Una mujer que hizo justicia

Guatemala

Claudia Paz y Paz fue electa fiscal general en diciembre de 2010 por decisión del presidente Álvaro Colom, quien buscaba a alguien que pudiera avanzar en el sistema de justicia transicional. Ella llegó para revolucionar al Ministerio Público. Nunca tuvo el poder real necesario para su tarea, pero logró enjuiciar al ex dictador Efraín Ríos Montt. Fue destituída en mayo, sin concluir su mandato. 

Crónica

José Luis Sanz* – El Faro (El Salvador)

Si el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt simbolizó la oportunidad de que la Justicia en Guatemala se deshiciera de sus mordazas históricas, su anulación y la virtual destitución de la Fiscal Claudia Paz y Paz fue un puñetazo en la mesa para volver al antiguo orden. Jueces con miedo, negociaciones escondidas y redes de favores, mantienen el sistema de Justicia guatemalteco sometido a intereses de grupo, corruptelas y viejos tabúes.

El día en que la derribaron, Claudia Paz y Paz pensaba que había ganado la partida. Era jueves. La Fiscal General de Guatemala convocó a su equipo de colaboradores más cercanos para una reunión a las 11 de la mañana en su despacho.

Llevaba meses bajo intenso fuego político. En solo tres años había encarcelado a estructuras completas de las Mara Salvatrucha o el Barrio 18, a militares acusados de crímenes de guerra y a un centenar de miembros de los Zetas. Había capturado y extraditado a Estados Unidos a capos tradicionales del narcotráfico local que, gracias a padrinos políticos, habían disfrutado de virtual inmunidad por años. Paz y Paz simbolizaba una nueva Justicia en Centroamérica. Pero procesar en 2013 al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio la había colocado en el punto de mira de la poderosa derecha tradicional de Guatemala.

La cúpula empresarial llevaba meses tratando de acortar a mayo de 2014 su tiempo en el cargo, que inicialmente debía terminar en diciembre. Veían en el rostro redondo y pecoso de Paz y Paz a la izquierda, al viejo comunismo, apropiándose del sistema de Justicia para volverlo contra ellos. La querían fuera. Querían darle una muestra clarísima de su viejo y efectivo poder.

Esa era la partida que la Fiscal creía ganada ese jueves 5 de febrero. Pensaba, por un error de cálculo, que el plazo legal para que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre su caso había expirado. Y unas declaraciones hechas el jueves anterior por Manuel Barquín, vicepresidente del Congreso, dando por buenos dos informes técnicos de la Corte Suprema de Justicia a favor de Paz y Paz terminaban de apuntalar su optimismo. La ley y la política estaban, pensaba, de su lado.

A las 11, todo su equipo acudió a la cita. Con su hilo de voz y su parsimonia habituales, perfectas para contar cuentos o secretos, Claudia Paz les comunicó su siguiente paso estratégico en la larga partida de ajedrez en que se ha convertido el pulso por la Justicia en Guatemala. Arturo Aguilar, por años su mano derecha y hasta ese momento su Secretario Privado en el Ministerio Público, iba a dejar ese puesto para unirse como asesor especial a la CICIG, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala dependiente de Naciones Unidas. Aguilar y ella lo habían discutido varias semanas, decidido a solas y hablado ya con el comisionado de la CICIG, un exfiscal colombiano, que daba su completo aval al traslado.

«Si el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt simbolizó la oportunidad de que la Justicia en Guatemala se deshiciera de sus mordazas históricas, su anulación y la virtual destitución de la Fiscal Claudia Paz y Paz fue un puñetazo en la mesa para volver al antiguo orden»

Elvyn Díaz participó en aquella reunión de las 11. Era el subsecretario privado de la Fiscal.

—Aquel día Claudia nos dijo que sabía que 2014 iba a ser el último año en el MP pero que aún teníamos la posibilidad de dejar un escenario favorable para que cuando nos fuéramos no se cayera todo ni hubiera una cacería de brujas en nuestra contra. —Recuerda cuatro meses después, ya fuera del Ministerio Público—. Por eso el movimiento de Arturo. 

—¿Y qué le respondieron ustedes? 

—Alabamos la decisión de la jefa. Le dijimos: “Si ustedes ya lo evaluaron, y creen que es por el grupo, adelante.”

En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz. 

En realidad la justicia transicional no era la única preocupación de Colom y sus ministros más cercanos. Guatemala arrastraba aún la losa del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano en 2007, a manos de un grupo de policías corruptos. Seis días después del crimen, un comando armado entró a la cárcel de máxima seguridad “El Boquerón” en la que estaban los asesinos, los ejecutó y salió por donde había entrado. Ninguna puerta fue forzada. Ningún custodio vio nada. Nunca se capturó a nadie. El gobierno del entonces presidente Óscar Berger, en negación o complicidad, trató de atribuir el crimen, sin pruebas ni testigos, a otros presos.

«En diciembre de 2010 ninguna estructura de poder, ninguna rosca vinculada al sistema de justicia de Guatemala, apostaba por que el presidente Colom fuera a elegir como Fiscal General a Claudia Paz y Paz»

Es un hecho probado que durante la administración Berger funcionaron en la Policía escuadrones de la muerte destinados a la limpieza social. La masacre de “El Boquerón” no fue la única que se cometió en aquellos años en las cárceles de Guatemala, convertidas en escenario de ajustes de cuentas entre grupos criminales, con la complicidad del Gobierno. Pero el silenciamiento, a tiros y en la cárcel, de los autores de un crimen con implicaciones diplomáticas era la mejor escenificación de un sistema de justicia absolutamente derrotado.

