La tregua del ELN y Santos

Colombia
Arenas, León y Prieto

El proceso de paz con el ELN, que ya lleva más de cinco años, finalmente arrancó. No será solo un cese de los enfrentamientos armados -como lo quería el ELN- sino que incluye también la suspensión de hostilidades. El ELN se compromete por primera vez a suspender cualquier secuestro y atentado, mientras que el Gobierno asume la responsabilidad de proteger a líderes sociales, mejorar las condiciones de los guerilleros presos y arrancar las audiencias en Quito para evaluar cómo ser la participación del ELN en la vida civil. El acuerdo no será fácil de cumplir para ninguna de las dos partes.  Pero si lo logran, significará un alivio humanitario para poblaciones agobiadas.

 

Natallia Arenas, Juanita León y Jineth Prieto- La Silla Vacía (Colombia) 

El lema que el Papa Francisco escogió para su visita a Colombia es “Demos el primer paso”. En respuesta y aprovechando su venida, el ELN y el Gobierno lo dieron ayer y anunciaron que pactaron un cese bilateral de fuego y de hostilidades de carácter temporal.  

Esto permite decir, aunque tímidamente dados los antecedentes de esta guerrilla, que con ésto el proceso con el ELN, que lleva más de cinco años, finalmente arrancó.

Los términos del cese

Según el comunicado publicado por el Gobierno, el cese bilateral regirá entre el 1 de octubre de 2017 y el 12 de enero del 2018.  

No será solo un cese de los enfrentamientos armados -como lo quería el ELN- sino que incluye también la suspensión de hostilidades.

Esto último es muy importante, porque por primera vez en esta negociación, el ELN se compromete a suspender cualquier secuestro contra ciudadanos nacionales o extranjeros; todo atentado contra la infraestructura del país, incluidos los oleoductos; el reclutamiento de menores de 15 años; y abstenerse de poner minas.

A su turno, el Gobierno se comprometió a fortalecer el sistema de alertas tempranas para proteger a los líderes sociales; a mejorar las condiciones de los militantes del ELN presos; a aplicar la ley que desjudializó la protesta social; y a arrancar unas audiencias en Quito con las sociedad civil para desarrollar el punto sobre participación de la sociedad.

El cese al fuego y de hostilidades será supervisado por veedores independientes de las Naciones Unidas y contarán con el acompañamiento de la Iglesia Católica.

“Esta es la primera vez en 26 años de acercamientos que hay un cese bilateral. Eso legitima la mesa y el proceso y abre el espacio para la participación social en la construcción de paz”, dijo el analista Víctor de Currea, que ha seguido de cerca las negociaciones con este grupo.

El acuerdo no será fácil de cumplir para ninguna de las dos partes.  Pero si lo logran, significará un alivio humanitario para poblaciones agobiadas, y en algunos casos sitiadas, por el ELN. Chocó, por ejemplo.

El primer paso del Chocó

Este anuncio de cese al fuego bilateral es lo que las organizaciones sociales y étnicas en Chocó y sobre todo la Iglesia Católica, estaban empujando desde que arrancó este año.

De hecho, el pasado jueves, una comisión de chocoanos viajó a Quito a reunirse con el jefe guerrillero Pablo Beltrán y la mesa de negociación del ELN precisamente para exigir el cese y abogar por un acuerdo humanitario en el departamento donde “la guerra no terminó”, como le dijo a La Silla el general Mauricio Moreno, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

Lo que hay detrás de esta nueva ola de violencia es la disputa entre el ELN y los nuevos paramilitares como el Clan del Golfo que en Chocó se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas y que están en plena expansión, como contó La Silla para ocupar los espacios que dejaron las Farc.

El saldo ha sido, según un informe de la Unidad de Manejo y Análisis de Información, UMAIC, de Naciones Unidas más de 4 mil personas desplazadas en Chocó, lo que corresponde al 60 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado en el país, muy por encima del segundo departamento en este ranking, Nariño, que tiene el 15 por ciento de los casos. El ELN, según el informe, ha sido el responsable del 12 por ciento de esos casos.

Además casi seis mil personas han estado confinadas, es decir, encerradas en sus territorios y sin posibilidad a salir a buscar alimentos por los frecuentes enfrentamientos entre las AGC, el ELN y la Fuerza Pública.  

Aunque el comandante Moreno le dijo a La Silla Pacífico que ellos solo tienen en sus cuentas seis combates este año (dos contra el ELN, dos contra las AGC y dos más entre estos grupos), la Defensoría y organismos humanitarios internacionales como OCHA ha documentado muchos más casos.

