La CIDH señaló que hubo un «uso excesivo de la fuerza» durante las manifestaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta del Estado ecuatoriano ante las movilizaciones masivas registradas en septiembre y octubre pasado contó, en determinados casos, con “el uso excesivo de la fuerza». Y que dicho proceder apuntó «principalmente en contra de integrantes de comunidades indígenas que se sumaron a las manifestaciones». El gobierno de Lenín Moreno consideró que las conclusiones del organismo eran “sesgadas”. 

La CIDH refirió además tener conocimiento sobre «diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias o el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública, muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como por ejemplo violencia sexual contra policías mujeres».

Las protestas en Ecuador estallaron a fines de septiembre por la decisión del gobierno de retirar los subsidios al combustible como parte del «paquetazo» de ajustes económicos exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.

Las manifestaciones, inicialmente protagonizadas por transportistas y sindicatos, acabaron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que tomó Quito hasta el punto de obligar al gobierno a cambiar su sede a Guayaquil durante unos días.

Al menos diez personas murieron durante la ola de protestas contra Moreno, que finalmente tuvo que recuperar los subsidios al diésel y la gasolina y accedió a negociar el ajuste económico con la CONAIE y otros colectivos.

Después de conocer el informe, el gobierno de Ecuador afirmó que observa «sesgo» en las conclusiones del organismo de derechos humanos. «Hay muy pocas alusiones al secuestro de policías y militares. No todas las personas que perdieron la vida en este contexto de violencia son indígenas», indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien también criticó que la CIDH no reconociera lo que el gobierno del presidente Lenín Moreno “ha llevado a cabo en materia de derechos humanos».