La CIDH repudió el decreto que da vía libre a los militares de Perú

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al presidente Martín Vizcarra por la medida adoptada recientemente para eximir de responsabilidad penal a los policías durante la cuarentena. El organismo señaló su “seria preocupación” por la modificación del código penal y recordó al país que las leyes nacionales deben cumplir con los principios internacionales que regulan el uso de la fuerza.

El mandatario aprobó una ley el sábado que exime de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente en situación de «legítima defensa», mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena nacional obligatoria por la pandemia.

En ese país, el aislamiento domiciliario obligatorio y el toque de queda nocturno comenzó el 16 de marzo y se extenderá hasta el 12 de abril. Más de 26 mil personas fueron detenidas hasta el sábado por infringir la cuarentena.

Tras la publicación de la ley, el Ministerio de Defensa explicó en las redes sociales, con videos de apoyo, que los uniformados actúan bajo «el principio de legítima defensa» si emplean la fuerza para controlar el cumplimiento de la cuarentena. Militares con barbijos detallaron cuáles serían los pasos a seguir en caso de ver a alguien circulando sin permiso.

En varios mensajes en su cuenta en Twitter, la CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió al Estado peruano por la medida. «De conformidad con los estándares interamericanos, las leyes nacionales no deben contemplar excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de derechos humanos, en particular cuando perpetradores son agentes del Estado», indicó.

Esta ley puede generar una controversia en un país donde miembros de las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad y otros graves delitos contra civiles inocentes en sus operaciones contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, entre 1980 y 2000.

«La CIDH recuerda a Perú que el uso de la fuerza debe ser excepcional y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, persiguiendo en todo momento reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse», agregó el organismo.