La Justicia paraguaya absolvió a dos represores del Stronismo

En un fallo calificado por las organizaciones de derechos humanos como una “abofetada hacia las víctimas”, la Cámara de Apelaciones de Paraguay sobreseyó de culpa y cargo a dos torturadores que fueron procesados en la misma causa junto con el ex dictador Alfredo Stroessner. Camilo Almada Morel, alias Sapriza, y Eusebio Torres Romero, estaban siendo juzgados por homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad. Los organismos convocaron movilizaciones frente al Poder Judicial para repudiar la sentencia.

La presunta razón por la que el Poder Judicial deja libres a los torturadores, que cometieron graves crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, es por la “extremada dejadez del Ministerio Público”. Con base en esta recriminación hacia la labor de la Fiscalía, el Tribunal de Apelación –formado por los camaristas Emiliano Rolón, Bibiana Martínez y Pedro Mayor Martínez– revocó 12 años después un fallo de primera instancia y ordenó cerrar la investigación contra los represores.

En el caso se investigaba el rol de Morel y Romero en los crímenes de la dictadura entre abril de 1976 y mayo de 1979, en el que también estaban procesados el ex presidente de facto Stroessner y su ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro, ya fallecidos.

Uno de los jueces de la Cámara, Morel, alegó que los crímenes de lesa humanidad «no son prescriptibles por Constitución, pero sí extinguibles». Sin embargo, la Constitución paraguaya de 1992 recoge en su artículo 5 que el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio de personas por cuestiones políticas «son imprescriptibles».

«En el caso que nos ocupa, según se tiene sustentado, procede la extinción, por la extremada dejadez del Ministerio Público, lo cual amerita calificarlo como ‘desinterés en la persecución’, circunstancia determinante para decretar el sobreseimiento definitivo de los procesados», alega el fallo, que todavía es apelable ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las organizaciones civiles denunciaron que la sentencia del Tribunal “constituye un atropello a la Constitución Nacional. Y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país como el Pacto de San José y la Convención contra la Tortura”.

El coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci, manifestó este jueves una «repulsa enorme» a este fallo, que consideró como una «bofetada» a las víctimas de la dictadura. Pecci invitó a las organizaciones ciudadanas a «plantear movilizaciones» frente al Poder Judicial para «exigir que la Corte Suprema de Justicia tome el expediente y lo analice».

También estudia este caso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que a petición de distintas organizaciones va a «hacer un análisis de este hecho», subrayó su secretario ejecutivo, Óscar Ayala.

La lucha de los organismos de derechos humanos por lograr Justicia data desde el 15 de marzo de 2002. cuando otro juez sobreseyó provisionalmente a los citados procesados. Sin embargo, el 12 de diciembre del 2007, una magistrada rechazó el pedido de extinción de la acción penal contra Torres y Almado, al sostener que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. En ese momento los imputados pidieron revocar el fallo y reclamaron su sobreseimiento.

Las cifras del horror reveladas por el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia sostienen que durante la dictadura de Stroessner, entre 1954 y 1989, hubo 20.000 víctimas directas de violaciones de derechos humanos; 19.862 detenidos en forma arbitraria o ilegal; 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente, 336 desaparecidos, 3.470 exiliados, 107.987 víctimas indirectas, entre familiares y allegados, y 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas.