La CIDH pidió reinstalar un grupo de expertos para investigar el caso de Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al gobierno de México que convoque nuevamente al grupo de expertos que participó en la investigación del caso de los 43 estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, al considerar que los resultados de la investigación obtenidos hasta ahora «fueron infructuosos». Para la CIDH la investigación fue fragmentada y careció de detenciones tanto de los responsables materiales como de responsables políticos. 

Pasados cinco años de la emisión de la medida cautelar, durante los cuales el organismo se reunió con familiares de las víctimas, la CIDH concluyó que si bien constató “el interés” en avanzar con la búsqueda “los resultados fueron infructuosos». Es por eso que decidió enviar el pedido al Ejecutivo para que reinstale al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además, la Comisión notó «que persiste una serie de desafíos en la investigación», entre otros, la falta de detenciones o la liberación de personas presuntamente vinculadas.

La CIDH recordó que desde que tomó conocimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes solicitó al Estado mexicano «tomar medidas para la búsqueda, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas de los ataques».

Posteriormente, en consenso con el Estado y los representantes de los familiares, la CIDH creó el GIEI, que brindó asistencia técnica a las autoridades estatales y presentó las conclusiones de su trabajo en dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado.

Sobre los retos de la investigación, la CIDH destacó que existe una investigación fragmentada, la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y la falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión.

Además, expresó «su preocupación por las decisiones judiciales que condujeron a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes».

La desaparición de los estudiantes

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos. Según la versión oficial, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.

Sin embargo, el GIEI creado por la CIDH, que investigó el caso, echó abajo la versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.

Además, pidieron investigar el tráfico de droga en colectivos de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, el caso se reabrió creándose una comisión especial.