El fin de la amnistía

El Salvador
Especial 

El miércoles se declaró inconstitucional la ley que prohibía investigar crímenes y violaciones a los derechos tanto del Ejército como de la exguerrilla. Este suceso genera un debate álgido en todos los sectores de la sociedad civil y política. Los discursos se polarizan entre la reconciliación de las víctimas, la ingobernabilidad y el resurgimiento de viejas disputas nacionales.

Odalys Troya- Prensa Latina (Cuba) 

La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador genera en este país un universo de opiniones encontradas.

El miércoles la cuestionada Sala declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, la cual fue presentada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993 y aprobada por los votos de la derecha.

Para muchos, la decisión contribuiría a restituir los derechos de las víctimas del conflicto armado (1980-1992), sin embargo, para otros, abriría heridas que al menos parecían estar cerradas desde la firma de los Acuerdos de Paz.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, afirmó que la sentencia expresa la inconstitucionalidad de disposiciones infames y “tuvieron el despropósito de derogar derechos que por naturaleza son inderogables a las víctimas”.

Según su opinión, el fallo es una conquista de las víctimas y de las organizaciones a favor de los derechos humanos que desde 1993 han presentado demandas de inconstitucionalidad.

Morales considera que la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado “no ha estado en la amnistía que perdió su fuerza jurídica desde hace 15 años”.

El problema de la impunidad ha radicado en la postura de jueces y fiscales que ante los casos concretos han decidido favorecer a los represores y discriminar a las víctimas, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Defensa, David Munguía, consideró que la Sala de lo Constitucional cometió “un error político” al declarar inconstitucional la citada normativa, porque pudiera conducir a un retroceso de lo alcanzado después de la firma de los Acuerdos de Paz”.

” La Comisión de la Verdad para El Salvador fue creada en virtud del artículo dos de esos acuerdos firmados en Chapultepec, México, entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el mandato de investigar los graves hechos de violencia “

La Comisión de la Verdad para El Salvador fue creada en virtud del artículo dos de esos acuerdos firmados en Chapultepec, México, entre el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani y la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el mandato de investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980.

En su informe señaló a miembros de la cúpula militar salvadoreña como culpables de las principales matanzas acontecidas durante la guerra y resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte.

Las matanzas de El Mozote, el río Sumpul, el asesinato de Monseñor Ôscar Arnulfo Romero, de los padres jesuitas, y muchos otros crímenes, figuran en la lista.

También mencionó en menor medidas acciones de las guerrillas insurgentes de entonces.

Cinco días después de la publicación del informe, el parlamento salvadoreño aprobó una ley de perdón que otorgó “amnistía plena, absoluta e incondicional para todos aquellos que participaron en alguna forma en la comisión… de los crímenes políticos”.

” En su informe señaló a miembros de la cúpula militar salvadoreña como culpables de las principales matanzas acontecidas durante la guerra y resaltó los casos específicos que ilustraron los patrones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos por escuadrones de la muerte “

El pasado año, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén presentó por vez primera la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, denominado “De la Locura a la Esperanza: la Guerra de los 12 Años en El Salvador”.

Sánchez Cerén aseguró que se trataba de un acto sin precedentes en la historia nacional del país, porque nunca antes el Gobierno se había dado a la tarea de publicar este documento.

Por el momento el FMLN no se ha pronunciado y la presidenta del Parlamento, Lorena peña, miembro de este partido, señaló que primero hay que estudiar la sentencia ante las reiteradas contradicciones de la Sala en sus medidas.

Lo cierto es que algunos hablan de inestabilidad, posible ingobernabilidad, golpe suave, y de terremoto político al referirse a esta decisión que vino en combo, al decir de los salvadoreños.

El miércoles también la Sala declaró inconstitucional la aprobación de 900 millones de dólares en título valores destinados a programas sociales y a seguridad, y frenó un cargo a la energía aprobado por decreto ejecutivo, pero que no afectaría al 70 por ciento de la población. 

Editorial- El Faro (El Salvador) 

La decisión final de la Sala de lo Constitucional de declarar sin efecto la Ley de Amnistía de 1993 abre una nueva etapa en la historia de El Salvador. Una en la que el blindaje de los perpetradores deja de ser una excusa para esconder crímenes y negar a las víctimas verdad y justicia sobre lo sucedido durante la guerra civil. Una en la que el espíritu de los Acuerdos de Paz, que incluyen el compromiso explícito de esclarecer las violaciones de derechos humanos y no amparar la impunidad, recupera vigencia.

La decisión parecía inevitable —ya en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado la nulidad de la Amnistía salvadoreña— pero no por ello ha sido menos difícil para la Sala. Desde mediados de 2015 sus magistrados decían tener listo un borrador de resolución que permaneció sin firma por las delicadas consecuencias políticas que se le atribuyen y la constante presión partidaria. Esta decisión asustará al estamento militar y a líderes políticos que ya consiguieron intimidar al gobierno de Mauricio Funes y han conseguido mantener atado, en lo relativo a esclarecimiento y memoria, al de Salvador Sánchez Cerén. Esta decisión puede detonar nuevas embestidas contra la independencia de la Corte Suprema.

La reacción de las fuerzas políticas determinará en buena medida el alcance de aplicación inmediata de esta resolución y la crispación o cordura con que la reciba la población. La necesidad de perdón y olvido o el valor y vigencia de la memoria y el derecho a la justicia han sido usadas por los partidos políticos como factor de polarización casi desde la firma de los Acuerdos del 92, y en 2011 un simple rumor de que la Sala planeaba derogar la Ley de Amnistía desató en la Asamblea Legislativa una serie de maniobras para maniatar primero a sus magistrados y después derrocarlos.

” La reacción de las fuerzas políticas determinará en buena medida el alcance de aplicación inmediata de esta resolución y la crispación o cordura con que la reciba la población. La necesidad de perdón y olvido o el valor y vigencia de la memoria y el derecho a la justicia han sido usadas por los partidos políticos como factor de polarización “

Por más de dos décadas la derecha ha repetido el argumento falaz de que la Ley de Amnistía era la piedra angular de la reconciliación de los bandos en conflicto y que sin ella el país se arriesgaba a regresar a la guerra civil. Más recientemente se ha sumado a ese coro lúgubre y amenazante el actual gobierno izquierdista del FMLN
. Son, vengan de donde vengan, simples voces de chantaje que anteponen el interés privado de unas decenas de líderes militares y políticos, al derecho de las víctimas y la necesidad de sanación real que tiene la sociedad salvadoreña.

Pero es esencial que, pese a los clamores apocalípticos de quienes defienden la impunidad, a los salvadoreños no nos derrote el miedo en esta nueva etapa.

El derrumbe del muro de la amnistía abre un nuevo horizonte. Es posible ahora romper la camisa de fuerza con la que la generación que hizo la guerra y la empató, la generación que construyó los motivos que llevaron a la guerra, la luchó y pactó su fin, quiso constreñir el futuro de las generaciones posteriores. El Salvador puede y debe replantear su relación con el pasado, su construcción de una verdadera reconciliación, desde la transparencia, la verdad y el reconocimiento de responsabilidades, sin más miedo a la oscuridad.

Es el momento de construir una nueva narrativa de nuestra memoria y del país que queremos. Que teman los torturadores, los asesinos, los que desaparecieron a miles, los que guardan secretos sangrientos, porque ahora puede venir justicia. El resto somos libres de dibujar un nuevo país sin temor.

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