La Corte brasileña obligó a Bolsonaro a respetar los manglares tropicales que quería explotar

El Tribunal Supremo de Brasil anuló el jueves la medida del Gobierno de Jair Bolsonaro que revocaba las normas de protección de los manglares tropicales y otros ecosistemas costeros frágiles. La decisión del ultraderechista de avanzar con la explotación de estos biomas había sido tomada el 28 de septiembre por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama) y desde entonces había sido blanco de críticas de organizaciones ambientalistas, tras los incendios en el Amazonas y el Pantanal que signaron los últimos meses.

En su decisión, la jueza del Supremo Rosa Weber remarcó que la determinación del Gobierno “vulnera principios básicos de la Constitución por no asegurar el derecho fundamental al medio ambiente e incumplir los compromisos internacionales de carácter supralegal asumidos por Brasil”.

En ese sentido, la resolución citó la Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, que Brasil firmó en 1971 y que obliga al Estado brasileño a proteger zonas pantanosas, en especial las que sirven de hábitat para especies migratorias.

Weber fue más allá al cuestionar toda la política medioambiental del gobierno de Bolsonaro, al señalar que el “ímpetu, a veces legítimo, de simplificar el derecho ambiental a través de la desregulación no puede darse pagando el precio del retroceso en la protección del bien jurídico”.

La medida había generado fuertes críticas de ecologistas y llegó a ser suspendida por la Justicia Federal de Río de Janeiro al día siguiente, aunque poco después, una corte de apelación anuló la suspensión y la revocación volvió a ser válida.

Tras ese vaivén judicial, dos partidos de la oposición, Rede Sustentabilidade, el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido de los Trabajadores recurrieron al Tribunal Supremo Federal, cuya decisión es ahora provisional: el pleno de la corte deberá tomar la decisión definitiva, pero no hay fecha aún para ello.

Ricardo Salles, el ideólogo de la medida

El ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil por su falta de compromiso con la defensa de la naturaleza, fue el promotor de esos cambios, que, en la práctica, abrían la puerta a la explotación y especulación inmobiliaria en esos dos ecosistemas.

La política ambiental de la Administración Bolsonaro viene siendo motivo de críticas por parte de ongs y algunos gobiernos europeos, que acusan al presidente y al ministro Salles de fomentar la destrucción de los ecosistemas brasileños con discursos “antiecologistas”.

También los acusan de “desmontar” las instituciones estatales de fiscalización medioambiental para favorecer los intereses del sector agropecuario.

En abril pasado, durante una reunión ministerial, Salles sugirió que el Gobierno flexibilizara algunas normas relacionadas con su área, aprovechando que la prensa estaba centrada en la pandemia del nuevo coronavirus.

Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, los índices de deforestación y los incendios se dispararon en el Amazonas, el mayor bosque tropical del planeta, y el Pantanal, el humedal más grande del mundo que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay.

Esa catástrofe medioambiental, que se repitió este año a pesar de la crisis sanitaria por la covid-19, amenaza la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).