La Policía de Bolivia aprobó el uso de armas letales en represiones

Una disposición confirmó que la Policía instruyó a sus agentes a capacitarse en el manejo de las armas letales y no letales ante las próximas manifestaciones. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia ya había confirmado que militares utilizaron armas AK-47 y 9 mm en las masacres de Senkata y Sacaba, pero quedaban dudas sobre el accionar policial. La decisión se enmarca además en el reciente fallo del Tribunal Constitucional que aprobó la extensión del mandato de Jeanine Áñez hasta la elección de un nuevo Gobierno el próximo 3 de mayo.

De acuerdo al memorándum del Departamento de Planeamiento y Operaciones de la Policía, los agentes deben “entrenar y practicar de manera permanente las reglas básicas del manejo seguro de armas letales y no letales”. Intentando desentenderse por la decisión, el responsable de Comunicación del Comando Nacional, René Acarapi, alegó en medios bolivianos que se está “tergiversando o malinterpretando la información” del documento.

El texto indica que la medida es una respuesta a la reciente declaración del vicepresidente de las Seis Federaciones de Cultivadores de Hoja de Coca de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, sobre retomar las manifestaciones el próximo 22 de enero. Además, aclara que se están conformando “grupos irregulares de choque con el objeto de convulsionar el territorio nacional”.

En ese sentido, reforzaron los operativos dispuestos en las fronteras para que cada unidad despliegue “el 100 por ciento de sus efectivos para la búsqueda, recopilación y análisis de información referente al ingreso del país de personas extranjeras con la intención de conformar grupos irregulares de choque y otras amenazas para la población boliviana”. Hasta periodistas de otras nacionalidades fueron acusados de “sedición” en noviembre, después del golpe de Estado contra Evo Morales.

Las víctimas de las represiones condenaron la decisión de uso de armas letales, ya que hasta el momento se registran más de 800 heridos y 500 detenidos desde que comenzaron las protestas. Además, advirtieron que este tipo de represión atenta con los Derechos de los ciudadanos bolivianos.

El gobierno de facto contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El gobierno de Áñez puso en duda la independencia de la CIDH al repudiar sus recientes cuestionamientos contra varias de sus medidas adoptadas desde que se autoproclamó presidente, como el decreto que otorgaba inmunidad a los militares en la represión a protestas y el duro informe por el uso de la fuerza por parte de policías y militares.

El organismo internacional también reclamó garantías para la libertad de expresión y emitió también medidas cautelares en favor de la defensora estatal del pueblo y un colaborador suyo, denunciados por el gobierno de actuar por móviles político-partidarios y no legales.

“Estoy absolutamente asombrado que solamente hayan derechos humanos y CIDH para unos y no hayan para el resto de los bolivianos”, afirmó en rueda de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

Murillo aseguró que el trabajo que realiza la CIDH “es altamente preocupante” al haberse pronunciado de manera expedita sobre varios casos durante el gobierno de la derechista Jeanine Áñez, que comenzó el 13 de noviembre, pero haber guardado “silencio” durante el gobierno de Morales, de acuerdo al funcionario.