Legítima defensa: Colombia aprobó una polémica ley de seguridad que autoriza la fuerza letal

Colombia, un país que está en la mira de los organismos internacionales por los abusos de la fuerza de su policía, aprobó ahora una polémica ley que autoriza la «fuerza letal» en legítima defensa para sus ciudadanos. La iniciativa, que entre otras cosas establece que en estos casos no habrá responsabilidad penal, fue duramente repudiada por la oposición. «Es una licencia para matar», opinaron. 

En concreto, la ley establece que no tendrá responsabilidad penal la persona que utilice la fuerza letal en legítima defensa ante una incursión violenta a una vivienda o vehículo.

El senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció que con la nueva norma se están legalizando «prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares». «Es una nueva aberración de corte fascista de este gobierno», remarcó. 

Uno de los artículos más polémicos de la iniciativa indica que «la fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno«.

También se incrementan penas por «instigación a delinquir» o fabricación y porte de armas o si se usa «máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten», de acuerdo con el documento.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que la ley, que fue aprobada por la Cámara de Representantes y tras ser conciliada en el Congreso pasará a sanción presidencial, busca dar «mayores herramientas a los jueces para sancionar a los violentos que perturban su tranquilidad».

La presentación ante la CIDH

Legisladores opositores enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que aseguran que la nueva ley oficialista de Seguridad Ciudadana es un «incumplimiento» a sus recomendaciones hechas en su última visita a Colombia en el marco de las protestas contra el gobierno de este año.

Para los 28 congresistas, miembros de los partidos opositores Polo Democrático Alternativo, Partido Verde, Comunes, entre otros, «el articulado que fue aprobado por las mayorías parlamentarias pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social», en particular por la redacción del apartado sobre el uso de máscaras. 

Durante las pasadas protestas del paro nacional, que empezaron el 28 de abril y se extendieron hasta mediados de este año, las máscaras o capuchas fueron usadas especialmente entre los integrantes de la llamada «primera línea», jóvenes que se organizaron para enfrentar a las fuerzas de seguridad y abrir el camino a las marchas de protesta.

Decenas de civiles murieron por abusos de las fuerzas de seguridad y cientos de personas fueron detenidas.

De acuerdo al más reciente informe de Naciones Unidas sobre este contexto, de 46 muertes que la organización pudo comprobar en el marco de esas manifestaciones, al menos 28 fueron cometidas por policías.