La Corte de Uruguay avaló el referéndum contra la LUC

La Corte Electoral uruguaya validó la cantidad de firmas necesarias para convocar al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), columna vertebral del gobierno de Luis Lacalle Pou, y puso fecha para el próximo 27 de marzo. La oposición consiguió más de 730 mil firmas para intentar derogar 135 artículos de la ley que, sostienen, recorta derechos y libertades.

“¡Hay referéndum! La Corte Electoral validó las firmas necesarias”, informó la Comisión Nacional pro Referéndum a través de sus redes sociales, el grupo que impulsa la consulta. Organizaciones sociales y partidos de oposición, incluido el Frente Amplio, participaron de la campaña contra la norma que entró en vigencia en junio de 2020.

Para activar este mecanismo es necesario un 25% del padrón electoral, lo que equivale a 671.544 firmas, las cuales se alcanzaron con sobra, informaron desde la Comisión.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, anunció que el referéndum se realizará el 27 de marzo próximo y dio detalles de la votación: las hojas por el Sí serán de color rosado y las del No, celeste. De esta forma, la Corte Electoral cumpliría con el plazo impuesto de 120 días para convocar a la consulta popular, que será de voto obligatorio.

Qué dice la cuestionada ley

Fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020 y constituye una de las normas más importantes de la actual administración, defendida por Lacalle Pou como “buena, justa y popular”.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

  • La flexibilización del uso de la fuerza policial
  • La regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente facultad para disolverlos.
  • Amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.
  • Extiende el concepto de legítima defensa a un bien material
  • Alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona
  • Otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.
  • Elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.