El peligro de incorporar a los militares en seguridad interior

Especialistas en política de seguridad de América Latina señalaron los riesgos de permitir a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interior, como habilita el reciente decreto sancionado por el presidente argentino Mauricio Macri. Con datos estadísticos e históricos sobre el país, y trazando un paralelismo con las experiencias similares en la región, investigadores y ex miembros del Ejército cuestionaron la decisión que modifica las funciones del ejército y las alinea con la política de combate del narcotráfico dictada por Estados Unidos.

Macri firmó el 24 de julio el decreto 683, que establece una serie de modificaciones que apuntan a darle más poder a las tres fuerzas armadas, al comprometerlas a participar en la seguridad interior dentro del territorio nacional para combatir el narcotráfico. Así, se amplió el rol militar bajo la premisa ambigua de que “las agresiones de origen externo no son sólo de carácter militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”. La decisión generó una reacción inmediata de la oposición y de los organismos de derechos humanos, quienes subrayaron que la medida  echaba por tierra los consensos alcanzados desde el retorno democrático acerca de que no debe mezclarse la política de seguridad con la de defensa.

Tal como lo hizo la oposición y los organismos de derechos humanos a poco de que se conociera la noticia, el especialista en temas de defensa de la UMET Germán Montenegro fue categórico en el programa Latinoamérica Piensa a la hora de pronosticar un fracaso en la nueva política de seguridad de Macri: “Ni el consumo ni la fenomenal rentabilidad económica que esto tiene se atiende con el despliegue de las fuerzas armadas o el despliegue militarizado de la policía”. En esa línea, aclaró que “el despliegue masivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad cotidiana trajo como consecuencia la aceleración de hechos violentos y por otro lado evito y no permitió la profesionalización de las estructuras estatales de investigación”.

Para el ex jefe del ejército Martín Balza, lo que se logra es el efecto contrario porque “donde se han empleado las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el resultado no ha sido bueno”. “Un proceso de modernización como el que necesita nuestras fuerzas armadas va a demandar entre 4 y 5 mandatos presidenciales” , enfatizó Balza y aclaró que por tanto esa potencial reforma “debe de ser compatibilizada por las principales fuerzas políticas y tiene que pasar por el Congreso”. Al firmar el decreto, el presidente evitó que el Poder Legislativo se expidiera sobre la medida, esto reunió el rechazo de todo el arco opositor, que reclamó que el texto se sometiera al análisis de los legisladores.

En la región hay otras experiencias de seguridad que se adecuaron a las propuestas del Comando Sur de Estados Unidos, en pos de que los militares se dediquen al combate del narcotráfico y el terrorismo. Una de ellas es Colombia, en la que “después de más de una década de una participación activa, decisiva, protagónica de las fuerzas armadas, el negocio en sí de las drogas no ha cambiado”, según recordó Juan Gabriel Tokatlian, una de las voces académicas más reconocidas en relaciones internacionales.

Lejos de combatir la problemática de las drogas, el especialista señaló que lo intensificó. “El plan Colombia, que implicó que Estados Unidos colocara más de 10 mil millones de dólares en asistencia militar, policial de seguridad y económica para Colombia, el total de hectáreas cultivada de coca era de 160 mil. Este año, el último informe del gobierno de estados Unidos habla de 209 mil”, subrayó Tokatlian.

Otro de los países que se acomodó a consejos de Estados Unidos en materia de seguridad y tuvo una estrecha relación con sus fuerzas, fue México. Para la doctora en antropología social Sabina Frederic, allí “el involucramiento de las fuerzas armadas ha sido trágico”. Para ilustrarlo, tomó como ejemplo la organización criminal local de los Zeta y explicó que allí “el sector de la elite terminó siendo parte del negocio del narcotráfico”.

La investigadora puso la lupa también en la inmensa estructura de seguridad que tiene el país, donde hay “según datos de Naciones Unidas la mayor tasa de policías por habitantes”. “Hay una ineficiencia del estado en lidiar con los problemas de la criminalidad. En los últimos 15 años se duplicaron y evidentemente más policías en la calle no resuelve el problema de fondo”, evaluó.