Las limosnas del poder burgués

Argentina
Jorge Rachid

El Estado se retira como ordenador social y el mercado aparece en toda su brutal dimensión. Los precios se disparan, se abren las importaciones sin control, se desmantela la industria nacional y el trabajo argentino, y cecen los despidos. Mientras aumenta el sistema represivo para infundir temor, los jóvenes nacidos en democracia se rebelan contra el régimen.

Pintadas contra el gobierno en Plaza de Mayo - Foto: Carlos Brigo

Jorge Rachid* – Latinoamérica Piensa 

El gobierno convocó a un Comité de Crisis para evaluar daños y cualquier mortal podría pensar que se trata de recapacitar sobre sus actos lesivos a los trabajadores, los salarios, los precios y aquello que afecta la vida cotidiana. No, equivocado. El Comité se encargará de evaluar cómo se comunican las decisiones, tener preparadas las réplicas, no abroquelar a la oposición, y no bajar en las encuestas. De los daños en serio, nada.

El Estado se ha retirado como ordenador social y el mercado aparece en toda su brutal dimensión, permitiendo una disparada de los precios, fijados exclusivamente por sus formadores, abriendo la economía a las importaciones sin control, lo cual afectará al trabajo argentino. El Ministerio de Trabajo por nota circular a las delegaciones ordena no intervenir en los conflictos privados. Se anulan los controles sobre seguimiento de actividades financieras sospechosas y las referidas a la defensa de los DDHH. Se desactiva la participación del Estado en la producción de radares y vagones de trenes en Fabricaciones Militares. Se inicia un proceso de privatización de ARSAT. Y se colocan títulos en pesos como respaldo de operaciones de endeudamiento en dólares, comprometiendo el futuro de generaciones.

Lo hacen bajo la consigna de “encontramos una situación horrible”, “nos dejaron el país en una crisis terminal”, construcciones que nadie puede creer seriamente. Mucho menos aquellos que hasta ayer tenían trabajo, tenían previsto vacaciones en familia, y de la noche a la mañana se encuentran en la calle. Estas consignas son funcionales a la toma de decisiones a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La pregunta es: ¿Qué tiene que ver la Ley de Derribo, la designación de dos jueces supremos por decreto, la anulación de leyes aprobadas por amplias mayorías, como la Ley de Medios, con la situación heredara? Nada. A través de los DNU se disuelven organismos de control, secretarías de DDHH, retomando la teoría de los dos demonios de la dictadura militar, sin tener que dar ningún tipo de explicación a la sociedad, y por ese supuesto panorama que en realidad sirve sólo como una excusa.

” ¿Qué tiene que ver la Ley de Derribo, la designación de dos jueces supremos por decreto, la anulación de leyes aprobadas por amplias mayorías, como la Ley de Medios, con la situación heredara? Nada. A través de los DNU se disuelven organismos de control, secretarías de DDHH, retomando la teoría de los dos demonios de la dictadura militar “

La verdadera funcionalidad es generar miedo, infundir temor. Desde los despidos hasta el pedido de documentos por portación de cara a cualquier ciudadano, avalado por una justicia cómplice cuya directiva no incluye el cacheo, las manos sobre la pared, y el maltrato humillante, que han desatado nuevamente las fuerzas de seguridad ante el mandato de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La funcionaria no descansa para avanzar en cada acción sobre las libertades públicas, en nombre del supremo objetivo de la lucha contra el narcotráfico. Todo presentado como si se tratase de una serie norteamericana, teñida de superhéroe, con acciones épicas, para detener a simples perejiles, mulas, y dealers barriales, mientras desarman las rutas de seguimiento del lavado de dinero. Viajan a EEUU a recibir órdenes de parte de los mayores consumidores mundiales de drogas, con fronteras porosas que permiten el ingreso de millones de toneladas al año, al tiempo que despliegan tropas por el mundo para supuestamente controlar el accionar del narcotráfico. La doble moral en acción.

En cuanto al aumento de las tarifas eléctricas, el “sinceramiento” sobre sectores beneficiados que no deberían ser asistidos por el Estado, al contrario de lo que dice el gobierno, afectará no sólo a CABA y el Gran Buenos Aires, sino que tendrá alto impacto en el interior, en especial en aquellas redes alimentadas por cooperativas. Aumentarán los precios de generación a pagar, por lo cual aún en el interior del país, donde las facturas ya eran altas, se incrementarán entre un 100 a un 170%, lo que repercutirá en las economías regionales y en las pymes de todo el país, en especial las electro intensivas, como los frigoríficos.

El alineamiento automático del gobierno macrista con los grandes centros de poder financiero reunidos en Davos, luego debatidos con los dueños del poder hegemónico local reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), encabezados por Héctor Magnetto (Clarín) y Paolo Roca (Techint), marcan los lineamientos de su acción futura. Allí quedó aceptada la negociación con los buitres, el pago de U$D 10.000 millones, el endeudamiento contra los BONAR, bonos en pesos de deuda intragubernamental, bajar las restricciones a las importaciones y liberar el mercado de cambios para sacar dólares del país en forma indiscriminada. Si no se tiene en cuenta la política internacional, pareciera que todo este plan hubiera nacido de un repollo. El repollo es para el puchero, no para la política.

