La presidenta de Honduras pidió perdón en nombre del Estado por el asesinato de una mujer trans

La presidenta Xiomara Castro asumió la responsabilidad estatal de Honduras en el asesinato de una mujer trans y activista LGBT cometido por fuerzas policiales en 2009. Se trata del crimen de Vicky Hernández, un caso paradigmático que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado.

«En nombre del estado de Honduras (…) declaro que se asume la responsabilidad internacional de este vil crimen, cometido en contra de Vicky Hernández y su familia, como una flagrante violación de los derechos humanos», dijo Castro durante un acto. Esta es la primera vez en la historia en que un mandatario en ejercicio reconoce una sentencia emitida por la CIDH en torno a la violación de derechos contra la comunidad LGTBI.

«Solicitamos públicamente el perdón por este terrible hecho», agregó la gobernante en una videoconferencia desde Tegucigalpa, durante una ceremonia en San Pedro Sula, donde Hernández fue asesinada, a 180 kilómetros de la capital.

En 2021, la CIDH declaró que el Estado de Honduras era «responsable por la muerte de Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida activista dentro del Colectivo Unidad Color Rosa».

El tribunal también ordenó el reconocimiento público del crimen y resarcir a su familia.

Castro dijo que implementará un plan de capacitación para los cuerpos de seguridad estatales y adoptará «un procedimiento que permita a las personas adecuar sus documentos de conformidad con su identidad de género autopercibida», ambas órdenes de la CIDH. La ley de identidad de género es una antigua demanda de colectivos LGBT en Honduras.

El crimen de Vicky Hernández

La noche del 28 de junio de 2009, Vicky estaba en la calle con dos compañeras en San Pedro Sula durante un toque de queda decretado tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la hoy gobernante Castro.

Una patrulla policial intentó arrestarlas y ellas se fugaron. Al día siguiente Hernández fue hallada muerta con heridas de bala. La CIDH constató que «existían indicios de participación de agentes estatales».

«Su muerte no ha sido aclarada por las autoridades y el caso permanece impune», dijo el tribunal.

La ceremonia de reconocimiento y perdón fue en la sede de la ONG Unidad Color Rosa. Estuvieron el canciller Enrique Reina, familiares de Hernández y activistas como Kerry Kennedy, presidenta de la fundación de derechos humanos Robert F. Kennedy, impulsora de justicia en el caso.

«Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros, tenemos que amar a nuestros hijos como sean (..) Para mí fue difícil pasar esto, la muerte que le dieron a ella. No más discriminación», dijo Rosa Hernández, madre de Vicky.

Según la red lésbica Cattrachas, en 2021 hubo 26 muertes violentas de personas LGBT en Honduras.