La clave es no caer en la cláusula RUFO

Argentina

El martes hay una nueva ronda de negociaciones con el mediador del juez Thomas Griesa sobre el conflicto con los fondos buitre. Mientras lobbistas de los holdouts sostienen que la cláusula RUFO, que vence en diciembre, es un tema menor, especialistas locales afirman que es central. El miércoles se cumple la fecha límite para que los bonistas del canje cobren lo que depositó Argentina.

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Alfredo Zaiat – Página 12 (Argentina)

En el juzgado de Thomas Griesa se está disputando una batalla legal con su conocido impacto financiero por el monto involucrado en el litigio, pero la forma y el momento de efectivizar la sentencia puede abrir la puerta a otros juicios por sumas muchísimo más elevadas. La presión de fondos buitres, con la entusiasta colaboración del juez y el apoyo de analistas y medios locales, apunta a que Argentina pise el palito de la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO) contenida en los contratos del canje de deuda en default de 2005 y 2010. Tras ese objetivo se encuentra la insistencia en estas semanas de utilizar el término “negociación” por parte de los representantes legales y de lobby del financista Paul Singer. Si Argentina estuviera negociando mejores condiciones de pago con fondos buitre, antes del 31 de diciembre de este año, cuando vence el plazo de esa cláusula, estaría preparando el terreno para esos nuevos juicios.

Si bien en el prospecto de emisión de los bonos del canje está escrito que se debe tratar de una oferta “voluntaria” del país a otros acreedores, quedará a criterio de otros jueces –no de Griesa– si efectivamente así fue. Por ese motivo Argentina adelantó que acatará el fallo pagando la sentencia, pero en condiciones “justa, equitativas y legales”. No dice que está negociando; reafirma una y otra vez que acepta el fallo, y cuando la delegación argentina se reúne con el enviado de Griesa, Daniel Pollack, lo hace sin la presencia de los abogados de los buitres. Esto forma parte de la estrategia jurídica oficial para no generar las condiciones de costosos futuros juicios, que, según cálculos conservadores, sumarían 120 mil millones de dólares. Ese es el palito que buscan que el gobierno de CFK pise para caer en la violación de la RUFO.

“Si Griesa estrujó el pari passu, menos evaluará como un factor que impide cumplir con su orden de pago la existencia de una cláusula que fortalece el criterio mundialmente aceptado de igual trato a los acreedores”

La redacción de esa cláusula es lo suficientemente ambigua para generar la confusión necesaria a funcionarios apurados por actores del sistema financiero para permitir gatillarla por jueces locales o de otros países, con la misma extravagancia manifestada por Griesa para interpretar la condición pari passu (igual trato a los acreedores). Es innecesario el trabajo de analizar palabra por palabra la cláusula RUFO, como han estado haciendo economistas y abogados de la city para jugar de apoyo en el terreno buitre, su espíritu es muy transparente: los holdouts –quienes litigaron (denominados buitres) y quienes no lo hicieron– no pueden recibir más por sus bonos en default que los acreedores que aceptaron el canje, porque si así sucediera, éstos últimos tendrán el derecho de reclamar y demandar el mismo tratamiento. Esa condición vence el 31 diciembre de este año.

Si Griesa estrujó el pari passu, menos evaluará como un factor que impide cumplir con su orden de pago la existencia de una cláusula que fortalece el criterio mundialmente aceptado de igual trato a los acreedores. Anna Gelpern, abogada y profesora de Derecho en la Universidad Georgetown, explica en el artículo “Argentina: the RUFO crazy”, publicado en el blog creditslips, que “el pari passu y las cláusulas RUFO necesitan ser vistos como parte de las protecciones exigidas por aquellos que están de acuerdo para reestructurar. El pari passu nunca fue pensado para dar una ventaja a los buitres”. La especialista menciona que Argentina mantiene una posición muy prudente con respecto a la RUFO, incluso ante las críticas que recibe de quienes consideran que es una posición exagerada, confundiéndola con no querer aceptar el fallo de Griesa. Galpern dice que lo hace porque con el antecedente de la interpretación del pari passu de Griesa no “se puede contar con racionalidad en los tribunales” de Nueva York.

Los fondos buitre sostienen que es imposible que la RUFO se aplique, sentencia que es repetida por economistas locales al afirmar que como no es un acuerdo “voluntario”, sino forzado por una sentencia judicial, no correría esa cláusula. Para descubrir el objetivo de esa sugerencia supuestamente desinteresada, Argentina le solicitó a Griesa, y lo reiteró en el encuentro con el enviado del juez Daniel Pollack, que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de ese seguro debería ser despreciable. Como todos los actores involucrados en el caso saben que no es así, esa propuesta exhibe con transparencia que el objetivo Griesa-Singer es hacer pisar el palito al gobierno argentino de violar la RUFO.

