La matanza de Uchuraccay reclama justicia

Más de 30 años después del asesinato de periodistas y fotógrafos peruanos que viajaban a investigar una masacre de miembros de Sendero Luminoso por parte de comuneros, los familiares de las víctimas continúan reclamando el esclarecimiento de los hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso, pero el Estado peruano posterga la entrega de presentaciones. Falta investigar las causas, los motivos, y los verdaderos autores de las muertes. 


Pablo Pérez Álvarez – Proceso (México)

Ocho reporteros y fotógrafos peruanos que cubrían el conflicto interno originado por la guerrilla de Sendero Luminoso fueron asesinados el 26 de enero de 1983 en el poblado andino de Uchuraccay, en el departamento de Ayacucho (en el sur de Perú).

Cuatro años después, tres campesinos fueron condenados por el crimen y otros 14 fueron declarados prófugos en una sentencia que no satisfizo a las familias.

Más de tres décadas después, éstas siguen buscando saber la verdad y que se haga justicia, por lo que han pedido al actual gobierno, presidido por Ollanta Humala, que se desclasifique la información que todavía se mantiene reservada sobre ese incidente y que acepte una investigación completa.

La versión oficial es que comuneros de la apartada localidad los asesinaron tras confundirlos con senderistas, versión que fue avalada por una cuestionada comisión investigadora encabezada por el escritor Mario Vargas Llosa. Sin embargo, sus familiares y las organizaciones de periodistas sostienen que hay pruebas y testimonios que revelan que no fue así, y que la Marina de Guerra y la policía peruana tuvieron una mayor implicación en ese hecho.

En 2004 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ésta se demoró seis años en aceptarlo. Pero desde entonces el gobierno peruano ha estado alargando los plazos para presentar observaciones y ha eludido responder una solicitud para negociar con las víctimas una resolución.

“Están pendientes de investigar las causas, los motivos, y los verdaderos autores de las muertes. Está pendiente la obligación del Estado de cumplir con sus deberes, establecidos en los convenios internacionales, de sancionar los delitos”, reclama el abogado Julio Falconí, que formó parte del equipo de abogados que representó a los familiares en 1987 y que está ahora en el proceso ante la CIDH.

“Hay que insistir con Ollanta Humala para que desclasifique los documentos, para que se revele quiénes estuvieron presentes en Uchuraccay, quién ordenó esta matanza”, afirma Falconí.

Gloria Tréllez, madre de Luis Mendívil, que con 20 años era el más joven de los asesinados, mantiene su lucha incansable en busca de la verdad pese a que padece osteoporosis y cáncer. Sin embargo, manifiesta una “impotencia atroz” por no haberla encontrado todavía. “Me siento que estoy traicionando la memoria de mi hijo, porque a pesar de haber luchado tanto no hemos conseguido la justicia”, se lamenta.

Con motivo de la conmemoración este año de un nuevo aniversario de la masacre, la mujer hizo un pedido a Humala: “Por favor, ya no esté pidiendo el gobierno más prórrogas, que nos atiendan en nuestro pedido”.

El informe Vargas Llosa

En la zona de Huanta, los campesinos habían emboscado y matado en los primeros días de 1983 a un total de 24 integrantes de Sendero Luminoso. Cinco de ellos murieron en Uchuraccay, donde la guerrilla había asesinado al presidente de la comunidad dos meses antes tras haberlo expulsado.

“Mundialmente el caso Uchuraccay está considerado como la segunda mayor matanza de periodistas en el mundo”

El 21 de enero se produjeron siete nuevas muertes en la localidad Huaychao, y el entonces presidente, Fernando Belaunde, había felicitado a los comuneros. Eran las primeras noticias que se tenían de campesinos enfrentándose y matando a miembros del grupo guerrillero en los tres años de conflicto y había todo tipo de rumores, como que los fallecidos en Huaychao eran niños, así que los ocho comunicadores, pertenecientes a cinco periódicos regionales y nacionales querían reportear la historia.

Felix Gavilán, Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez (los tres de El Diario de Marka), Willy Retto y Jorge Luis Medívil (de El Observador), Jorge Sedano (de La República), Octavio Infante (de Noticias de Ayacucho) y Octavio Infante (del semanario Oiga) salieron ese 26 de enero desde el pueblo Huamanga hacia Huaychao.

Una parte del trayecto la hicieron en taxi, pero luego tenían que recorrer unos 40 kilómetros a pie. Pero poco antes de llegar, en Uchuraccay, fueron interceptados por los campesinos, que mataron a los ocho, a su guía, Juan Argumendo, y a Severino Huáscar, un vecino al que acusaron de tener vínculos con Sendero Luminoso.

“Mundialmente el caso Uchuraccay está considerado como la segunda mayor matanza de periodistas en el mundo”, destaca Zuliana Láinez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas. Fue superada en 2009 por la muerte de 32 profesionales de los medios en Filipinas en la masacre de Maguindanao, cuando unas 60 personas fueron asesinadas durante un acto electoral en Filipinas.

Ese mismo año, la comisión que encabezó Mario Vargas Llosa estableció que Uchuraccay era una pueblo “atrasado y violento”, donde sólo hablaban quechua y cuyos habitantes vivían “todavía como en los tiempos prehispánicos”. Según sus conclusiones, los comuneros, que estaban en tensión temiendo una inminente represalia por parte de Sendero Luminoso, cayeron de improviso sobre el grupo de reporteros y los mató sin darles ocasión de identificarse.

“Debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo”, indicaba su informe, aunque dejaba abierta la posibilidad de que “este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacias, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase el malentendido en vez de disiparlo”.

También reconoce que los agresores estaban seguros de tener “autorización para actuar así por parte de la autoridad”. Esto, porque después de la matanza de guerrilleros, habían llegado fuerzas policiales en helicóptero y les habían dicho que ellos sólo llegarían por aire y que les incitaron a matar a cualquiera que lo hiciera por tierra.

Sin embargo, poco después aparecieron unas fotos que había tomado Willy Retto, una de las víctimas, en las que se ve cómo estaban dialogando con los comuneros. También se supo que sí había vecinos que habían vivido en Lima y regresado, por lo que hablaban español, y que tanto el guía como dos de los periodistas sabían quechua.

Además, Falconí sostiene que las autopsias certificaron que la causa de la muerte en todos los casos había sido un golpe certero en la base del cuello, una marca característica de los militares. “Fue una ejecución”, sentencia.

El abogado recuerda que durante el juicio, en 1987, testificó Vargas Llosa y que éste reconoció que “si hubiera tenido acceso a esas pruebas, su informe habría sido diferente”.

“Para nosotros las heridas no se cierran, para nosotros las heridas están abiertas. Seguimos sufriendo esta muerte de nuestros seres queridos”

Pero cuando la sentencia estableció que los comuneros eran los únicos culpables, el futuro premio Nobel
“sale muy contento y dice que se ha confirmado lo que ha dicho la comisión, habiéndonos ofrecido reconocer que se había equivocado”, critica.

Para el abogado, el escritor le hizo “un favor político” al presidente Belaunde, porque su gobierno, que había puesto fin a una década de dictadura militar, atravesaba por “una crisis muy grave, ya que los militares estaban muy preocupados porque se les implicaba en los crímenes y había rumores de golpe de Estado˝.

Pero, agrega, los jueces afirman también en sus considerandos que en las muertes participaron efectivos militares y policiales, los cuales habían incitado a los comuneros a dar muerte a los periodistas y por ello se “ordena que se abra proceso contra varios militares, pero por delitos menores, contra la administración de justicia, desobediencia a la autoridad, incitación al delito…”.

Los familiares consideraron que mandos medios no tenían la capacidad ni el poder de decisión para ordenar la muerte de ocho periodistas y que tuvo que haber “una decisión de mayor nivel”, en palabras de Falconí. Éste había pedido durante el juicio los informes militares y policiales sobre las patrullas que estuvieron ese día en Uchuraccay, pero esa información fue declarada clasificada y así sigue hasta hoy, 31 años después.

Poder militar

El abogado Falconí achaca este hecho al peso desmedido que sigue teniendo el Ejército en Perú. “Al final se trata de la democratización de las Fuerzas Armadas. Esto no va a ser posible si las Fuerzas Armadas no ocupan el lugar que les corresponde de acuerdo a la Constitución. No se puede sacrificar la búsqueda de la verdad por mantener la tranquilidad de los militares”.

Su compañera en el equipo de abogados de las familias, Nilda Tincopa, subraya que “en realidad en Ayacucho (…) había un gobierno paralelo al de Belaúnde. Los militares eran un gobierno, que además se llamaba Comando Político-Militar. Ellos tomaban todas las decisiones y hay cantidad de muertos”.

El periodista Armando Campos, que en esa época era jefe de la sección de policiales del diario La República, al que pertenecía Jorge Sedano, otra de las víctimas, se muestra convencido de que “ellos descubrieron una verdad y no tenían otra alternativa que matarles y ahí quedó estancada la verdad hasta ahorita”.

El destino de Uchuraccay fue igualmente trágico. Situado en un punto estratégico de la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho, sus habitantes tuvieron que abandonarla después de la muerte de 135 lugareños por la acción de Sendero Luminoso (la mayoría) y por venganzas y la represión estatal. Sólo en 1993 algunos regresaron para refundar el poblado.

El Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú solicitó hace un año a Humala que “se allane a la demanda planteada por los periodistas y que acepte negociar”. Pero hasta ahora “no hemos tenido respuesta”, indica Gloria Tréllez.

En estos momentos, los demandantes están en espera de que la Comisión Interamericana llame a conciliación a ambas partes o eleve el caso a la Corte Interamericana. Su resolución, si es a favor de los familiares, exigiría al Estado peruano a aclarar lo ocurrido y hacer justicia.

Tincopa cree que se va a optar por la primera opción, que siempre es la preferencial en la CIDH, aunque apunta que “ya debería haberlo hecho hace rato”.

No obstante, no cree que el Estado peruano acceda a esa solicitud. “No hay vocación de resolver el problema porque eso implicaría reconocer que han cometido delito de lesa humanidad”, manifiesta. “No lo van a reconocer y menos el señor que está en el gobierno”, añade en referencia a Humala, militar retirado.

Mientras, las familias siguen languideciendo en espera de justicia. “Para nosotros las heridas no se cierran, para nosotros las heridas están abiertas. Seguimos sufriendo esta muerte de nuestros seres queridos”, reclama Eudocia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, un corresponsal del Diario de Marka que hace 31 años salió a cubrir el conflicto que desangraba a su país y ya no regresó.

 

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