Ley Peña-Televisa sigue su curso

México

El dictamen del Senado de las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión beneficiará la concentración y restringirá derechos ciudadanos. La ley “Peña-Televisa” es rechazada por algunos sectores de la sociedad y partidos opositores que ven en ella una retribución de favores de campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

La Jornada

Jenaro Villamil – Proceso (México)

Se cumplieron con creces los malos augurios que advertimos cuando publicamos en Proceso que desde enero de 2014 hubo un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Televisa.

El dictamen que finalmente hoy dieron a conocer las comisiones –que nunca discutieron pública y abiertamente– es un ejemplo del peor modelo de legislación para telecomunicaciones y radiodifusión.

La complejidad técnica y jurídica del tema no tiene por qué ensombrecer el asunto fundamental: no se van a democratizar las estructuras de los medios de comunicación, no habrá diversidad y pluralidad de contenidos, no se combate a los monopolios, por el contrario, se les fortalece, y en lugar de ser una ley convergente mantiene por separada la posibilidad de que México entre a una legislación moderna en materia de contenidos, de libertad de internet y de acceso de la población a las nuevas tecnologías.

Son cinco ejes fundamentales que pueden explicar esta clara contrarreforma:

1.-Restringe derechos.- La reforma constitucional del 2013 estableció claramente derechos nuevos como los derechos de las audiencias –el máximo derecho es tener acceso a diversidad, pluralidad y calidad de contenidos audiovisuales–, los derechos de los usuarios –evitar el uso y abuso del monopolio telefónico-, los derechos de acceso a universal al internet, y los derechos a los comunicadores comunitarios e indígenas.

“En lugar de ser una ley convergente mantiene por separada la posibilidad de que México entre a una legislación moderna en materia de contenidos, de libertad de internet y de acceso de la población a las nuevas tecnologías”

2.-No hay autonomía del órgano regulador.- La reforma constitucional se construyó con la idea de que la regulación de este poderoso sector se hiciera desde un organismo autónomo a las ambiciones de control político del gobierno federal y a las ambiciones de “captura” y manipulación de los grandes monopolios.

3.-No es una legislación convergente.- Tampoco se avanza hacia una legislación que garantice condiciones de equidad y de competencia en el proceso de convergencia entre los medios audiovisuales (televisión abierta, televisión restringida) y los de telecomunicaciones (internet, telefonía fija, telefonía móvil) y la posibilidad de que los medios públicos puedan acceder a esta convergencia.

4.-Discriminación y censura.- Lo peor de la última versión de este dictamen de telecomunicaciones es que cierra toda posibilidad a que los medios comunitarios e indígenas se vuelvan alternativas viables. No habrá una reserva del espectro digna. No habrán condiciones de competencia. Se les restringe a un radio de transmisiones de 20 watts de potencia y torres de 30 metros máximo.

5.-Se impone el plan de negocios de Televisa.- No hay vuelta de hoja en esta ruta: la ley secundaria no frenará la creciente concentración en televisión de paga. Al contrario, la alentará, porque así está decidido desde junio del año pasado en el “plan de negocios” de Grupo Televisa.

Shaila Rosagel – Sin Embargo (México)

Los tres senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que votaron a favor del dictamen de las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en el Senado de la República en comisiones unidas, forman parte de la corriente Nueva Izquierda (NI), mejor conocida como “Los Chuchos”, que lidera Jesús Ortega Martínez y a la que pertenece el presidente nacional de la fuerza política, Jesús Zambrano Grijalva.

El Senador Zoe Robledo Aburto, de Chiapas; Benjamín Robles Montoya, de Oaxaca, y Fidel Demedicis Hidalgo, de Morelos, dieron su voto a favor de una Ley que –de acuerdo con los opositores al dictamen– se trata de una “Ley Peña-Televisa”, “un regalo” a la televisora para pagarle los favores recibidos durante su campaña a la Presidencia de la República, como la calificó el Senador panista Javier Corral Jurado. 

“No es una votación del PRD, la dirección nacional del partido ha declarado la posición por garantizar que se respeten las reformas constitucionales en materia de telecomunicación que se efectuaron el año pasado”, dijo Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Sol Azteca.

“Es un auténtico descaro, quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018”

El dictamen que se aprobó la madrugada del jueves tuvo 25 votos a favor y 5 en contra. De los senadores del PRD, Alejandra Barrales de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) votó en contra, Iris Vianey Mendoza, de Patria Digna, votó en abstención y Rabindranath Salazar Solorio no estuvo presente debido a un problema personal. 

El Senador Javier Corral Jurado, uno de los más críticos del dictamen, conocido popularmente como la “Ley Peña-Televisa”, afirmó que el Senado le entregó al Presidente Enrique Peña Nieto la moneda con la cual pagará a la televisora de Chapultepec los favores prestados durante su campaña presidencial. 

“Es un auténtico descaro, quienes voten este artículo le están dando fichas a Enrique Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018”, afirmó el también secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Editorial – La Jornada (México)

En el dictamen aprobado se prevén medidas consideradas como un retroceso con respecto a la reforma constitucional de 2013 en la materia, empezando por el hecho de que el nuevo documento establece que las declaraciones de preponderancia sean por sector (telecomunicaciones y radiodifusión) y no por servicios, lo que, de aprobarse en la versión final de la ley, implicaría dejar intactos los intereses monopólicos de Televisa en el creciente mercado de la televisión restringida, lo que equivaldría a la perpetuación del predominio del duopolio televisivo en el mercado de las telecomunicaciones.

Por otra parte, el proceso legislativo correspondiente ha estado marcado por irregularidades diversas, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas –la llamada telebancada–, quienes habrían tenido que excusarse de los debates correspondientes por estar colocados en un evidente conflicto de intereses.

“Cabe preguntarse sobre qué base de credibilidad social puede operar un Poder Legislativo que muestra semejante sumisión ante las intromisiones de la Presidencia y ante los intereses empresariales”

A lo anterior debe añadirse el hecho, denunciado por legisladores del PRD, de que el dictamen discutido no fue producto de la deliberación y discusión realizada en las comisiones del Senado, sino que salió del escritorio de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, según pudo documentarse con un correo electrónico enviado a los senadores involucrados en la votación. Lo anterior evidencia una vulneración inadmisible al principio de separación de poderes y una clara intromisión del Ejecutivo en los trabajos del Legislativo.

< p>En suma, la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, en caso de aprobarse en sus términos actuales, equivaldría a una defección de los legisladores de lo que ellos mismos aprobaron en la reforma constitucional del ramo. Más grave aun: cabe preguntarse sobre qué base de credibilidad social puede operar un Poder Legislativo que muestra semejante sumisión ante las intromisiones de la Presidencia y ante los intereses empresariales.

 

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