La Corte Electoral de Uruguay comenzó a verificar las firmas para habilitar la consulta

La Corte Electoral de Uruguay comenzó el proceso de verificación de las firmas y las huellas dactilares de las casi 800.000 personas que respaldaron la realización de una consulta en busca de derogar 135 artículos de la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), esqueleto de la administración de Luis Lacalle Pou.

En conferencia de prensa, el titular de la Corte Electoral, José Arocena, aseguró que el proceso está “muy avanzado” y que hoy comenzó el “segundo paso” del proceso, que es lo que llaman “el cotejo”.

Este procedimiento lo hacen parejas de dactilóscopos con control partidario, esto es, una dupla de personas de partidos distintos que deben analizar la autenticidad de las firmas, la impresión digital, el número de credencial y si el nombre y apellidos del firmante están bien escritos.

La Corte tiene 150 días para llevar adelante el proceso y, si el número de firmas es suficiente, llamar a un referendo.

“En principio llegamos bien si no hay ningún accidente imprevisto”, dijo el funcionario, según sitios de diarios montevideanos.

Por su parte, el exsenador Rafael Michelini, que integra la Comisión Pro-Referéndum, dijo que “el rechazo (de firmas) es muy bajo” y dio por hecho que por eso “habrá referendo”, seguramente antes de fin de año.

Los puntos cuestionados de la ley

Entre los puntos de la LUC más cuestionados por la Comisión están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente facultad para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También extiende el concepto de legítima defensa a un bien material, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.