Además, el ELN es el responsable de al menos 30 secuestros en lo que va corrido del año sobre todo en el sur del departamento, según el comandante Moreno. Y de la siembra de minas antipersonales que ya dejan al menos dos muertos y seis heridos, entre ellos dos indígenas y cuatro miembros de la Fuerza Pública.

La situación es tal, como cuenta la UMAIC, que en San José del Palmar, corregimiento La Italia, el ELN instaló minas en la vía pública, los caminos interveredales y los alrededores de dos escuelas y la cancha municipal durante los últimos meses. Algo similar viene ocurriendo en Riosucio, al norte del departamento.

Por eso, desde comienzos del año, la Iglesia y las organizaciones sociales de Chocó han buscado acercamientos con la mesa de negociación del ELN, según le contaron a La Silla Pacífico dos fuentes consultadas por aparte. Ambas dijeron que las reuniones se dieron en abril y en junio con gestores de paz del ELN en Quibdó y en Istmina en la que buscaban un acuerdo humanitario para el Chocó.

Esta solicitud finalmente se concretó el pasado 19 de agosto, cuando 70 organizaciones sociales firmaron una petición para exigir ese acuerdo.

Líderes de organizaciones como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), la mesa de diálogo de los pueblos indígenas de Chocó, la red departamental de mujeres chocoanas, el Movimiento Ruta Pacífica de Mujeres fueron precisamente los que viajaron a Quito el jueves pasado y le presentaron a Pablo Beltrán “con rigurosidad y dramatismo”, según el comunicado del ELN, las cifras y los hechos que han tenido que padecer por cuenta de estas disputas territoriales.

Para Beltrán, el encuentro fue “histórico” porque es la primera audiencia con la sociedad civil que se da en el marco de las conversaciones de paz con el ELN.

“Respecto a los compromisos que conciernen al ELN, los asumimos. La primera propuesta es que nos pasen por escrito cada una de las cosas que el ELN debe investigar. Sobre cada situación, cada hecho, daremos respuesta desde el Comando Central. Ustedes están en el derecho de reclamarnos respuestas. Es nuestro compromiso público”, dijo.

Además, según le contó a La Silla Pacífico el padre Sterlin Londoño, director de la pastoral social afro de Chocó, el ELN se comprometió a viajar a Quibdó a dialogar con las comunidades.

“Es muy positivo, nos alegra mucho este anuncio. Esperamos que este grito desde Chocó haya servido para agilizar ese acuerdo, sumado a la venida del Papa”, le dijo a La Silla el padre Londoño.

Aún así, no deja de haber preocupación por dos temas: por un lado, la permanencia de las Autodefensas Gaitanistas en terreno y por otro, el hecho de que el Frente de Guerra Occidental del ELN que opera en Chocó no ha sido precisamente obediente de lo que ha mandado el Coce, como lo demostraron cuando se negaron a dejar en libertad al ex congresista Odín Sánchez en octubre del 2016 y sólo lo hicieron en febrero de este año.

“Por lo menos hasta ahora el Frente ha dado muestras de fraccionamiento. Aunque entendemos las dinámicas de quiebre de mando, esperamos que haya una sola línea en estos caminos de cese al fuego para que se acabe el sufrimiento de la gente del Chocó”, le dijo a la Silla el padre Londoño.

“Hay desconfianza e inquietud sobre la participación del Frente de Guerra Occidental en el cese. Como no han participado directamente en la mesa, no sabemos si hay consenso entre ellos, si van a acatar las decisiones”, agregó el líder indígena de Ríosucio, Helfer Andrade.

Frente a los Gaitanistas, la preocupación es aún mayor. “Ese es un tema que tiene que responder el Gobierno porque un cese al fuego no se materializa con actores armados en el centro. Las Agc pueden aprovechar para fortalecerse”, agregó Andrade.

Algo similar le dijo a La Silla una fuente del sector humanitario que ha seguido de cerca la situación en el departamento.

“El gran dilema es cómo se va a impedir que haya más confrontación entre el ELN y AGC. Es imposible que el ELN cumpla el cese de hostilidades y que se eviten las afectaciones a la población civil en medio de la avanzada de las AGC hacia las zonas de control actual del ELN. A menos que haya un compromiso claro del Gobierno de frenar el proceso expansivo de las AGC yo no creo que el cese al fuego se sostenga más de tres meses”, dijo.

