Liberaron a los seis ambientalistas presos de Guapinol en Honduras

La justicia de Honduras liberó a los seis ambientalistas de Guapinol, quienes estuvieron 29 meses detenidos por luchar contra una minera que explota un yacimiento de óxido de hierro en una reserva forestal del noreste de Honduras. Su caso había generado conmoción entre los organismos de derechos humanos porque la condena en su contra podría haber llegado a ser de hasta 14 años. 

“Los defensores del agua y de la vida fueron recibidos en medio de lágrimas, alegría y agradecimiento por su labor de lucha y defensa de los bienes comunes de la naturaleza”, celebró el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). 

El 9 de febrero un juzgado declaró culpables a los ambientalistas que en 2018 participaron en una movilización contra la minera hondureña Los Pinares, con sede en la jurisdicción de Tocoa, unos 220 km al noreste de Tegucigalpa.

la Justicia condenó a Porfirio Sorto, Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández y Ewer Cedillo, mientras que ueron liberados Arnold Alemán y Jeremías Martínez, todos integrantes del Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Pero un día después la Sala de lo Constitucional otorgó dos amparos interpuestos por los abogados en favor de los ambientalistas que obligaba al juez de primera instancia a ponerlos en libertad.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos exigieron la libertad de inmediato y este jueves fueron finalmente sacados de la cárcel. 

El problema empezó en 2018, cuando el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa montó un campamento que obstaculizó el trabajo de la minera. En un enfrentamiento contra custodios de la empresa, un ambientalista resultó herido de bala y los manifestantes habrían respondido reteniendo al jefe de seguridad de la compañía, Santos Corea, e incendiando un vehículo. 

Un total de 32 manifestantes fueron acusados por la Fiscalía. Ocho quedaron presos “sin base legal”, según un informe del Grupo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.Los ambientalistas reclamaban a las autoridades que evaluaran las consecuencias ambientales que genera la minera. De acuerdo al comité, la instalación de la minera daña la reserva forestal y contamina los ríos Guapinol y San Pedro, que bajan de la montaña y abastecen a unos 16.000 habitantes.