Un año después, ya en el poder, Álvaro Colom encontró en su despacho siete micrófonos y dos cámaras ocultas. Alguien espiaba al presidente de la República. El hombre que debía limpiar la corrupción de los cuerpos de seguridad de Guatemala no podía confiar ni en sus guardaespaldas.

La Fiscal General nunca llegó a tener control absoluto del Ministero Público. Elvyn Díaz admite que Claudia Paz no controlaba las fiscalías de Contrabando Aduanero, que solo resolvió un caso en todo su periodo, y de Medio Ambiente, en manos ambas de fiscales en los que no confiaba pero que estaban aforados por su labor sindical. Tampoco incidía apenas en las sedes fiscales más alejadas geográficamente de la capital, a las que a menudo destinó a fiscales bajo sospecha pero a los que no podía destituir.

Más aún, la gestión de Paz y Paz fue estuvo marcada desde sus primeros pasos por la sombra de la destitución. Los rumores de que no duraría mucho se ventilaban incluso en las páginas de los periódicos. En junio de 2011, cuando llevaba apenas seis meses en el MP, un periodista le preguntó por ese constante ruido de fondo. Su respuesta de entonces cobra un sentido lúgubre tres años después: “La ley es clara y yo mantengo lo que dije: sería un golpe de Estado técnico. Mi plan de trabajo es para cuatro años; no para menos”.

Como si todos los caminos de la política guatemalteca actual pasaran por Ríos Montt, López Villatoro estuvo casado con Zury Ríos, hija del exdictador y exvicepresidenta del Congreso. La CICIG dijo en 2009 estar investigándolo por posibles negocios ilícitos, pero nunca le imputó ni probó nada. Tampoco logró detener aquel proceso de elección de magistrados y tres de los abogados apadrinados por Lóp
ez Villatoro han sido hasta 2014 titulares de la Corte Suprema. Gustavo Berganza, uno de los periodistas que mejor retrata los pulsos por el poder en Guatemala, asegura que el hombre que tengo delante es mucho más influyente hoy que cuando le trataron de derribar hace cinco años.

De las acusaciones que CICIG hizo en su contra en 2009, López Villatoro dice que Castresana se dejó manipular por las elites tradicionales, interesadas en cortarles el paso a él y a otros abogados para no tener que compartir cuotas de influencia. El negocio de López Villatoro consiste en acumular el respaldo de abogados para enfocarlo en ciertos candidatos. Estos, al llegar a un cargo, deberían ser agradecidos, amables, con él y los agremiados a los que representa. Cuando le pregunto si es cierto lo que dice Berganza, que es ahora más influyente que cuando Castresana intentó tumbarle, asiente.

«La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto»

—El tiempo nos dio la razón —dice.— Miles de abogados vuelven a confiar en nuestra propuesta.

Hay otras preguntas que López Villatoro no quiere contestar. Hay personas o asuntos, como el pulso por el MP, de los que no quiere hablar. Cuestión de cálculo. La gente como él sabe que mañana la espiral de intereses puede hacer que tu antiguo adversario se convierta en posible aliado. Tal vez sea también la certeza de que hay enemigos a los que es mejor no crispar sin motivo. En los corrillos de abogados de Guatemala te explican que a la CC se la suele llamar la “corte celestial” no solo porque sus decisiones son inapelables, sino porque recibe líneas directas de los hombres más poderosos del país. Incluso para alguien como López Villatoro es difícil, todavía, incidir en ese olimpo.

La justicia guatemalteca está en un pulso cada vez más abierto. Lo prueba la simple existencia de una figura como la de este alfil y su ejército de peones que disputan pedazos de poder a los viejos reyes. Lo prueban los años de audacia de Paz y Paz. Lo prueba la efímera sentencia contra Ríos Montt. De hecho, ni siquiera la CC es totalmente ajena ya al pulso entre grupos de influencia. La decisión del 5 de febrero que recortó el periodo de Claudia Paz y Paz se tomó por unanimidad de los cinco magistrados, pero la anulación del primer juicio al exdictador no. Se resolvió en una votación dividida, de tres contra dos.

López Villatoro, alejado de romanticismos y aferrado a sus intereses, declara la partida abierta. Es evidente que piensa que la ganarán los que tengan paciencia y sean prudentes.

Es una virtud cada vez más extendida, la prudencia. Desde que la corte celestial ordenó que el juicio a Ríos Montt se debe repetir, más de 90 jueces se han inhibido de conocer el caso. No quieren ser la nueva Yassmín Barrios o el futuro Pablo Xitumul. Se podría pensar que lo hacen para no desafiar con una nueva condena a las elites, pero ¿cómo explicar que no haya tampoco tres jueces interesados en granjearse el favor del CACIF absolviéndole? El cálculo es más complejo y no tiene apenas que ver con el ideal de la Justicia. Los jueces con ambiciones futuras temen que la unidad de los grupos de derecha en contra del juicio sea solo temporal, que la mesa siga girando y a ellos, sea cual sea su fallo, el tiempo les ponga en el escaque equivocado de este tablero redondo.

 

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*Con reportes de Valeria Guzmán