El reto del Gobierno

Contener la avanzada de las Autodefensas Gaitanistas es el gran desafío al que se comprometió el Gobierno. Lo hizo al comprometerse a fortalecer el sistema de alertas tempranas (SAT).

Este sistema depende de la Defensoría del Pueblo y se nutre de los reportes de los defensores comunitarios en el terreno y de los analistas que con base en esa información alertan sobre posibles violaciones de derechos humanos que están ocurriendo o que pueden llegar a suceder.

Hasta 2002, la Defensoría era autónoma para sacar esas alertas pero a partir de 2002, el gobierno de Uribe decidió que esos informes de riesgo fueran a una Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) donde están sentadas la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa y algunas entidades del Gobierno que evalúan la alerta y deciden cómo actuar frente a ella.

La ley dice que el Gobierno debería actuar sobre la alerta dentro de los ocho días siguientes, pero la realidad es que se demora alrededor de 4 meses, según una fuente de la Defensoría, con lo cual mucho del propósito de esas alertas tempranas se pierde.

En el Acuerdo con las Farc, el Gobierno se comprometió a devolverle a la Defensoría su autonomía, de tal manera que ahora basta con que saquen una alerta para que la Fuerza Pública esté obligada a actuar inmediatamente lo que, en principio, debería servir para proteger a los líderes sociales y contener la avanzada de los nuevos paramilitares.

Pero para que esto se operativice se necesita plata. Recursos del presupuesto que lleguen todos los años y no solo cuando se dependa de la generosidad de la Unión Europea. Hoy hay unos 200 y pico defensores comunitarios y se calcula que se requieren el doble. Además necesitan mejor movilidad: lancha, motos, carros para poder viajar a las veredas y certificar la situación.

El otro desafío es más de tipo militar. Hoy el Ejército tiene unos cinco mil hombres persiguiendo al ELN, y la información que manejan es que han ‘neutralizado’ a 14 comandantes de frente el último año y capturado a decenas de milicianos.

El cese del fuego significará, entonces, quitarle esa presión militar al ELN. Y al mismo tiempo, redirigir esos esfuerzos a combatir al Clan del Golfo, y demás bandas criminales.

Lo difícil será hacerlo, en el mismo territorio, con un cese del fuego ‘estatua’, en el que cada bando se queda en su territorio pero no se concentra.

Los mismos militares que definieron los detalles del cese del fuego con las Farc llevan semanas en Quito pactando cómo sería y lo que quisieron hasta último momento los militares era que el ELN accediera a un cese del fuego unilateral como el de las Farc durante el año anterior a la firma de la paz.

Pero como el ELN no accedió, por lo menos pudieron sacar que el cese incluyera las hostilidades.

En todo caso, una fuente militar de alto nivel con la que habló La Silla dijo que los militares son conscientes de que el ELN utilizará este cese del fuego para “tomar oxígeno” porque toda la información de inteligencia les ha demostrado que los elenos están conversando pero no negociando con el Gobierno.  “Aprovecharán a fortalecer su portafolio de economía criminal”, dijo la fuente.

Este portafolio está principalmente en el Oriente.

En el Oriente

En el oriente del país está concentrada la principal fuerza militar, política y social del ELN.

Solo en ese sector tienen presencia tres de los cinco frentes de guerra de esa guerrilla. El Nororiental, que está en el Catatumbo, el Oriental, que se mueve en Arauca, y el Darío Ramírez Castro, que está en el Magdalena Medio.

En esas tres regiones, según cifras oficiales, hay alrededor de mil hombres armados, de los 1500 que tienen desplegados en todo el país; además, es allí donde se concentra la mayor actividad bélica de esa guerrilla (en 2016 en el Catatumbo y Arauca tuvieron lugar el 40 por ciento de los atentados, secuestros, extorsiones y homicidios cometidos por el ELN).

En cada sector, el ELN tiene su propias complejidades.

En el Magdalena Medio, el ELN maneja parte de la cadena del narcotráfico y controla una porción de las vacunas a mineros legales e ilegales, pero su dominio no es completo.

Esa guerrilla comparte territorio con las Autodefensas Gaitanistas, y aunque en el Sur de Bolívar tiene acuerdos con esa banda para cobrar extorsiones y encargarse del mercado negro de la venta de oro y carbón, en el bajo cauca antioqueño actualmente está disputando el control de la zonas.

Eso, según Iván Maderos, director de Credhos, ONG que le hace seguimiento al conflicto en esta subregión, debe mantener las alarmas encendidas debido a que el Magdalena Medio sigue siendo zona de conflicto y el cese al fuego del ELN eventualmente podría empoderar a bandas criminales.

