Lasso amplía la reserva marina pero duplica la explotación petrolera y minera

Como parte de un anuncio conjunto con Costa Rica, Colombia y Panamá, el gobierno de Guillermo Lasso aseguró que se extenderá la reserva marina “para lograr el área protegida más grande del hemisferio occidental”. Esta decisión causó, sin embargo, un gusto amargo entre los indígenas del país: ellos resaltaron la iniciativa pero al mismo tiempo denunciaron que el mandatario pretende duplicar la producción petrolífera en el Amazonas a través de un decreto. 

En el marco de la COP26, Ecuador firmó junto al resto de los países la “Declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical”. 

Este acuerdo amplía la protección medioambiental sobre algunas de las regiones “más ricas en biodiversidad del mundo”, como la isla del Coco (Costa Rica), Galápagos (Ecuador), Malpelo (Colombia) y Coiba (Panamá).

“La firma de este acuerdo es un momento muy especial que por sí solo justifica la COP26”, señaló por su parte Lasso.

Precisamente, las Islas Galápagos en Ecuador representan una reserva marina de cerca de 138.000 kilómetros cuadrados, que ahora se ampliará “hasta los 198.000”, de acuerdo a Lasso. 

Las críticas contra Lasso

Las comunidades indígenas de Ecuador acusan al mandatario de levantar las banderas a favor de la protección del medioambiente para hacerle un “lavado de cara” a su gestión. 

“Lo que no dijo en su rueda de prensa en la COP26 cuando anunció la reserva marina de Galapagos (que obviamente es súper importante!) es que a la vez va destruir la selva y territorios indígenas duplicando la explotación petrolera”, denunció la lideresa sarayaku Nina Gualinga en su cuenta de Twitter. 

Gualinga se refiere particularmente al Decreto Ejecutivo 95, emitido por el presidente ecuatoriano  el 7 de julio, que ordena varias acciones para incrementar la producción actual de petróleo, que no llega a los 500.000 barriles diarios, a fin de alcanzar el millón.

La denuncia en su contra

Una coalición de organizaciones indígenas y ONG presentaron en octubre ante la Corte Constitucional de Ecuador una demanda de inconstitucionalidad contra la medida. Allí sostuvieron que con esa decisión del Ejecutivo se vulnera el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos originarios a la consulta previa y el consentimiento libre e informado, además de otros derechos colectivos y de la naturaleza.

Más del 85% del petróleo se extrae del Amazonas ecuatoriano y las previsiones indican que aparte de las áreas explotadas se plantea la apertura de nuevas zonas que no habían sufrido la actividad petrolera. 

“Necesitamos dejar los combustibles fósiles como el petróleo bajo tierra y una TRANSICIÓN JUSTA a energías renovables y una economía que respeta la vida y la Selva Viviente!”, insistió Gualinga en su cuenta de Twitter al denunciar un #Greenwash.