Los 43 estudiantes de Ayotzinapa: una herida abierta en México a cinco años de su desaparición

Cinco años después de aquel dramático 26 de septiembre en que desaparecieron los 43 estudiantes en Iguala, los mexicanos aún reclaman justicia. Una ventana de oportunidad se abrió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, un hombre a quien los familiares definen como “sensible a la causa”, pero su margen de acción es limitado ante las fallas en las investigaciones previas, que incluyeron casos de tortura.

De las 142 personas que habían sido detenidas por tener relación con el crimen, sólo 65 están presas hoy en día y el desastre procesal es tal que el presidente ordenó que se investigue la causa desde cero.

La desaparición de los 43 es uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente del país. “Es un símbolo, nos abrió los ojos a muchos y nos hizo darnos cuenta de que vivimos sobre una fosa clandestina, que el país tiene demasiados desaparecidos”, explicó a Latinoamérica Piensa Pilar Aranda, del colectivo “Ayotzinapa Somos Todos”.

Hace cinco años, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, que se desplazaban en micros, fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, de acuerdo a la historia oficial.

Durante muchos años el gobierno de Enrique Peña Nieto instaló la versión de que los narcotraficantes asesinaron a los jóvenes e incineraron sus restos en un basurero de Cocula por confundirlos con miembros de una banda rival, pero hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó esa hipótesis.

Este jueves, miles de manifestantes acompañaron a los familiares de los desaparecidos en una masiva manifestación hacia la Fiscalía General para reclamar nuevamente por su aparición. “Hace cinco años que no sabemos dónde están”, se quejaron, luego de exigir Justicia con el grito que hace cinco años recorrió el mundo: «¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!».

“A cinco años, la de Ayotzinapa es una de las luchas y movimientos que, a pesar del desgaste, se ha mantenido y gracias a eso estoy segura de que van a tener una respuesta clara y a resarcir los daños”, evaluó Aranda, quien estuvo presente en la marcha.

El presidente también los recordó esta mañana, cuando en su conferencia de prensa diaria vistió una remera con el símbolo de la lucha de los 43 para mostrar su apoyo al caso de los estudiantes desaparecidos, Según explicó, los mismos familiares se la dieron en una reunión y le pidieron que la usara para visibilizar la causa.

“No hay impunidad para nadie y se está trabajando con la Fiscalía y espero se tengan pronto resultados, porque se están atendiendo con seriedad”, indicó sobre los avances en la investigación.

Según confirmó luego la Fiscalía, el mismísimo Peña Nieto podría ser llamado a declarar en los próximos días junto a todas las autoridades que tuvieron responsabilidad en la causa. El cuestionado exprocurador Jesús Murillo Karam ya fue citado, según confirmó el actual fiscal especial para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez.

Las lagunas de la investigación

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos denuncia que “las Autoridades han impedido que la verdad sobre los hechos sea conocida por las familias y por toda la sociedad”. “A los atroces crímenes del 26 de septiembre de 2014 les siguió una respuesta institucional que no sólo mostró las peores prácticas del sistema de justicia penal, sino que también evidenció a un sistema político agotado”, indicaron.

Desde el principio de la investigación se consideró que la desaparición era un caso a analizar a nivel estatal pero no nacional, por lo que no se pudieron recabar las pruebas necesarias para determinar qué fue lo que pasó aquella noche. Para peor, luego las autoridades nacionales presentaron ante las familias y la opinión pública la “verdad histórica” del basurero de Cocula que de acuerdo al Ceprodh “no estaba respaldada en evidencia científica” y se obtuvo a partir de “métodos ilícitos”.

«Es importante determinar el grado de participación de la policía federal en los hechos, así como del ejército, las policías municipales y autoridades estatales»

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de balance 2018

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que designó la CIDH determinó que el cuerpo de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar y rechazaron la teoría oficial. En el reciente informe de 2018 y luego de que Peña Nieto se negara a continuar con la participación de la GIEI, la CIDH advirtió sobre la falta de seguimiento al análisis del rol que tuvieron las fuerzas de seguridad y el resto de las instituciones estatales en la desaparición de los jóvenes.

La Comisión alertó recientemente que “no había nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos” e insistió en que es importante “determinar el grado de participación de la policía federal en los hechos, así como del ejército, las policías municipales y autoridades estatales”.

Las torturas a los acusados

La situación empeoró cuando empezaron las liberaciones de posibles implicados por los métodos ilegales utilizados para extraer testimonios.

Desde que iniciaron las investigaciones, las acusaciones contra agentes por torturar a detenidos fueron una constante. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, los detenidos señalaban a agentes de la policía ministerial.

Una de las piezas clave de la investigación, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, fue liberado por esta cuestión. Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», recuperó su libertad porque la Justicia determinó que las 81 pruebas presentadas por la Fiscalía se recabaron de forma ilegal.

“Las liberaciones son terribles pero también ocurrió porque no se llevaron a cabo los protocolos correspondientes para este tipo de detenciones»

Pilar Aranda, del colectivo “Ayotzinapa Somos Todos”.

La semana pasada, el juez Samuel Ventura Ramos ordenó liberar también a 24 sospechosos, que se sumaron a otras 53 excarcelaciones otorgadas por el mismo magistrado.

“Las liberaciones son terribles pero eso ocurrió porque no se llevaron a cabo los protocolos correspondientes para este tipo de detenciones. Las autoridades quisieron hacerlo rápido porque no les interesa y también por hacer echar a perder la misma investigación”, explicó la representante de Ayotzinapa Somos Todos.

La investigación desde la llegada de López Obrador

Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

En tanto que la Fiscalía General se comprometió a retomar la causa «casi desde cero» para intentar enmendar los errores cometidos en el pasado, con el compromiso de que sea «una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados».

«Tiene que ver con la justicia, con el humanismo y con el prestigio de México. Convoco a todo el que tenga información para que se sane, se cierra esta herida que nos afecta a todos como pueblo, sociedad y nación»

López Obrador.

La propuesta surgió ante el reclamo de los familiares por las excarcelaciones que se estaban replicando. «Tiene que ver con la justicia, con el humanismo y con el prestigio de México. Convoco a todo el que tenga información para que se sane, se cierra esta herida que nos afecta a todos como pueblo, sociedad y nación», alentó López Obrador.

Las nuevas hipótesis

Una de las líneas de investigación a privilegiar, según expertos de la CIDH, es la existencia de un quinto micro, que habría estado cargado de droga destinada a Chicago, en Estados Unidos, y que habría sido secuestrado sin querer por los estudiantes. El gobierno de Peña Nieto nunca incorporó elementos para continuar las investigaciones en este sentido.

Por el momento, el gobierno comenzó una búsqueda que incluye 200 puntos de interés. Este martes trascendió que la comisión presidencial, la Fiscalía y el Ejército estaban excavando en el hasta ahora inexplorado basurero de Tepecoacuilco, muy cerca de Iguala, en busca de los cuerpos.

Los trabajos de búsqueda de la comisión se basan en un mapa generado con los datos de los registros de llamadas la noche del 26 de septiembre de 2014 y las pistas recibidas por parte de informantes de la zona. Su utilización había sido recomendada por la CIDH.