“Saludamos el cese, pero también hay que llamar la atención sobre que el control social lo siguen ejerciendo grupos armados y que este no es el único actor que queda. Y como quedan los corredores del narcotráfico lo grave es que se va a consolidar la presencia de estos nuevos grupos paramilitares si en el marco del cese no se atacan esas estructuras”, aseguró a La Silla Maderos.

Por su parte, en el Catatumbo, el ELN -que opera con ocho estructuras y alrededor de 348 hombres- se encarga de parte del contrabando de la frontera, del robo de combustible y las voladuras al oleoducto Caño Limón – Coveñas.

Desde que las Farc se replegaron, esa guerrilla empezó a expandirse al igual que el reducto del EPL que opera en la zona, y que suma alrededor de 150 combatientes.

Con esa crecida en el Catatumbo, también se ha acercado al EPL, y hoy, según reportes de inteligencia, hay acuerdos entre los dos grupos para el manejo de casi todas las actividades delictivas en la zona.

“Ahora son una sociedad”, le dijo a La Silla una fuente de adentro del Ejército que pidió no ser citada.

Debido a que la expansión del ELN y el EPL se dio a la par, en la región también creen que será difícil hacer la verificación del cese bilateral, porque no hay claridad de las fronteras invisibles.

“En el terreno la situación es muy compleja, los dos grupos se han ido expandiendo y cada vez comparten tácitamente más territorios. Eso puede llevar a dificultades en la verificación porque acciones del EPL podrían terminar siendo atribuidas al ELN”, explicó a La Silla Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar.

Además, La Silla conoció que en la zona hay información relacionada con que el ELN estaría trayendo estructuras de Arauca para reforzar las del Catatumbo.

Por eso, uno de los temores en el Catatumbo, aún con el paso que dan el ELN y el Gobierno con el cese bilateral, es que en caso de que avance la negociación haya transferencia de brazaletes con el EPL, y que por ejemplo esa guerrilla termine volando oleoductos.

El riesgo es más latente, porque con la replegada de las Farc quedó claro que el Gobierno no copó todos los territorios que esa guerrilla dejó libres y por eso fue que se propició la reforzada del ELN y el EPL en esa región.

En el lado de Arauca, que es como lo ha contado La Silla, el principal fortín del ELN y en donde están alrededor de 386 hombres armados, sus actividades están más ligadas a extorsiones y atentados a la industria petrolera, ganaderos y comerciantes.

Como en Arauca está el frente Domingo Laín, que es el que en los últimos años desplegó una ofensiva militar que levantó sospechas sobre si el ELN estaba realmente hablando el mismo idioma con el proceso de paz, hay expectativa porque toda la estructura de esa guerrilla cumpla el cese.

Y es que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en lo corrido del año el ELN ha cometido alrededor de 50 asesinatos selectivos a civiles en Arauca, cifra que se triplica con respecto a las bajas en la Fuerza Pública.

“Este es un gran paso para que sobre todo respeten y asuman el derecho internacional humanitario y respeten a los civiles”, le dijo a La Silla una fuente de esa entidad que pidió no ser nombrada porque no está autorizada para dar declaraciones a la prensa.

La verificación

La clave será, entonces, la verificación internacional del cese bilateral. Para conseguirla, Colombia tendrá que solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU una nueva misión para el ELN, que dos fuentes expertas creen que se conseguirá fácilmente aunque no inmediatamente.

En Arauca creen que de cualquier forma este solo es el primer paso, y que debe servir para que se empiecen a cumplir los puntos de la agenda que se pactaron e inicie la participación de la sociedad en la mesa de negociación en Quito.

“Nosotros somos claros y reiterativos en decir que el problema de la paz no es el conflicto armado, sino superar las causas estructurales que están ligadas al abandono del Estado, a la pobreza y la desigualdad”, le dijo a La Silla José Murillo, uno de los diez voceros regionales que tiene el Movimiento Político de Masas en Arauca, organización afín a Congreso de los Pueblos.

La ilusión tanto de gente cercana al ELN como de gente del Gobierno es que una vez se consiga el desescalamiento de la confrontación y que se comience a dar cierta participación de la sociedad en el proceso eso opere como “un pegante” de la negociación y en suficiente incentivo para llegar al siguiente gobierno con un proceso andando.

Nada será fácil. Pero como dijo el Papa Francisco y es el mensaje que quiere dejar en Colombia, “siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto”.

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