Hernán Dearriba – Infonews (Argentina)

Debe haber pocas cosas más atemorizantes que estar en manos de un juez que no comprende el alcance y las consecuencias de sus fallos. Al margen de cualquier subjetividad, eso es lo que se desprende de la versión taquigráfica de la última audiencia que esta semana presidió en su juzgado de Nueva York, Thomas Griesa, el hombre que puede enviar al default a la Argentina en tan sólo 72 horas.

El magistrado sorprendió mostrando un profundo desconocimiento del funcionamiento del sistema financiero global, pero también de los alcances de su fallo que, en una interpretación sin precedentes de la cláusula pari passu, ordenó que la Argentina pague a los beneficiarios de su sentencia un dólar por cada dólar que destine a los bonistas que ingresaron al canje de la deuda y para garantizar esa movida congeló los pagos de la deuda del país.

Los representantes de las entidades financieras atrapadas en el fallo de Griesa intentaron una y otra vez el martes que el magistrado del segundo circuito de Nueva York comprendiera que hay bonistas que tienen títulos públicos con jurisdicción argentina que no han podido cobrar porque los fondos están congelados.

“Estoy en silencio”, fue la respuesta literal de un juez que precisamente parece no tener respuestas para el desquicio que propició con su fallo sin precedentes. 

Esa transcripción de la audiencia motivó incluso un duro comentario de The New York Times, que no da crédito a la desorientación de Griesa, un juez que le pregunta a los representantes de los fondos buitre cuáles son los pasos que debe dar para salir del laberinto en el que se metió. 

De todos modos, acotar la situación límite a la que se llegó en el juicio del siglo a la gestión de Griesa sería un error, porque el juez fue respaldado por la Cámara de Apelaciones e indirectamente su sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. 

“Lo que está en juego por estas horas es la médula misma de la estrategia de recuperación económica de la última década, cuando Argentina pasó de ser un país que se endeudaba serialmente a otro orientado al crecimiento”

Esa convalidación del sistema judicial estadounidense a este disparate merece una lectura política. La de la presidenta Cristina Fernández es que el objetivo es destruir la reestructuración de la deuda para frenar el proceso de recuperación de la Argentina y quedarse una vez más con los recursos naturales, especialmente el yacimiento de Vaca Muerta.

A esta altura, el respaldo a la gestión de Griesa parece limitado a los fondos buitres beneficiados por su fallo, el jefe de gobierno Mauricio Macri y los diputados Elisa Carrió y Julio Cleto Cobos.

Macri pidió cumplir con la sentencia sin más, y tanto Carrió como Cobos propusieron efectuar un pago a cuenta como muestra de buena voluntad. Fiel a su estilo, Carrió fue más allá y propuso que ese depósito corriera por cuenta de la propia presidenta con fondos propios. Ambas posiciones dejan de lado el impacto de la posibilidad de que se dispare la cláusula RUFO, que podría motivar demandas judiciales por más de 150 mil millones de dólares. 

Ese es el límite que impuso Cristina Fernández a la negociación. Más allá del fuerte lobby de las últimas jornadas de analistas que sostienen que la posibilidad de que se dispare esa cláusula son mínimas, las recomendaciones del estudio de abogados que asesora a la Argentina en los Estados Unidos, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, están orientadas a evitar cualquier acuerdo antes del 31 de diciembre porque entraría en efecto esa condición que obliga al país a ofrecer a quienes aceptaron el canje cualquier mejora que obtengan otros bonistas.

A esta altura, no se puede pensar que Roberto Lavagna tenga algún tipo de simpatía política por el kirchnerismo. Sin embargo, fue claro al describir a un eventual default como un tifón y a la posible aplicación de la cláusula RUFO por parte de los bonistas que aceptaron el canje como un tsunami. 

El ex ministro de Economía conoce como pocos la letra chica de esos contratos, ya que se redactaron durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda como un anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas a la reestructuración de la deuda. Lavagna sabe, por ende, las consecuencias que traerían aparejadas para el país 

Son episodios como estos los que muestran la altura de los dirigentes políticos con aspiraciones a conducir los destinos de la República. Tratar con liviandad este tema es como dispararse en el pie.

Si no hay acuerdo antes del martes, la Argentina enfrentará cinco meses complejos hasta enero. 

Lo que está en juego por estas horas es la médula misma de la estrategia de recuperación económica de la última década, cuando Argentina pasó de ser un país que se endeudaba serialmente a otro orientado al crecimiento. No es casual que ese cruce de caminos, todo un dilema de época, reaparezca en el último tramo de esta gestión.

 

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