De silencios y complicidades

La misa que ofrecieron los Curas en Opción por los Pobres pidiendo por la libertad de Milagro Sala, puso al desnudo el silencio atronador de la cúpula eclesiástica argentina enfrentada al Papa Francisco. Sus documentos suelen acompañar las políticas neoliberales, mientras con sus ejes religiosos intentan impregnar a la sociedad con su visión del aborto, y su interpretación de la libertad y la propiedad privada, eludiendo la responsabilidad social agregada hasta en los textos constitucionales. Ahora, en el caso de los despidos, la represión y la cárcel a los opositores, se callan. Pero cuando las tapas mentirosas de Clarín, como ariete costumbrista antiperonista, anunciaba algún nuevo escándalo, levantaban la voz y repiqueteaban en las misas dominicales hablando de corrupción, de cuentas secretas que nunca existieron o bóvedas inventadas.

El papelón de la Justicia jujeña también quedará inscripto en los anales de la historia jurídica del país. Un fiscal denunciado por el Ejecutivo por no plegarse a la tesis de detención de Milagro. Fiscales adictos a la venganza social racista, la misma que condenó a Romina Tejerina a prisión perpetua en un dictamen que luego fue destrozado por la Corte Suprema. Jueces que aceptan denuncias de asociación ilícita, mientras la mantienen detenida por tumulto, para ir formateando una denuncia mayor, por la cual finalmente le dictan preventiva, sin notificar a las partes, sin llamado a indagatoria, por causas menores como denuncias de robo o arrojar huevos, que llevan años de archivo. 

Todo sirve para alimentar la condena social que repiten los zócalos de la TV, destinado a un público que no puede o no quiere leer entre líneas, que sólo mira los títulos y se convence que Milagro es una india, prepotente, matona, avasalladora, jefa de barrabravas, ladrona, y narcotraficante, cuando en realidad es quien les permitió ser alguien a miles de jujeños, condenados por la oligarquía a ser invisibles coyas, pobres y sumisos, mano de obra barata al servicio de las lim
osnas del poder burgués.

La organización vence al tiempo

“La organización vence al tiempo”, decía Perón. Por eso el peronismo reúne su Consejo para convocar al Congreso Nacional partidario, en una situación de tironeos donde se enfrentan las posturas más “políticamente correctas” contra las de quienes plantean una confrontación plena inmediata contra el régimen. El gobierno también intenta jugar sus cartas en esta interna para tener chances parlamentarias en su diseño de país, auspiciando a “peronistas adictos dóciles” al estilo de Sergio Massa, propuesto por Macri a través de la Embajada de EEUU.

El plan B es una liga de gobernadores obligados a negociar con la Nación para hacer viables sus provincias, junto a sindicalistas dispuestos a cambiar dinero de las obras sociales por silencio en los despidos y bajas de salario. El plan C es separar al kirchnerismo del peronismo, para enflaquecer la capacidad de respuesta del campo popular y permitir el arrasamiento neoliberal. Todo esto se discutirá en el Congreso del PJ y la puja será dura. Porque el justicialismo necesita una conducción política estratégica, no atada a la coyuntura, que incluya a gobernadores e intendentes, pero también incorpore la militancia joven más activa, que dinamice el partido y le permita al FPV liderar la resistencia desde una identidad peronista plena, nacional y popular, tercermundista, latinoamericana, que luche por la liberación nacional contra cualquier tipo de colonialismo económico o financiero.

“Combatiendo al capital”, dice la Marcha Peronista. En el Modelo Argentino para un Proyecto Nacional del 1° de mayo de 1974, en un mensaje póstumo y estratégico, Perón dijo a los argentinos: “Los imperialismos vendrán por nuestros recursos naturales, desde los restos fósiles al agua dulce, y vendrán por ellos, por las buenas o por las malas y será responsabilidad del pueblo argentino de defender su soberanía nacional”. Nada menos nacional y popular, nada más alejado del peronismo, que permitir la desaparición de los derechos sociales, la entrega del patrimonio nacional, y sumarse al proyecto neoliberal del gobierno macrista.

Juicio a Cristina

Terminada la feria judicial de enero, se inicia una nueva ofensiva en el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman con terminal en Cristina Kirchner, eje de una acción destinada a acallar las voces de mayor liderazgo opositor en la Argentina, y como parte de la ofensiva neoliberal. Este diseño viene de la mano de la familia judicial, de Ricardo Lorenzeti, fiscales adictos como Carlos Stornelli y Germán Moldes (aliados políticos de Macri desde su época en la presidencia del club Boca Juniors), con el el objetivo de emontar la denuncia por complicidad con Irán. Cristina fue la única que intentó reactivar la causa Amia ante la inacción de Nisman, coaptado por los servicios de inteligencia de la CIA y el Mossad, de la mano del desplazado ex agente de inteligencia Jaime Stiusso, que ahora será repatriado con la condición de embestir contra Cristina y el ex canciller Héctor Timerman, responsables de su alejamiento de la ex Side.

Esto ocurrirá en los próximos días, cuando se dictamine que el fiscal fue probablemente asesinado, que es algo así como estar un poquito embarazado. Todos los peritos serios del país, médicos y criminalistas, determinaron que no hubo terceras personas involucradas en el episodio, indicando que se trató de un suicidio por donde se lo mire. Lo corroboran cientos de testigos presenciales de la escena del hecho, en uno de los edificios de mayor vigilancia de la ciudad, con cámaras que ahora no sirven, teléfonos celulares que no se pueden dar a conocer, servidores de notebooks que se dañaron. Se trata de llevar a juicio a Cristina por un supuesto pacto de impunidad con Irán, país con el cual acuerdan hoy la mayoría de las potencias y países del mundo, incluido el Vaticano.

El régimen macrista sigue editando sucesos de la dictadura militar, olvidando que la mayoría de los jóvenes nació en democracia, y que más temprano que tarde se rebelará ante la injusticia y el avasallamiento al que se pretende someter a los argentinos.

*Médico, escritor y periodista.