La justicia brasileña condenó la nueva provocación de Bolsonaro hacia los derechos humanos

La Fiscalía de Brasil condenó las declaraciones realizadas por el presidente del país, Jair Bolsonaro, quien puso en duda la desaparición y muerte de un preso político durante la dictadura militar que gobernó el país por 21 años. Bolsonaro llamó “falacias” a las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad y, a modo de provocación, le ofreció al presidente del colegio de abogados de Brasil contarle «cómo desapareció su papá en la dictadura».

El comentario del presidente Bolsonaro volvió a desatar la polémica en Brasil al poner en duda la actuación de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), dirigida por Felipe Santa Cruz, cuyo padre fue detenido y asesinado por agentes de la dictadura. A modo de provocación Bolsonaro desafió: «si el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre en el periodo militar» él mismo podría contarle. 

La Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, órgano que pertenece a la Fiscalía, rechazó en un comunicado público las declaraciones de Bolsonaro sobre Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira y condenó su postura «no solo por la fricción con el decoro ético y moral» sino también por «sus implicaciones jurídicas».

«Esta declaración está revestida de enorme gravedad, no solo por el decoro ético y moral esperado de todos los ciudadanos y de las autoridades públicas, sino también por sus implicaciones jurídicas», destacó la institución.

El mandatario ultraderechista, que asumió la presidencia el pasado 1° de enero, justificó sus afirmaciones con lo que llamó su propia «vivencia» de los hechos. Según él, el padre del presidente de la OAB habría desaparecido después de que integrara un grupo «terrorista», «violento» y «sanguinario».

El certificado de muerte de Santa Cruz, que incluye un extenso informe elaborado por la Comisión de la Verdad -instaurada para investigar los crímenes de la lesa humanidad- confirma que el padre del dirigente de la OAB fue víctima de una muerte «violenta» y «causada por el Estado» y su «persecución sistemática y generalizada a la población identificada como opositora política del régimen dictatorial».

La Fiscalía recordó también que el informe de la Comisión de la Verdad es un «documento legal» elaborado para «aclarar hechos que contaban con versiones conflictivas».

La institución resaltó además que cualquier autoridad pública, «y en especial el Presidente de la República», está «obligada» a revelar cualquier información que tenga sobre las circunstancias de una «desaparición forzada o el paradero de la víctima».

«Además de tratarse de un comportamiento ético y moral esperado de cualquier ciudadano y especialmente de un agente del Estado, es un deber jurídico, susceptible incluso de sanción en caso de incumplimiento», recalcó el comunicado.

Por su parte, la Orden de los Abogados de Brasil divulgó una nota pública de repudio, en la que expresó que todas las autoridades del país «deben obediencia a la Constitución Federal», que tiene entre sus fundamentos la «dignidad de la persona humana» y que incluye el «respeto a la memoria de los muertos».

Según resaltó la OAB, el cargo de mandatario de un país «exige» que este sea ejercido «con equilibrio y respeto a los valores constitucionales», por lo que «está prohibido atentar contra los derechos humanos», incluidos «los derechos políticos, individuales y sociales».

Esta mañana Bolsonaro, que fue capitán del Ejército, puso en dudas el trabajo de la Comisión de la Verdad. Dijo que las investigaciones se tratan de «falacias» y cuestionó la legitimidad del comité.

«Nosotros queremos develar crímenes. La cuestión del 64 (año en que tuvo inicio la dictadura militar), existen documentos de que han matado, que no han matado. Todo eso es una falacia», dijo el presidente en declaraciones a la prensa.