Los medios y la vulnerabilidad adolescente

El caso de un empresario procesado por explotación sexual de niños recibe menos atención por parte de los medios de comunicación uruguayos que el de un adolescente que está infringiendo la ley. No infomar sobre adultos que cometen esos delitos implica, además, una violación a los derechos de los niños. Un artículo de Brecha se refiere justamente a la disparidad y la indefensión con la que se abordan perdiodísticamente los temas que involucran a la infancia.

 Edison Lanza – Brecha (Uruguay)

Aunque sea una práctica extendida, no deja de sorprender el criterio que buena parte de los medios de comunicación aplican frente a la información de interés público que involucra a adolescentes: si el infractor es un adolescente en conflicto con la ley, en muchos casos se lo identifica –incluso se han dado batallas jurídicas en defensa de la libertad de expresión sobre la privacidad de estos menores–.

Sin embargo, cuando un encumbrado político o empresario es procesado por explotar sexualmente a adolescentes se elude identificarlo en nombre de su derecho al honor y a la vida privada. La vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes está tan naturalizada en nuestra sociedad, que el reciente caso de Javier Moya, un “importante empresario puntaesteño” procesado con prisión por explotar sexualmente a adolescentes, dejó al descubierto una vez más esa perversión en los términos sobre cómo entendemos los derechos a la libertad de expresión y al honor, reputación o privacidad. Si se trata de personas que provienen de grupos vulnerables se la escracha sin mediar mayor reflexión; si una persona pública es la que viola derechos de un grupo vulnerable se duda, o se la protege utilizando eufemismos que rayan en el ridículo.

El conflicto entre la libertad de expresión y el honor (dos derechos de igual jerarquía en la teoría) ha generado voluminosos tratados, pero en los últimos 20 años se han construido estándares que resuelven ese conflicto. Las personas públicas, ya sean funcionarios públicos o personas que voluntariamente se exponen al público, deben soportar un escrutinio mayor en su vida privada. Están expuestas, porque hacen de la publicidad y de las relaciones públicas una forma de prestigio y de ejercicio del poder. En general se entiende que el derecho a informar prevalece sobre el honor, aun admitiendo que en algunos casos se interfiere en la vida de relación de estas personas.

En el caso que nos ocupa no hay ningún impedimento para identificar y nombrar a un “notorio empresario”, muy conocido en su comunidad, procesado no sólo por pagar a menores por mantener sexo, sino por formar parte de una red que directamente lucra y explota a adolescentes de sectores vulnerables.

No hay impedimento legal alguno para informar sobre esta red de adultos: al menos uno es una persona pública y el tema en cuestión es de alto interés público. Pero, sobre todo, el hecho entraña una grave violación de los derechos de un grupo de niñas y adolescentes vulnerables, y en ese caso también hay que considerar que nombrar a los responsables constituye una forma de terminar con la impunidad y las prácticas violatorias de derechos que están naturalizadas en nuestra sociedad.

Se podrá decir que no recayó una condena definitiva sobre los involucrados, pero el procesamiento con prisión implica la existencia de semiplena prueba de culpabilidad para el Ministerio Público y el Poder Judicial, algo que la prensa no puede obviar. Sería deseable tener otro proceso penal más expeditivo y que no deban transcurrir años para determinar si una persona es inocente o culpable, pero la prensa no forma parte del aparato judicial. ¿Qué deberían hacer los periodistas en casos de procesamientos por corrupción, o de violaciones a derechos humanos? ¿Ocultar o esperar? Jamás sucede, entonces ¿por qué tanta precaución en este tipo de casos?

 

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