sólo puede ser cuando se agoten todas las apelaciones.

Ese asunto generó mucha polémica, sobre todo después de que el propio Moro, entonces juez, ordenara en abril pasado llevar a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando una corte de segunda instancia ratificó la pena que le había impuesto el propio ministro por corrupción, cuando aún le restaban recursos.

Justamente el Supremo Tribunal Federal (STF) deberá tratar nuevamente en abril la cuestión de encarcelamiento en segunda instancia. En caso de que haya un cambio de posición podría llevar a la liberación de numerosos condenados, incluyendo a Lula, quien cumpe desde abril una pena de 12 años y un mes de cárcel en una causa sin sentencia firme.

Otro punto del proyecto que levantó polvareda fue el que define como «legítima defensa» a la intervención de un agente policial que, «en conflicto armado o en riesgo de conflicto armado inminente, previene una agresión injusta en su contra o contra terceros», y establece que el juez podrá reducirle el castigo o eximirlo si identifica un exceso producto del «miedo, sorpresa o violenta emoción».

«La policía no precisa esperar a que le disparen para actuar», anunció Moro, ponderando «el conflicto armado entre policías y delincuentes no es una estrategia de seguridad pública recomendable ni buscada por este ministerio». Los organismos de derechos humanos ya habían advertido sobre el riesgo de una medida de este tipo, que funciona como un cheque en blanco para las fuerzas de seguridad.

«No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa (…). Eso es algo que ya se hace en la práctica», alegó Moro, quien insistió en que “no es una licencia para matar”.

Según Moro, la intención es reforzar el papel de «la ley como factor inhibidor» y la presentación del proyecto al Congreso depende sólo de una última revisión de Bolsonaro, quien está hospitalizado tras haber sido sometido a una operación para retirar una colostomía aplicada después de que sufrió un atentado en septiembre pasado.

Bolsonaro, en un mensaje enviado al Congreso desde el hospital, quiso marcar la ruptura con un pasado bajo gobiernos que fueron «tímidos en la protección de la víctima y efusivos en la victimización social del criminal».