Libertad de expresión: Bolivia condenará la “desinformación” con 10 años de prisión

La autoproclamada presidenta interina, Jeanine Añez, publicó un polémico decreto que impone penas de hasta 10 años a cualquiera que publique información sobre el coronavirus que el gobierno de facto no considere cierta. Las asociaciones de prensa locales salieron a denunciar que con esta decisión, publicada curiosamente el día del periodista en ese país, se está violando la libertad de expresión. El arco político también tildó a la medida de “autoritaria” e “incostitucional”.

El decreto establece puntualmente medidas penales contra quienes “inciten al incumplimiento” o difundan información de “cualquier índole” contraria a la norma de la presidenta interina del país. Esto se aplica a la información “escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población”, señala el texto.

Las asociaciones de periodistas de La Paz y de Bolivia, APLP y ANPB, pidieron en un comunicado conjunto “que sea eliminada” la norma. “Establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”, advirtieron los gremios de periodistas.

En medio de las críticas, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, salió a decir que el decreto no alcanzaba a los periodistas, pero no se entiende por qué entonces fue publicado el 10 de abril, día del periodista en Bolivia. 

“Tienen que cuidarse esos ciudadanos que están tratando en las redes sociales de confundir, enfrentar, esos son los que deberían estar preocupados, los que no quieren enfrentar y dividir a los bolivianos. Los periodistas que estén tranquilos porque ellos están sometidos a la ley de Imprenta”, dijo.

Los periodistas denunciaron nuevamente que el decreto es “absolutamente subjetivo” porque no queda claro “quién va calificar lo que es bueno y lo que es malo” cuando se publique algo que el Gobierno interino entienda que es contrario a la cuarentena.  La medida llegó además en medio de las denuncias en las redes sociales de viajes a fiestas de familiares y allegados de la presidenta Áñez en aviones militares, en incumplimiento de la cuarentena dispuesta por ella misma. 

AI, HRW y CIDH, en alerta contra la medida

El decreto 4231 endurece la sanción antes dispuesta en otro, el 4200, de marzo pasado, porque ahora somete al ámbito penal a la supuesta persona que estaría compartiendo información falsa.  “Esta es una clara violación de la libertad de expresión”, advirtió Eva Copa, presidenta del Senado, de mayoría opositora. 

Tras la puesta en vigor del anterior decreto, Amnistía Internacional (AI) había pedido al gobierno boliviano clarificar acusaciones de “desestabilización”, “desinformación” y “guerra virtual”, enmarcadas en esa norma contra 67 personas, 37 de las cuales ya habrían recibido sentencias a través de “procesos abreviados”.

La norma alarmó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que “no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud” y pidió derogarla.

La medida fue objetada también por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “Eso es usar el covid19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, advitió.

La reacción de Evo Morales

El presidente depuesto Evo Morales denunció en su cuenta de Twitter, en línea con las asociaciones de prensa, que el decreto “amplía las restricciones y agrava las sanciones contra la libertad de expresión e información”. “El gobierno de facto cada día llega más lejos en la violación de Derechos Humanos”, advirtió.

Desde el ámbito político surgieron también críticas como las del expresidente boliviano Carlos Mesa, que en un video en redes sociales denunció que la disposición del Gobierno es una “una decisión que es autoritaria y que vulnera derechos constitucionales fundamentales”, que no se aplica ni en momentos en que se dicta Estado de Excepción.