La ONU y Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento por los derechos humanos

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos confirmó la firma de un acuerdo entre el organismo internacional y el gobierno venezolano para aumentar su cooperación en este campo, con el objetivo de abrir una oficina permanente en ese país. El Memorando de Entendimiento, que tendrá vigencia por un año, fue firmado hace cuatro días por Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza.

«Mi Oficina y yo estamos comprometidas a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país», señaló Bachelet en el comunicado

El memorando incluye el refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia, al tiempo que facilita las posibles visitas de relatores especiales de Naciones Unidas durante los próximos dos años. Como parte del documento se valoró la posibilidad de un acuerdo que permita instituir una oficina de la ONU en Venezuela.

Los detalles de estas actividades se acordarán en un plan de trabajo que deberá concertarse entre el Gobierno de la nación sudamericana y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dentro de 30 días a partir de la firma.

Según la nota, Caracas permitirá «una presencia continua en el país de un equipo de dos funcionarios de derechos humanos de la ONU», el «acceso a los centros de detención» y «libertad de circulación en todo el país».

La situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido objeto de fuertes críticas de Bachelet, que recientemente lamentó que persistan «la tortura», las «detenciones arbitrarias» y «ejecuciones extrajudiciales» en ese país. El informe fue rechazado por el gobierno venezolano.

Bachelet ha pedido al gobierno venezolano, hasta ahora sin éxito, que desmantele las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, un cuerpo de élite de la la policía creado en 2017), acusadas por la ONU de realizar «ejecuciones extrajudiciales».

El canciller Arreaza, en su participación en el Consejo de Derechos Humanos, cuestionó nuevamente la veracidad de ese informe y denunció lo que el Gobierno de Maduro considera un complot occidental liderado por Estados Unidos para forzar la salida del poder del líder bolivariano.

En el mismo consejo los países del llamado Grupo de Lima presentaron un proyecto de resolución sobre Venezuela en el que piden la creación de una comisión que investigue las violaciones de los derechos y libertades fundamentales ocurridas en este país desde enero de 2014.