Los desalojos forzosos de campesinos e indígenas en Paraguay llegarán a la CIDH 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindó una audiencia a la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) para que exponga su denuncia sobre los 12 desalojos forzosos que ocurrieron en el país en 2021. 

Según la organización, unas 5000 personas de comunidades campesinas e indígenas, y habitantes de asentamientos, fueron desalojadas de manera forzosa el año pasado. De acuerdo al registro del Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base, 10 operativos ocurrieron en comunidades campesinas y tres en asentamientos urbanos. 

Los desalojos se realizaron principalmente en los departamentos San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú, y, según la Codehupy, varios de ellos se llevaron adelante sin orden judicial y con la participación de guardias privados y civiles armados.

Las “tierras malhabidas” y la dictadura de Stroessner

La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a impulsar un total de 32 demandas en busca de recuperar parte de las casi 8 millones de hectáreas de las llamadas “tierras malhabidas”, propiedades repartidas irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner y aún después del gobierno de facto.

Del total de acciones presentadas en contra del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los beneficiarios irregulares se tiene apenas cinco sentencias desfavorables para el Estado paraguayo.

El nuevo arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, reclamó hoy que se tome “en serio” la cuestión de la tierra, en un país con una enorme concentración de la propiedad.

“Sabemos cuál es la situación de las tierras, donde uno tiene título y el otro no; hay títulos que están encimados y no es muy claro. Entonces, hay que tomar en serio, catastrar las tierras y hacer lo que se debe hacer para que el Estado regularice los que tienen malhabidas”, expresó Martínez.

En septiembre, el Congreso endureció las penas para quienes invadan tierras privadas, una decisión con fuerte respaldo de sectores ganaderos y agrícolas, y resistida por campesinos y comunidades indígenas.

Un estudio de la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ) que investigó delitos durante la dictadura de Stroessner concluyó que el 37% de las tierras arables del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.