La ComisiónIDH reconoció que en Chile hubo un “uso excesivo de la fuerza” durante el estallido social

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que durante las protestas sociales ocurridas en Chile en octubre de 2019, conocidas también como el estallido social, existió un “uso excesivo de la fuerza” por parte del Estado y sus “órganos encargados del orden”.

“Durante el estallido social se registraron hechos donde hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta pacífica”, señaló la ComisiónIDH en su informe “Situación de Derechos Humanos en Chile”.

En octubre de 2019 los manifestantes salieron a la calle para protestar contra el modelo económico neoliberal y reivindicar derechos como la salud pública, la educación universal y una mejora de las pensiones. Muchos señalaron que la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), era fuente de grandes desigualdades.

La respuesta del Estado a las manifestaciones a través de “los órganos encargados del orden, se caracterizó por patrones de violencia y el uso excesivo de la fuerza, que resultó en la pérdida de cinco vidas humanas por acción directa de agentes del Estado y 26 muertes en el marco del estallido social”, así como de cientos de heridos, en particular con lesiones oculares, añadió el informe del organismo.

Esto es “incompatible” con los estándares interamericanos de derechos humanos y las obligaciones internacionales de Chile, insistió la ComisiónIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La ComisiónIDH recordó que en un Estado democrático las manifestaciones “no constituyen una amenaza al orden público”, sino que fortalecen la participación política, pero también da cuenta de “actos de violencia que excedieron los límites de la protesta pacífica”.

Una nueva constitución, fruto del estallido

De las protestas nació una Convención Constitucional, encargada de redactar una nueva Carta Magna, que la ComisiónIDH calificó de “respuesta democrática ante la crisis social a través del diálogo nacional”. “Es un paso histórico hacia la reconciliación y una oportunidad única”, sostuvo.

La Convención redactará el nuevo texto que deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio que debe convocar el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, cuya investidura está prevista para el 11 de marzo.

El informe se basa en una visita al país realizada del 25 al 31 de enero de 2020 con el propósito de conocer las causas subyacentes y las consecuencias de las protestas. Se publica 37 años después del último documento dedicado a un análisis integral de la situación de derechos humanos de Chile.