Los activistas de Cuba piden al gobierno que haga campaña para aprobar el matrimonio igualitario 

En Cuba se está llevando adelante desde el 1 de febrero una consulta popular sobre el Código de Familias, una reforma legislativa que busca actualizar el actual, de 1975, incluyendo, entre otras cosas, el matrimonio igualitario y la gestación subrogada.

Durante la consulta popular, que se extenderá hasta el 30 de abril, los cubanos podrán hacer correcciones y agregados al documento propuesto por el gobierno a través de instancias presenciales y virtuales en las que no se genera un intercambio. Posteriormente, esos aportes serán evaluados y la iniciativa será tratada, en mayo, en la Asamblea Nacional, donde se da por descontada su aprobación. Por último, el Código de Las Familias será sometido a un referéndum previsto para la segunda mitad de este año.

El documento fue elaborado por una comisión de juristas y autoridades y tomó los aportes de organizaciones sociales. Redefine el matrimonio, que pasa de ser la unión entre un hombre y una mujer para convertirse en la de “dos personas” con “derechos y obligaciones absolutamente iguales”.

Además, el proyecto prohíbe el matrimonio infantil y permite la adopción por parte de parejas de todo tipo, a la vez que modifica las bases del parentesco para incluir vínculos afectivos y no solamente sanguíneos.

Las críticas de los activistas

Activistas LGBTIQ+ consultados por medios cubanos no oficialistas celebraron el documento, pero critican varios aspectos del proceso.

La primera crítica que surge es por qué se somete a votación lo que debería ser un derecho garantizado por el Estado. En esta línea, también se cuestiona que otras iniciativas legislativas no suelen ser refrendadas.

Además, los activistas apuntan que este es un momento complejo en Cuba, que todavía vive las consecuencias de la multitudinaria protesta del 11 de julio y los intentos posteriores para repetirla. Con opositores detenidos, condenados y hasta autoexiliados, el clima está todavía enrarecido. En este contexto, el hecho de que sea el gobierno el promotor del Código de Las Familias, aunque en su redacción hayan ocupado un lugar importante organizaciones sociales, puede jugar en contra de la iniciativa.

Las dificultades de campaña

También se señala que es poco el acceso de organizaciones vinculadas a estos temas a los distintos espacios de debate, como los medios de comunicación masivos, y que las cuestiones vinculadas a lo LGBTIQ+ no tienen mucha visibilidad en Cuba, donde Mariela Castro es la única parlamentaria abiertamente militante en estos temas.

Por el contrario, los activistas señalan que las iglesias y grupos conservadores tienen acceso a esos espacios, así como llegada al gobierno y otros sectores vinculados al poder. Un antecedente que demuestra el alcance que tienen estos grupos fue, en septiembre, la suspensión por parte del gobierno de un programa de educación sexual integral que incluía a la comunidad LGBTIQ+. Resistida por varias iglesias y organizaciones civiles cristianas, la implementación del programa educativo quedó postergada hasta la aprobación del Código de Las Familias.

En la misma línea, las agrupaciones manifiestan su preocupación por hacer campaña en un contexto de restricciones a la militancia. “Al realizarse en medio de un panorama en el que no se le permite al activismo reunirse, manifestarse, llegar a los medios de comunicación masiva -y que, por supuesto, no cuenta con el espacio que tienen las iglesias- esta consulta es engañosa para la gente”, consideró la periodista impulsora de la colectiva Casa Palanca, Marta María Ramírez, en declaraciones al sitio de noticias Tremenda Nota.

Los reclamos al gobierno

En este contexto, los activistas reclaman al gobierno que haga campaña para defender la propuesta incluida en el Código de Las Familias tanto en la consulta popular como en el debate en la Asamblea Nacional y el posterior referéndum.

El gobierno no se ha pronunciado específicamente ante este pedido, que tampoco ha sido presentado formalmente, pero en varias ocasiones el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha pedido a la población que no centre en el matrimonio igualitario el debate sobre el Código de Las Familias. “Es simplificarlo, porque tiene aspectos más enriquecedores, más enaltecedores, más emancipadores”, consideró el día del lanzamiento de la consulta popular.

En particular, las organizaciones le solicitan al estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) que pise fuerte en la campaña, institución dirigida por Mariela Castro que consideran más afín a sus posturas.

El subdirector del Cenesex, el jurista y activista Manuel Vázquez, dijo este jueves entrevistado por la agencia de noticias EFE que es de “justicia social” reformular el matrimonio como institución jurídica para “democratizar” su acceso y consideró que se trata de una discusión “necesaria, urgente e impostergable para la sociedad cubana”.

Vázquez rechazó que las iglesias cristianas busquen “restringir el catálogo de derechos garantizados que propone este proyecto”, pero a su vez rechazó las críticas de los activistas con respecto a que un derecho se someta a referéndum. “Una consulta popular da salud a cualquier norma jurídica, ya que su esencia no es aprobarla o no, sino democratizar el proceso de elaboración de la norma”, aseguró.

Además, Vázquez llamó a las organizaciones a no concentrarse en las críticas al proceso que atravesará el Código de Las Familias, sino en “cómo van a contribuir a que el proceso resulte en una victoria”.