Los fiscales del Lava Jato volvieron a denunciar a Lula da Silva y su defensa advirtió sobre una persecución judicial

El grupo de fiscales del caso ‘Lava Jato’ presentó una nueva denuncia contra el expresidente de Brasil Lula da Silva por un supuesto delito de blanqueo de capitales, dos semanas después de que la Justicia del país anulara por unanimidad otra de las denuncias que pesaban contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). La defensa del ex mandatario advirtió que esta demanda repite el modus operandi de las anteriores. “Se vuelve a recurrir a acusaciones inmateriales contra opositores”, resaltó el abogado Cristiano Zanin Martins. 

En este caso, los fiscales argumentaron que, a través de su fundación, Lula habría recibido entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 donaciones irregulares por cuatro millones de reales por parte del gigante Odebrecht, en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras. Además del antiguo mandatario brasileño, también fueron denunciados su exministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto.

Los fiscales afirmaron que esas transferencias se realizaron por la via legal, pero aclararon que esas cantidades fueron descontadas de los sobornos que Odebrecht pagó para quedarse con una serie de contratos públicos. De acuerdo con estas investigaciones, fueron los propios Lula y Okamotto quienes pidieron a la constructora brasileña que utilizaran la fundación del expresidente para “disfrazar” estos pagos ilegales. 

Según la defensa, esas acusaciones surgen en un momento en que la ilegalidad de los métodos del Lava Jato contra Lula fue reconocida en tres juicios ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

Hace apenas dos semanas, el Tribunal Regional Federal de la primera Región (TRF1) consideró por unanimidad que no existen elementos que justifiquen la continuación del juicio por la presunta participación del exmandatario en contratos fraudulentos entre Odebrecht y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

“Siempre que fue juzgado por un organismo imparcial e independiente fuera del Lava Jato de Curitiba, Lula fue absuelto o el cargo fue desestimado sumariamente, en línea con la defensa que presentamos a favor del expresidente”, resaltaron sus abogados. 

Lula, quien fue condenado por supuestos actos de corrupción, estuvo encarcelado 580 días en Curitiba. Salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el STF que los presos sin sanción en primera instancia y que no constituyan peligro para la sociedad pueden esperar en libertad.

La renuncia de los fiscales cuestionados

También hace dos semanas siete de los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato renunciaron a sus cargos por divergencias con las políticas de la Fiscalía General, luego de que el organismo insinuara que el grupo habría incurrido en “excesos” durante sus investigaciones. 

El fiscal general Augusto Aras atacó en particular los métodos de los fiscales de Curitiba, a quienes acusó de mantener “una caja de secretos” con “50.000 documentos” bajo la más completa “opacidad”.

La renuncia en masa de los fiscales de Sao Paulo fue anunciada un día después de la dimisión del procurador jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien atribuyó su decisión a cuestiones familiares pero que en las últimas semanas también mantuvo un cruce con Aras.

Dallagnol lideró desde el inicio de la operación, en 2014, el grupo de fiscales dedicados exclusivamente a los casos de la Lava Jato, y trabajó codo a codo en esos asuntos con el entonces juez Sergio Moro, que en 2019 asumió el Ministerio de Justicia con Bolsonaro y dimitió en abril pasado enemistado con el gobernante.

Como magistrado, Moro dictó algunas de las sentencias más duras y polémicas de todo ese proceso, como la que condenó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un juicio en el que fue acusado de actuar “imparcialmente” y con “fines políticos”.